El defensor de Castillo Quero pide la aplicación de leyes militares en el juicio por el 'caso Almería'
El defensor del teniente coronel Carlos Castillo Quero, letrado Juan José Pérez Gómez, recordó ayer al tribunal del caso Almería que frente a él está sentado un jefe del Ejército, que debe ser juzgado como tal, ya que, si bien la Ley de Policía de 4 de diciembre de 1978 atribuye a civiles, es decir, a miembros de la carrera judicial, el conocimiento de los delitos cometidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, hay que tener en cuenta que entre dichas Fuerzas de Seguridad, sólo la Guardia Civil tiene fuero militar y forma parte del Ejército.En una sala medio vacía, ya que los familiares y amigos de las víctimas han interrumpido ostensiblemente su asistencia al juicio, el defensor del teniente coronel Castilo Quero continuó ayer su informe final con voz pausada, frecuentes citas eruditas de carácter jurídico y una sistemática de aproximación lenta a los hechos y a las eximentes legales que alega en la conducta de su defendido. Fue precisamente al iniciar su análisis de la eximente de cumplimiento del deber, primera que alega, junto con las de error fortuito y estado de necesidad, cuando el letrado Pérez Gómez planteó al tribunal el carácter militar de la Guardia Civil.
"La Ley de Policía de 4 de diciembre de 1978", dijo el letrado, "atribuye a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los delitos cometidos por la Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones, pero el problema es que vais a aplicar la ley a personas sujetas al fuero miLitar, que tienen sus propias leyes y reglamentos. Esta situación nueva comienza ya a inquietar a los estudiosos del Derecho. En este caso concreto que juzgáis, las eximentes que alego, que están en el Código Penal, debéis verlas sin perder de vista que también forman parte del Código de Justicia Militar. Sí, vosotros sois los juzgadores, civiles, pero juzgadles con leyes militares.
Dentro de este contexto el defensor introduce la eximente del deber cumplido en relación con la conducta de su defendido y, así, tendría una dimensión estrictamente militar la orden, puesta en duda por el acusador particular, de trasladar a los tres jóvenes detenidos a Madrid; la formación de la caravana respondería también a una estrategia militar, y las consecuencias del incumplimiento de esa orden serían también de carácter militar, es decir, un consejo de guerra y penas entre seis años de prisión y veinte de reclusión.
"La utilización de armas fue un medio necesario"
El defensor del teniente coronel Castillo Quero salió al paso en su informe de las dudas del acusador particular sobre la legitimidad de la orden de traslado de los detenidos a Madrid, rechazó la imputación de que la Dirección General de la Guardia Civil hubiera pretendido proteger a los procesados e intentó demostrar al tribunal que la conducción de los detenidos fue perfecta, en vehículos adecuados -"los furgones celulares no tienen seguridad, como muestra la estadística reciente de fugas", dijo-. Ante el riesgo de que escaparan los detenidos, el medio necesario para evitarlo fue la utilización de la fuerza. "¡Cómo el teniente coronel, que conoce la táctica terrorista, no va a ordenar disparar sobre el Ford Fiesta de los detenidos cuando éste se escapa.'", exclamó el letrado Pérez Gómez. "Pero su intención, como la de los otros procesados, concluye en este punto el defensor, no fue la de matar a los detenidos".El tema del supuesto carácter terrorista de Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas ha vuelto a salir, y ampliamente. Se ha añadido que las tres víctimas constituían el comando de apoyo que cubrió la retirada, en la zona manchega entre Alcázar de San Juan y Manzanares, del comando Madrid, formado por tres etarras, al que se atribuye el atentado cometido contra el teniente general Valenzuela el 7 de mayo de 1981. "La transmutación", afirma el letrado Pérez Gómez, "se produce en Manzanares. Las víctimas se convierten en comando de apoyo a ETA. Quizá sólo Luis Cobo era realmente de ETA y los otros dos no lo sabían, pero este es el convencimiento honesto al que hemos llegado".
Sin embargo, según se desprende de la propia exposición del defensor de Castillo Quero, cuya insistencia en este tema provocó la protesta de los familiares de Juan Mañas y su inmediata salida de la sala de audiencia, este convencimiento sólo está basado en suposiciones y en el silencio supuestamente mantenido por ETA respecto a la imputación terrorista contra las víctimas del caso Almería.
