El tribunal militar comenzó ayer sus reuniones para dictar sentencia por la causa del 23-F

El Consejo Supremo de Justicia Militar comenzó ayer en su sede de la calle Fortuny, de Madrid, las deliberaciones para emitir su fallo sobre la causa del 23-F, que el lunes quedó vista para sentencia. El Consejo se reunirá diariamente, dentro de su horario normal de trabajo, a lo largo del plazo de ocho días hábiles de que dispone para dictar sentencia, aunque según fuentes competentes citadas por la agencia Europa Press, no se descarta tampoco la posibilidad de que prolongue la duración de sus reuniones si lo considera necesario.De acuerdo con la normativa vigente, en la que los sábados se consideran días hábiles, el plazo para decidir la sentencia sobre la intentona golpista concluye el próximo miércoles, 2 de junio. Una vez que el Consejo Supremo de Justicia Militar haya emitido su fallo, lo comunicará privadamente al fiscal, a los abogados defensores y a los procesados, para lo que dispone de veinticuatro horas.

Desmantelamiento de la sala

Por otra parte, personal del Ministerio de Defensa, del Consejo, Supremo de Justicia Militar y del Servicio Geográfico del Ejército comenzó durante la mañana de ayer los trabajos de desmantelamiento de las dependencias de Campamento donde se vió la causa del juicio. Estas operaciones estarán concluidas posiblemente esta misma semana, según fuentes militares.

En concreto, ayer fueron retirados gran parte de los útiles que el Centro para las Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa (CRISDE) desplazó para organizar el servicio de Prensa. También fueron desconectados algunos teléfonos directos y télex.

Asimismo, comenzó la retirada de sillas que fueron utilizadas por los periodistas, representaciones militares y familiares de los procesados. Las mesas que ocuparon el Tribunal, los fiscales, los abogados y los observadores jurídicos, al igual que los cortinajes, permanecían ayer por la tarde en la sala donde se celebró la vista de la causa.

Permanece el dispositivo de seguridad

Los bares de campaña, instalados en las inmediaciones de la sala por los servicios militares de Intendencia, también fueron desmantelados, mientras que el dispositivo de seguridad montado por el grupo de operaciones especiales del Ejército y la Policía Nacional, tanto dentro como fuera del recinto, permanecerá funcionando mientras los acusados continúen en las dependencias del Servicio Geográfico del Ejército.

Las mismas fuentes señalaron la posibilidad de que los procesados permanezcan en la residencia que fue habilitada para ellos en el Servicio Geográfico del Ejército hasta que el Consejo Supremo de Justicia Militar dicte sentencia. Sólo 31 de los 33 procesados se encuentran actualmente en este lugar, ya que el capitán de la Guardia Civil Francisco Ignacio goza de libertad provisional y Juan García Carrés, único civil encausado, se encuentra en la clínica Covesa, de Madrid, donde sigue tratamiento médico para la enfermedad que padece.