El expediente de Standard supone un ahorro de costes de más de 3.000 millones

CC OO y UGT acusaron ayer a la ITT de estar presionando al Gobierno con el fin de conseguir mayores ayudas para sus filiales en España, Standard, Citesa y Marconi. El expediente de suspensión de contratos presentado recientemente por Standard y que afecta a 1.344 trabajadores durante 24 meses supone, según manifestaron las citadas centrales en el transcurso de una conferencia de Prensa, una exoneración de costes de más de 3.200 millones de pesetas y forma parte de la estrategia de la compañía de conseguir, de una u otra forma, más fondos públicos. Si la Administración no resuelve sobre el mismo antes del 30 de julio, los sindicatos comenzarán una campaña de movilizaciones en todos los centros de Standard.

La resolución de la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos en la que se exoneraba a la empresa de los costes de la Seguridad Social durante el período que dure la regulación de empleo fue calificada por los citados sindicatos como preocupante. El texto deja las puertas abiertas a futuras regulaciones y, al contrario de lo autorizado a otras empresas, garantiza de antemano que Standard quedaría libre de estos costes en próximos expedientes."Suponemos", señalaron los sindicatos, "que esto puede desatar las protestas de otras empresas que no han tenido estas garantías y que, además, han visto rechazadas sus peticiones en este sentido". Al mismo tiempo insistieron en las sospechas de acuerdos secretos entre el Gobierno y la ITT respecto a las compañías que la multinacional tiene en nuestro país.

Según cálculos de las centrales, el expediente de suspensión temporal de contratos propuesto por Standard supone un ahorro para la sociedad de 3.225 millones de pesetas. Los cálculos están hechos sobre la base de unos costes salariales, incluida la Seguridad Social, de 1.200.000 pesetas anuales. Si las suspensiones se iniciasen desde primeros de septiembre del año en curso, se contabilizarían cuatro meses en 1982, doce meses en 1983 y ocho meses en 1984, que equivaldrían a 537 millones, 1.612 millones y 1.075 millones, respectivamente.

Expediente injustificado

Esta, entre otras circunstancias, lleva a los sindicatos a rechazar el nuevo expediente, que consideran injustificado. Para CC OO y UGT, el citado expediente rompe los acuerdos alcanzados el pasado mes de mayo y refrendados por la Dirección General de Empleo. En el texto de los mismos se recogía la realización de una valoración conjunta con posterioridad al cierre del programa especial de bajas voluntarias, no finalizado aún, para ver la necesidad de ampliar las prejubilaciones y los trasvases a la Telefónica. "La empresa no ha esperado a los resultados finales y ha presentado, unilateralmente, un nuevo expediente. Con ello se rompe la posibilidad de nuevos acuerdos que, como éste, pueden incumplirse con tanta facilidad".Por otra parte, CC OO y UGT señalaron que la decisión de Standard no se justifica económicamente y la documentación aportada no justifica el alcance de las medidas. Al mismo tiempo manifestaron que el expediente de suspensión se plantea como una continuación del anteriormente presentado, sin explicar las variaciones habidas desde entonces.

Los representantes sindicales mostraron su confianza en que la Administración denegará el expediente de suspensión presentado por Standard, "ya que es la primera vez que se plantean medidas de este tipo cuando se encuentra en vigor un plan industrial que fue firmado por ambas partes". En cualquier caso, los sindicatos advirtieron que si antes del 30 de julio la Administración no ha resuelto sobre el nuevo expediente, comenzarían una campaña de movilizaciones en todo el territorio nacional.

Para el próximo lunes está convocada una reunión con el director general de Empleo en la que se tratará el expediente. Los sindicatos por su parte tienen convocado un paro de dos horas.