Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas compartirán la capitalidad del archipiélago

El comité regional de UCD, reunido ayer en Tenerife, ha querido poner fin a la fuerte polémica creada en torno al Estatuto de autonomía de Canarias, que deberá ser votado el próximo martes en el pleno del Congreso de los Diputados. Dicho partido se ha reafirmado en su decisión de que el Estatuto no sea retirado del Congreso. Según el acuerdo al que se ha llegado, el Estatuto determinará expresamente que el archipiélago no tendrá una capital única, sino compartida entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

El Gobierno autónomo tendrá sede alternante entre una y otra capital de provincia cada cuatro años y el Parlamento, que había sido ubicado en La Laguna (Tenerife), ciudad universitaria, radicará en Santa Cruz de Tenerife, que se había sentido marginada en el reparto de órganos. Por su parte, el delegado del Gobierno residirá en Las Palmas.En relación con otro de los aspectos más conflictivos del Estatuto, UCD ha asegurado que en el texto autonómico se contemplarán con claridad la competencias de los cabildos insulares, órganos de Gobierno de cada isla creados en 1912, los cuales asumirán el papel de representante insular del Gobierno y gozarán de la titularidad de los recursos fiscales punto que había creado suspicacias. De este modo se subraya el papel de los cabildos, y desaparece el temor de que sus funciones pudieran quedar minimizadas en una situación autonómica. Los senadores centristas, según se ha anunciado, enmendarán la formación del Parlamento canario, para asegurar una mayor participación de la isla del hierro, cuyas corporaciones locales habían rechazado el número de dos representantes que le había sido asignado, por considerarlo insuficiente.

A su vez la comisión ejecutiva regional del PSOE se reunió en la isla de Lanzarote, para tratar el mismo tema. Los socialistas, según anunció Juan Alberto Martín, vicesecretario regional, valoran como positivo el Estatuto, aunque presentarán siete enmiendas al mismo en el Congreso, relativas a la constitución del Parlamento y a otros aspectos, como la garantía de que no se utilizarán bases españolas en Canarias por parte de países extrannjeros y la necesidad de que las islas sean tenidas en cuenta en la negociación de tratados internacionales que les afecten.