Rafael Escuredo: "Sin una política de pacto social y económico será imposible el progreso de Andalucía"

Pregunta. Usted es el único presidente de Gobierno autónomo que defiende la LOAPA, una ley que, en opinión de los nacionalistas y comunistas andaluces, convierte la autonomía de Andalucía en una pura descentralización administrativa. ¿En qué forma puede afectar la LOAPA al proceso autonómico andaluz?Respuesta. La LOAPA es el intento más serio y riguroso para construir el Estado de las autonomías en el camino hacia un estado federal sin privilegios ni discriminaciones para nadie. Yo estoy convencido de que si se pudieran congelar los ámbitos de poder político y competencial de que disfrutan hoy todas las comunidades autónomas de España, los nacionalistas catalanes y vascos se sentirían satisfechos con la situación de que disfrutan hoy. Porque para ellos la cuestión no es tanto que se reduzcan sus techos estatuarios -que la LOAPA no reduce- como una imposibilidad de aceptar que el resto tengamos los mismos techos. Frente a los criterios de los nacionalistas catalanes y vascos, que consideran a la LOAPA inconstitucional y un recorte a sus estatutos, hay que decir que si ellos niegan que en el terreno de las competencias exclusivas del Estado la legislación de éste es prioritaria a las de las comunidades autónomas, todo lo que hablan de la gobernabilidad del Estado es sencillamente un argumento oportunista. No hay un Estado federal en el mundo en el que la legislación del Estado en materia de sus competencias exclusivas no se imponga sobre la legislación de las comunidades autónomas.

La ley no afectará ni a la autonomía andaluza ni a ninguna otra. Puede decirse incluso que la autonomía andaluza se verá protegida por la LOAPA, que la permitirá situarse al mismo nivel que la catalana y vasca. Esta ley aparece ante dos intentos claros de desviación en lo que a política autonómica se refiere: el de los partidos nacionalistas de Cataluña y Euskadi, que desean ir más allá del proyecto federal, y el de Alianza Popular, que abiertamente mantiene su intención de reformar la Constitución en su título octavo. Llegará un día en que todos entiendan que el único camino para lograr que España sea un Estado federal, que será tarea de muchos años, es la LOAPA.

P. En su opinión, ¿hasta qué punto depende la consolidación de la autonomía política y económica andaluza de que el PSOE gobierne en el Estado español?

R. Si el PSOE llega a gobernar en 1983, va a salir ganando no sólo Andalucía, sino las regiones más subdesarrolladas, que se verán beneficiadas, sin que ello signifique que las nacionalidades históricas vayan a salir perjudicadas. Y la razón está en la experiencia de otros países, por ejemplo el italiano. Allí hay comunidades autónomas, con un nivel importante de autonomía, gobernadas por la izquierda, que siguen en el subdesarrollo porque quien gobierna en Roma es la democracia cristiana. Y si hay algo que tenemos claro es que nadie escapa a la crisis y al subdesarrollo sólo desde la dinámica interna de su comunidad autónoma y sí a partir de su participación en los presupuestos generales del Estado, de la aplicación rigurosa de la LOFCA y de un Fondo de Compensación Interterritorial que prime a los que menos tienen. En ese sentido, las comunidades autónomas más pobres van a salir favorecidas con un Gobierno socialista en España.

P. ¿No temen que la crisis de gobierno a nivel español, y la perspectiva de unas próximas elecciones acaben por congelar, en la práctica, la puesta en marcha efectiva del autogobierno andaluz a corto plazo?

R. Somos conscientes de que eso puede pasar, pero mientras en España haya un Gobierno, no vamos tolerar que no gobierne y frene su actividad hasta que se convoquen unas elecciones. Nosotros nos hemos marcado un plan de gobierno a corto y medio plazo que exige una serie de transferencias a la comunidad autónoma andaluza. Vamos a exigir que prioritariamente se nos traspasen competencias en materia de educación, trabajo y seguridad social de las que carecemos por completo. Además, tengo que decir que no aceptaremos plazos cautelares que no provengan de la negociación en el ámbito de la comisión mixta de transferencias Gobierno central y Gobierno andaluz, que vamos a pedir se reúnan tras el verano.

Exigiremos bloques de competencias con el mismo techo del 151 de la Constitución que tienen vascos y catalanes.

Si alguien pretende rebajar esos techos, si esas transferencias y, en general, el proceso de transferencias a Andalucía se congela, usaremos para impedirlo la fuerza del pueblo andaluz a todos los niveles que sean necesarios, bien entendido que lo haremos en el marco de la Constitución y de las libertades democráticas.

P. Su programa de gobierno ha sido calificado como moderado y centrista por las fuerzas de oposíción andaluza, que lo consideran incapaz de hacer progresar a Andalucía.

R. El PSOE andaluz ha entendido que su hegemonía en Andalucía pasa por la práctica de una politica de pacto, de concertación política, social y económica, de unidad del pueblo andaluz en defensa de los intereses generales de la comunidad andaluza. Y lo creemos así porque son momentos que se caracterizan por la inestabilidad política, por una profunda crisis ecónómica y una falta de vertebración de la sociedad española. En esa situación todo lo que no sea fortalecer la sociedad civil y hacer una política de pacto nos lleva a agravarla. Por eso me resulta grotesco que se hable de política de moderación del PSOE en el Estado y en Andalucía. En una sociedad como la andaluza, hacer política revolucionaria, de cambio y profunda transformación, es sólo posible en la medida en que se ajuste a la realidad política, económica y social que padece Andalucía.

