Puestos en libertad los sindicalistas detenidos en la huelga del campo sevillano a Madrid

El Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla decretó, minutos antes de las 14,00 horas de ayer, la puesta en libertad, sin fianza ni cargo alguno, de los tres dirigentes de Comisiones Obreras y el Sindicato de Obreros del Campo que habían sido detenidos el pasado jueves por orden del gobernador civil de la provincia, al inicio de la jornada de huelga general convocada por ambas centrales. Continuó ayer, por quinto día consecutivo, el encierro de trabajadores agrícolas en la sede de la Diputación en protesta por la insuficiencia de fondos para empleo comunitario.

Los liberados, Manuel Guerra (CC OO) y Diamantino García, y Gonzalo Sánchez (SOC), calificaron de arbitrariedad su detención y anunciaron que las movilizaciones van a proseguir hasta que la Administración central satisfaga las exigencias de los jornaleros. Guerra informó que el día 11 de agosto se celebrará una manifestación en Sevilla capital y que, si la situación no mejora, se organizará un encierro en Madrid para llamar la atención sobre los problemas del campo sevillano. Tanto él como Diamantino García se reincorporaron por la tarde al encierro de la Diputación, que continuaba ayer sin novedad. Con respecto a otras consecuencias de la huelga, la información facilitada anteanoche por el Gobierno Civil reconocía que habían cerrado los comercios en una docena de poblaciones, subrayando que a todos estos establecimientos se les ha abierto expediente de cierre y que han sido sancionados con multas de 150.000 pesetas. No obstante, en los propios pueblos no se tenía ayer ninguna noticia oficial acerca de estas sanciones. El alcalde de La Lantejuela sí confirmó que fue multado por encabezar la manifestación celebrada en su pueblo. Aun ayer se produjo una nueva detención, la del secretario de CC OO en Olivares, Agustín Rubiaño.

Junto a las muestras de solidaridad de los partidos PCA y PSA, los huelguistas recibieron el apoyo de algunas instituciones, tales como el Pleno de la Diputación Provincial y la comisión permanente del Ayuntamiento de la capital. Esta última aprobó ayer por la mañana una moción propuesta por los nacionalistas y apoyada por los tenientes de alcalde del PSOE y del PCA, expresando el malestar del Ayuntamiento por el incumplimiento de los acuerdos sobre empleo comunitario y urgiendo a la puesta en libertad de los detenidos.

Es de destacar que, junto al detalle de las incidencias registradas, la nota oficial del Gobierno Civil explicaba la postura de su titular, José María Sanz Pastor, en la reciente reunión celebrada en Granada por los gobernadores civiles andaluces y extremeños con el subsecretario de Interior y el director general de INEM, postura coincidente, en parte, con las reivindicaciones que plantean los trabajadores.

En efecto, según esta versión, el gobernador civil de Sevilla manifestó en la reunión que las cantidades para empleo comunitario durante el segundo semestre de 1982 que el director general del INEM había explicado a los reunidos significaban que esta provincia recibiría 116 millones de Pesetas menos que en el mismo período de 1981, a pesar de haberse registrado un aumento del paro de casi el 13%. En consecuencia, si no se envían nuevos fondos, está claro que no se podrán ofrecer los cuatro días de trabajo a la semana previstos en el acuerdo Junta de Andalucía-Gobierno.