El bicefalismo del Estatuto valenciano

EL ACCIDENTADO y, en algunos puntos, grotesco proceso que dio origen al estatuto de autonomía valenciano puede dar el eventual fruto exótico, tras la elección del socialista Joan Lerma como presidente de la Generalidad, de un Gobierno con dos presidentes. Bicefalismo de naturaleza monstruosa cuya etiología debe buscarse en la serie de pactos y mixturas a que llevó las negociaciones entre los representantes políticos de UCU- y PSOE para superar el atasco en que se encontraba sumido el Estatuto. Con estas componendas políticas el Estatuto de la Comunidad Valenciana recuperó su marcha y entró definitivamente en vigor el pasado 10 de julio. Pero parece en este tiempo como si esos pactos confusos se vengaran de sus precipitados fautores y eclosionaran en un previsible surtido de contradicciones y situaciones pintorescas, de entre las cuales no es desdeñable la eventual emergencia de dos presidentes, uno de UCD (Enrique Monsonís) y otro del PSOE (Joan Lerma), para un mismo Consejo Regional.Por supuesto, la razón que a primera vista explica este binomio presidencial, sustantivamente antagónico, es la diferente interpretación que un grupo y otro de los negociantes hacen del texto negociado. Texto, por otra parte, tan cargado de silencios normativos y procesales que ya de antemano se podían presumir las tenaces batallas que empiezan a librarse. Cada silencio del Estatuto, como. el que afecta al nombramiento del presidente de la Generalidad y presidente -a la vez- del Gobierno regional, es como un solar, por cuya conquista se desencadenan las fuerzas. Términos como encastillamiento, defensas numantinas, afirmación de posiciones, ofensivas y desplazamientos, empleados en estos días para describir el conflicto, pueden efectivamente usarse en perfecta coherencia metafórica con esta especie de enfrentamiento geopolítico que inaugura el desarrollo estatuario valenciano.

La elección de presidente de la Generalidad (conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunidad Valenciana) ha originado esta adusta polémica PSOE-UCD que, en alguna medida, los dos partidos mayoritarios, a poca reflexión que hicieran, habían de tener prevista. Efectivamente, el Estatuto pactado no determina el procedimiento para llevar a cabo la elección de este cargo principal antes de las primeras elecciones regionales. El Estatuto establece explícitamente en su disposición transitoria tercera la constitución de la Asamblea y del Consejo provisionales, pero, curiosamente, no fija el sistema de elección del "jefe de Estado regional", que es a su vez "jefe del Gobierno regional". Varias enmiendas, procedentes concretamente de los senadores catalanes Josep Benet y Pere Portabella, así como de algunos diputados de UCD, tramitadas durante el debate parlamentario del Estatuto, intentaron evitar esta insuficiencia para la fase de transición, es decir la etapa desde la entrada en vigor del Estatuto, en julio de 1982, hasta las elecciones regionales, en los primeros meses de 1983, pero UCEI y PSOE -anteponiendo la integridad de un pacto previo alcanzado en el seno de la Comisión Constitucional- las rechazaron.

De esta manera, y una vez el Estatuto entraba en vigor, eran posibles dos alternativas: una aplicación in extenso que pondría en marcha el conjunto del entramado institucional autonómico, opción que defiende la izquierda, PSPV-PSOE y PCE; o bien proceder a la formación de la Asamblea y a la remodelación del Consejo, pero dejar en suspenso la elección de presidente de la Generalidad hasta las elecciones regionales., tesis que sostiene UCD.

Ciertamente, tras los argumentos legales de una y otra parte se almacenan los particulares intereses políticos de cada grupo. Así es claro que los centristas, ante el oscuro porvenir electoral que le ofrecen todos los pronósticos, pretenden conservar el mayor tiempo posible a Enrique Monsonís como presidente del Consejo. Defienden por ello la tesis de que tal cargo, elegido de entre los miembros del Consejo en la etapa preautonómica, no es removible hasta después de las elecciones regionales.

Se atrincherarían así en la presidencia del Consejo para no dejar paso al nuevo presidente de la Generalidad, y por ende del Consejo, el recién elegido Joan Lerma. Con tal jugada, suerte de enroque en este ajedrez donde luchan dos presidentes, UCD pretende alargar su permanencia en la presidencia del Gobierno regional, no de la Generalidad que es más que el Gobierno. Y no por mucho tiempo, claro está. Pero esto último es argumento temporal que no ha de contar demasiado en el intercambio de intrigas y diatribas, frecuentemente con más intención de perturbar al contrario que de obtener beneficios propios. Por otra parte es igualmente comprensible, dentro de este código de conveniencias fraccionales, que la izquierda formada por el PSPV-PSOE, y PCE, busquen de inmediato aprovechar su mayoría en la Asamblea y hayan elegido al presidente de la Generalidad que, una vez nombrado por el Rey, es a la vez presidente del Consejo. Es de lógica interna, decimos, que la izquierda no haya encontrado argumentos para retrasar una elección cuya victoria le correspondía y para alargar la presidencia del centrista Monsonís cuando los sondeos electorales concluyen en un futuro triunfo,electoral socialista y el descalabro de UCD.

Pero todo esto que puede ser entendido desde un puro y rígido análisis de lucha por el poder, aparece, a estas alturas, ante la mirada ciudadana, con los perfiles menos presentables de la maniobra política. Ante el pueblo valenciano, que todavía no acaba de explicarse cómo sus representantes políticos le han soslayado el acceso a una autonomía por el artículo 151, la escena de esta virtual presidencia bicéfala es, una edición más, tras los accidentados debates sobre la lengua, el nombre o la bandera, de la confusión que buena parte de la clase política valenciana está proporcionando a la merecida y clara aspiración autonómica de Valencia.