P. Y en esa situación usted propugna un modelo de desarrollo económico que denomina "planificación democrática".

R. Es un modelo de progreso que pretende cubrir los flancos más agudos del subdesarrollo andaluz en la búsqueda de una sociedad más vertebrada e igualitaria. El instrumento para ese progreso es la planificación democrática de la economía andaluza: una política de pacto y concertación de los puntos de confluencia que resulten satisfactorios para los agentes económicos, financieros y sociales, coordinada con todas las administraciones públicas y la política general del Estado. En este sentido ya se han producido las primeras manifestaciones favorables a esa oferta por parte de UGT, CCOO y CEA (Confederación de Empresarios Andaluces), que responde, creo yo, a un espíritu de responsabilidad).

P. En su programa, usted se refiere a un Plan de Desarrollo para Andalucía para los proximos cuatro años, que desea cuente con el respaldo de partidos, sindicatos y el capital. ¿Cuales son las líneas maestras del mismo?

R. Ese plan supone una política a corto plazo de choque contra los elementos más dramáticos del paro, y a medio plazo, en el horizonte de cuatro años, una política dirigida a promover y potenciar los sectores estratégicos de la economía andaluza, generadores de empleo y dinamizadores del resto de la actividad económica. Por ello apostaremos por la industrialización como único camino para salir de ese esquema de división nacional del trabajo que se nos ha asignado. Apostaremos en materia agraria por un incremento de los cultivos de regadío, la potenciación de la industria agroalimentaria, pieza vital del despegue económico de Andalucía, y de una ganadería industrial.

Fundamentalmente, queremos centrar nuestra atención en aquellos sectores que, como el caso de la tecnología, la química fina, la electromedicina, la electrónica, telecomunicaciones y transformadoras de metales, y en definitiva los huecos no golpeados por la crisis económica, exigen poca adscripción de capital, se mueven con facilidad en una situación de crisis y permitirán que Andalucía no pierda pie a la larga. Y ello no se hará a partir de planes desarrollistas como los que se intentaron en los años sesenta, sino de las pequeñas y medianas empresas, que configuran el aparato industrial de Andalucía. Pondremos en marcha una política de infraestructura, que coloque a Andalucía en una situación que permita las inversiones privadas, bien arropada por una política de pacificación social que tranquilice la inversión.

P. ¿Es posible poner a flote la economía andaluza anteponiendo la industrialización a una política de transformación de la agricultura, a una reforma agraria?

R. Hay que aclarar que el elemento estratégico básico no es para el Gobierno andaluz la agricultura como tal, sino la industrialización y los procesos de comercialización de la misma. Ahí está la clave. Tenemos una agricultura de secano poderosa y experiencias, como en el caso de Almería, de cultivos tertipranos con un gran futuro en toda la costa. Tenemos experiencias importantes de regadio que multiplican el empleo y generan más riqueza. Pero si todo eso no va acompañado de un proceso profundo y serio de industrialización y comercialización desde Andalucía de la agricultura, será imposible el progreso económico, porque el valor añadido seguirá saliendo fuera de la región.

Por ahí empieza una verdadera reforma agraria, y no en la forma en que se concebía tradicionalmente, que sería hoy ineficaz y no serviría para resolver el tema del campo andaluz. En nuestro programa de gobierno se habla del objetivo de igualar la renta agrícola y la urbana y se apuntan entre una serie de actuaciones prioritarias, la aplicación estricta de la ley de fincas manifiestamente mejorables, la rigurosa aplicación de la concentración parcelaria en las zonas afectadas por una excesiva parcelación, un plan de reestructuración y reconversión del olivar y un plan de expansión del cultivo del tabaco.

P. ¿Encontrará respaldo en la banca y empresariado de Andalucía la política económica de su Gobierno?

R. El capítulo de la financiación interior es la incógnita de la hacienda autónoma andaluza. Vamos a poner las bases para que dentro de esa gran política de concertación, en la mesa de negociación, se estudie la cuantía de la emisión de deuda pública, el volumen de inversiones en Andalucía de los instrumentos financieros de la región y hasta qué punto la banca andaluza está en disposición, mediante una política de subvención, a orientar sus recursos en dirección a los sectores estratégicos de la economía que queremos impulsar. Yo he mantenido ya varias entrevistas con banqueros andaluces, y en principio me han manifestado su intención de no cerrarse a una participación en los planes económicos de mi Gobierno.

Los empresarios andaluces yo diría que están en buena disposición con respecto a la política económica del Gobierno, que sólo puede beneficiarles y en ningun caso perjudicarles. Otra cosa es si determinadas actitudes de responsables de la CEOE, más en la línea de la actuación política que en la económica, van a encontrar aquí un reflejo directo en los responsables de la CEA o, por el contrario, van a entender que su enemigo no será el Gobierno socialista, sino determinados sectores reaccionarios del sector privado, que no acaban de adaptar su conducta empresarial a una situación democrática.