Cinco razones para no votar a Ruiz-Giménez

Primera: "Es el candidato oficial de la oposición, el candidato oficial del partido socialista". Esto no es en modo alguno cierto así expresado -a pesar de algunas simplificaciones en tal sentido de las agencias de Prensa-, pero desde luego UCD ha hecho todo lo posible para que lo fuera o lo pareciera. Invocarlo ahora como argumento en contra me parece de lo más incoherente e irrelevante. También UCD estuvo, en su día, a tiempo..., y lo siguen estando todavía sus diputados, que -liberándose de la abstención- contribuirían a mejorar, de paso, la imagen de su propio partido. Desde el principio hubo socialistas a favor, pero también los hubo mucho más reservones, suspicaces y hasta contradictores. Y lo mismo ocurrió, creo, en otros partidos y también en UCD, aunque tal vez con proporción mayor aquí de los reticentes y negativos. Lo que pasa -¡con perdón!- es que una vez más el PSOE ha demostrado mayor sensibilidad y conocimiento de la pública opinión; pues, sobre la base de sus claras y no neutralistas opciones democráticas, la verdad es que RuizGiménez sonaba bien a nivel popular para tal puesto.Segunda: "Suficientes problemas tenemos; no es conveniente aumentarlos con los que vendría a crear el Defensor del Pueblo". Poca credibilidad democrática y poca fe en las instituciones y en la Constitución demuestra quien así habla o quien, sin decirlo expresamente, así piensa y actúa. Me parece, por el contrario, que la puesta en funcionamiento de este alto comisionado de las Cortes no creará más problemas de los que ya están creados (aunque a veces ocultos) y que podrá, en cambio, ayudar a resolver muchos de ellos. Tal institución del artículo 54 del texto constitucional supondrá, sin duda, un importante fortalecimiento de nuestra joven democracia y un acercamiento de ella a la realidad diaria y a los problemas concretos de los ciudadanos españoles, especialmente de los más humildes. Va ya para cuatro años que la Constitución fue promulgada: tener miedo al Defensor del Pueblo, querer retrasar hasta no se sabe cuándo su creación significa violar el mejor espíritu de aquélla, dando entrada a una actitud de prudencia involutiva que acobarda, desmoviliza y ningún bien hace.

Tercera: "Pero esperemos, al menos, hasta la ya próxima legislatura, hasta después de las elecciones". ¿Para qué? La alta cualificación mayoritaria que lógica y legalmente se exige para tal nombramiento hace completamente inútil tal dilación.... al menos que lo único que se pretenda sea evitar que se supervise ahora este final de la Adminsitración ucedea. Por otro lado, tal demanda de aplazamiento parece indicar que UCD, con espíritu derrotista, está ya aceptando que a partir de otoño, tras las próximas elecciones, será otra la Administración (dirigida por socialistas) que habrá que supervisar. Si UCD no pensase que habrá un cambio, ¿por qué no dejar ya elegido ahora el Defensor del Pueblo? Y se conoce mal, muy mal a Ruiz-Giménez si se piensa que va a ser más blando y menos exigente con los a él cercanos y más duro y menos comprensivo con los otros: la verdad es más bien la contraria, con sus lados buenos y sus lados malos. Retrasar a través de la abstención el nombramiento es, pues, todo un síntoma de que UCD espera perder las próximas elecciones, y, en efecto (recuérdese su famosa abstención en Andalucía), abstenerse ahora en este importante asunto puede, a su vez y por ello mismo, contribuir a hacérselas perder.

Cuarta: "Sin rodeos, el problema central es que la persona propuesta tiene fama de autonomista, y más en concreto de proclividad hacia vascos y catalanes, incluso parece que goza de cierta estima entre los abertzales de izquierda". ¿Cómo puede alegarse tal cosa aquí y ahora como demérito? Ojalá sea cierto que Ruiz-Giménez es oído con atención o tiene alguna consideración en tan conflictivos y dificiles medios: no hay muchos ombudsmanables que puedan alegar de verdad esa cualidad. Si así fuera en aquél, considero precisamente que sería una razón de más, y muy importante, tal vez decisiva, para fortalecer a tan privilegiado interlocutor con el prestigio y el poder de esa alta institución estatal. Porque a estas alturas lo que está fuera de toda duda, lo que nadie tiene derecho ni posibilidad alguna de alegar ni de poner en cuestión es el probado amor a España y la total honestidad personal de Joaquín Ruiz Giménez. Y prefiero pensar que nadie se atreverá a presuponer en él lenidad de ningún tipo, por un lado, hacia el asesinato o la extorsión, ni que nadie, por otro, querrá permitir que se practiquen y silencien comportamientos, como torturas o malos tratos, que de realizarse, consentirse y ocultarse convierten al Estado por ello mismo (y no, como aduce cierto retórico ácrata-gauchismo, por el inero hecho de ejercer legalmente el poder, aunque sea democrático) en verdadero Estado terrorista y a esas sus acciones, condenadas, por ejemplo, en el artículo 15 de nuestra Constitución, en verdadero terrorismo,de Estado. Opino, de todos modos, que esta objeción a Ruiz-Girnénez, formulada por lo general sotto voce y en círculos adecuados, está fundamentalmente destinada al consumo intoxicador de los hispánicos poderes fácticos.

Quinta. "Bajando el diapasón, pues tampoco el Defensor del Pueblo va a tener tanto poder, el problema más real es que, según esa institución y según es Ruiz Giménez, todo el mundo va a tener acceso a él y, a ninguno va a negarse a escuchar: ¿cuáles serán los resultados?". Lo más atendible de esta objeción u observación, que encierra un altísimo elogio, debiera conducir al compromiso parlamentario de dotar a tal institución de medios personales y materiales y de una organización tal que le permita funcionar con la más adecuada eficacia. Pocas cosas serían más negativas en este campo que las exultantes e injustificadas expectativas seguidas del habitual, fácil y frustrante desencanto: y no se olvide que, junto a las dificultades y problemas reales, los desencantadores de diferentes colores y pelajes -a no confundir con los verdaderos críticos- estarán continuamente al acecho. Entre otras muchas cosas hará falta seleccionar los asuntos, dando prioridad a los más relevantes, archivando al obseso paranoico y al patológico y sempiterno querellante carente de razones, haciendo las cosas en definitiva como deben hacerse. Junto a las propuestas de resolución de los casos justos y posibles y la corrección de las corrupciones y corruptelas de la Administración -funciones más propias del Defensor del Pueblo- pienso que la publicación anual de las reclamaciones habidas constituirá, de todos modos, el mejor y más ilustrativo exponente sociológico de las necesidades reales y de las inventadas (que a veces también son reales), que acucian a los españoles todos de hoy.