El acusador privado pide destierro para los responsables de la película Rocío

"Este es un juicio en defensa del honor de una persona y no en contra de la libertad de expresión", manifestó ayer el fiscal, Alfredo Flores, al elevar a definitivas sus conclusiones en el proceso contra el director y la guionista de la película Rocío y contra el anciano Pedro Gómez por un presunto delito continuado de calumnias. El acusador privado, Bernardo Botello, modificó las suyas, solicitando para los acusados penas de destierro.En un informe brillante y muy documentado, el fiscal Flores señaló que tanto la Constitución como otros textos legales consagran el derecho a la libertad de expresión y a la creación artística, pero, al mismo timpo, ponen como límites del mismo el derecho al honor de terceras personas. "Una sociedad democrática", indicó, "no concede ningún privilegio al artista para sacrificar el honor de los ciudadanos a su propia tarea de creación". En apoyo de sus tesis citó sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de los derechos humanos.

El fiscal consideró que los hechos juzgados son constitutivos de un delito continuado de calumnias contra José María Reales y solicitó un año de prisión y 20.000 pesetas de multa para Fernando Ruiz, director, y Ana Vila, guionista de Rocío, y cuatro años para Pedro Gómez. La petición fiscal incluye una indemnización solidaria de seis millones para los herederos y la prohibición definitiva de la película, salvo que se elimine de ella la segunda referencia a éste. Por su parte, el acusador privado definió a José María Reales como "un gran señor de Almonte" y "un caballero español" y dijo que se pretendía calumniarle en su calidad de rociero y que la intención de los autores de la película era destruir la imagen de la romería del Rocío y conseguir el éxito comercial.