Avance en las negociaciones sobre la ley del cupo

El proyecto de ley del cupo -cantidad que Euskadi debe pagar al Estado por las cargas generales que no asume la comunidad autónoma- podría quedar ultimado el próximo mes de julio, según declaró ayer a EL PAIS el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Luis Uriarte. Desde que se restauraron los conciertos económicos, la administración central y la de Euskadi acordaron fijar un cupo provisional que el pasado año le supuso al Gobierno vasco un pago a la Administración central de 38.596 millones de pesetas.

Aunque en el interregno de cuatro meses se ha producido un ritmo acusadamente lento en los grupos de trabajo que debatían las condiciones técnicas de la futura ley del cupo, en la reunión que tuvo lugar anteayer en Madrid entre los representantes de las dos haciendas se pudo apreciar un interés mutuo en las negociaciones.Hasta que se fije definitivamente la ley del cupo para el quinquenio 82-86, el sistema transitorio de pago, acordado para 1981, se realizará también para el presente año. La metodología para concretar la cantidad que la comunidad autónoma debe pagar al Estado se basa en identificar las competencias no asumidas por Euskadi y multiplicarlas por el porcentaje de renta que supone la comunidad autónoma, el 6,24%. Al cupo bruto resultante se le restan las compensaciones que tiene que percibir el País Vasco para los ingresos que no son tributos incluidos en el concierto.

Si bien se produjeron coincidencias en los criterios del primer cupo provisional no se ocultaron las discrepancias entre las dos haciendas a la hora de concretar la cantidad a pagar en 1982.

La existencia de los pactos autonómicos -que señalan que la valoración de las competencias autonómicas se debería hacer con los criterios de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)- preocupan en gran manera a los representantes de la Hacienda vasca. De cumplirse las previsiones de la LOFCA las partidas presupuestarias destinadas a asegurar el nivel mínimo de servicios para todo el Estado tendrían carácter de carga no asumida por el País Vasco.

Si se aplicaran estos puntos, junto con los criterios que establece el Fondo de Compensación Interterritorial, el resultado sería desde luego -en opinión de los representantes del Ejecutivo vasco- un cupo a pagar por la comunidad autónoma muy superior al que el propio Gobierno autónomo tiene previsto.