La Diputación de Vizcaya se persona en el sumario judicial por presunta malversación de fondos

La Diputación vizcaína, por acuerdo de su junta de gobierno, ha decidido personarse en la causa judicial que afecta a tres ex presidentes y otros tres funcionarios de la misma institución, por supuesta malversación de fondos -estimada en más de cuarenta millones de pesetas-, procedentes de la recaudación de las quinielas, controlados desde la Comisión de Apuestas Mutuas en la década de los años sesenta. Por otra parte, la Audiencia Provincial de Vizcaya ha dejado sin efecto el procesamiento de Plácido Careaga, uno de los tres ex presidentes de la Diputación presuntamente inculpados, por estimar que "desaparecen los indicios de criminalidad por el momento".

El auto procesal consideraba a Careaga firmante del decreto de 10 de enero de 1964 en el que se fijaban las "compensaciones económicas" a percibir por los funcionarios integrantes del comité de gerencia del Patronato de Apuestas Mutuas de Vizcaya. A la vista de la documentación aportada al respecto por la Diputación actual, la Sala ha acreditado que la firma del citado decreto fue obra del entonces vicepresidente, Hilario Bilbao, ya fallecido.

La Sección Segunda de la Audiencia vizcaína ha tenido en cuenta, a la hora de levantar el procesamiento, un recurso del ministerio fiscal en base a que estaba demostrado para éste que no había indicios de criminalidad en la actuación del entonces presidente de la Diputación.

Tras la destitución del gerente de la Comisión de Apuestas Mutuas, Francisco Ipiña, y la suspensión del procesamiento de Plácido Careaga, continúan sometidos al mismo procedimiento los también ex presidentes de la Diputación vizcaína Pedro Arístegui y Fernando Ibarra, así como los funcionarios Javier Bilbao y Florencio Carral, antiguos secretario general e interventor de fondos, respectivamente.

Larga tramitación

El acuerdo adoptado por la junta de gobierno para personarse en la causa judicial fue tomado "como medida cautelar encaminada a defender el interés público". Dicha junta, integrada por los representantes del PNV, UCD y PSOE, además del miembro independiente Solagaistua, deberá designar ahora un abogado-procurador que le represente en el procedimiento, designación que corresponde al diputado general.En medios judiciales se tiene la impresión de que este procedimiento que ahora encara la Diputación vizcaína será de larga tramitación, por más que el misino texto del auto de procesamiento centre sus actuaciones en las personas directamente implicadas en la promulgación de los decretos referentes a los ingresos procedentes de las quinielas. "Se es consciente", dice el auto, "del elevado número de personas que a lo largo de tanto tiempo se han estado beneficiando del percibo de unas cantidades sin justificación alguna, pero, toda vez que existía una apariencia de normalidad y legalidad ( ... ), parece evidente que las responsabilidades penales se centren en este momento procesal, en aquellas personas que directamente promulgaron los decretos, así como aquellas otras que, comprobadamente, los instaron a vía de informes o peticiones".