Casi el 40%, de los depósitos de cajas y bancos se destina a circuitos de financiación privilegiada

"Casi el 40% de los depósitos de la banca y las cajas de ahorro, que a 31 de diciembre pasado ascendían a 13,5 billones de pesetas, se ha destinado a financiación privilegiada", según ha puesto de manifiesto José Vilarasau, director general de la Caja de Pensiones y Ahorros de Cataluña y Baleares (La Caixa), en una reciente intervención en las jornadas sobre mercado monetario de Intermoney. El elevado peso de los circuitos privilegiados pone de nuevo en entredicho si las últimas medidas del Gobierno, sobre política financiera han sido en realidad una liberalización del sistema, como pretende la Administración, y cuestiona los resultados de su aplicación.

Vilarasau, tras exponer que los inversores subvencionados y privilegiados han absorbido el 30%. de los depósitos de la banca y el 53%. de los de las cajas de ahorro, opinó que a todas luces la proporción de financiación subvencionada es muy grande y, por tanto, el sacrificio que se impone a los ahorrdores o inversores comunes, o a ambos, es también muy grande".Según el dirigente de La Caixa, la diferencia o margen entre lo que los bancos y las cajas pagan a sus depositantes y lo que cobran por sus créditos de carácter general es mayor de lo que sería si no hubiesen inversores privilegiados. "Y dado que la proporción de financiación especial alcanza un 40% del total", añade Vilarasau, "se puede deducir que esta diferencia o margen es bastante mayor de la realmente necesaria a la banca y las cajas para desarrollar su función de intermediario financiero".

Subvención de 400.000 millones

Vilarasau ha realizado cálculos "para tratar de saber en cuánto se puede cifrar el impuesto y la subvención ocultas, o, lo que es lo mismo, el margen excesivo entre el interés cobrado y el interés pagado por la banca y las cajas". Sobre un interés de mercado del 17%, y sobre los balances de la banca y las cajas a 31 de diciembre, la subvención a los sectores privilegiados se sitúa en 400.000 millones de pesetas anuales, o en 275.000 millones, si no se tiene en cuenta como financiación privilegiada el coeficiente de caja.Estas cantidades suponen una transferencia real de dinero de los ahorradores o inversores comunes a los sectores privilegiados, que equivalen a un gravamen más cuantioso que el impuesto sobre sociedades (224.000 millones de pesetas). Significan el 14% del presupuesto del Estado. "Un impuesto y una subvención que no necesita ser aprobado por las Cortes ni se contabiliza como tal", concluye Vilarasau.

Estas subvenciones, por otra parte, se traducen en un 3% del margen de transformación si se considera como activo privilegiado el coeficiente de caja, y del 2% si no se tiene en cuenta este coeficiente. "Este es el menor coste que pagarían los inversores o la mayor remuneración que percibirían, los ahorradores si no existieran los sectores privilegiados. Ahora bien, si se tiene en cuenta que prácticamente la mitad de los depósitos son a la vista, la repercusión en el resto podría suponer un aumento de entre el 4% y el 6% sobre lo que perciben hoy".

Vilarasau señala que "los costes adicionales que se derivan de los coeficientes y de tratamientos fiscales no transparentes añaden un sobreprecio artificial a la labor de intermediación de la banca y de las cajas que deben competir ahora, y en mayor medida en el futuro, con otros intermediarios y mercados cada vez más transparentes. El directivo de La Caixa cree que bancos y cajas soportan de forma discriminatoria, en su competencia con otros intermediarios financieros, "un impuesto encubierto que representa entre un 2% y un 3% de coste anual sobre los fondos captados o prestados".

Las advertencias de Termes

Rafael Termes, el presidente de la Asociación Española de Banca Privada (AEB), recuerda con cierta frecuencia al referirse a las medidas de reforma del sistema financiero de enero de 1981: "Siempre sostuve que la evolución del coste del dinero es, en gran medida, independiente de las normas legales sobre los tipos de interés activos y pasivos. Y, por tanto, que la orden ministerial de 17 de enero de 1981 podría no ser culpable de la elevación del coste de los recursos captados por la banca, que al empezar 1981 ya era previsible que se produciría. Pero también sostuve que sí sería culpable, en cambio, de la excesiva repercusión de la elevación del coste del pasivo en el coste del crédito bancario para los sectores no privilegiados, por no haberse tomado medidas compensatorias suficientes en relación con el volumen y la rentabilidad de los activos cautivos".José Diego Teigeiro, asesor de la AEB, va aún más lejos y afirma que no se puede hablar de liberalización del sistema financiero, en el sentido estricto de la palabra, porque no se ha tocado los activos y pasivos cautivos de las instituciones financieras".

Precisiones de Torrero

Antonio Torrero, catedrático y estudioso del sistema financiero, presentó recientemente un libro (Tendencias del sistema financiero español, H. Blume Ediciones) en el que, entre otras cosas, afirma: "En la batalla liberalizadora hay algo más que una lucha de intereses entre los grupos de presión beneficiarios de los circuitos privilegiados y la idea liberal que pretende racionalizar el proceso de asignación, dejando que el mercado asigne un recurso escaso".Torrero, tras resaltar cómo se están poniendo de manifiesto las contradicciones entre los intereses de la banca y los de las empresas que soportan enormes gastos de financiación, y analizar. los efectos de la liberalización financiera, precisa la importancia de los circuitos privilegiados.

"El tema de los circuitos privilegiados es importante", afirma Torrero, "pero interesa centrar su auténtico papel que, en mi opinión, no es el de protagonista". La financiación privilegiada está yendo a sectores en crisis (construcción naval o siderurgia) "cuyos problemas no provienen del crédito privilegiado, sino de una concepción que el tiempo y las circunstancias han mostrado como equivocadas". Torrero, tras preguntarse qué hubiera pasado si ese dinero subvencionado hubiera ido a sectores de futuro y no a sectores en crisis, afirma que "el problema no está en los circuitos privilegiados, sino en los sectores que se elijan como beneficiarios".

Antonio Torrero cree que "el aparato productivo español no está en condiciones de soportar ni el sobredimensionamiento del sistema bancario, ni una acentuación de la ya feroz competencia por los recursos financieros, por lo que pienso que al final la realidad pasará factura". Piensa que habrá una racionalización en la. demanda de recursos que previsiblemente obligará a la banca a reexaminar sus posiciones, a reducir sus márgenes de intermediación y a mitigar su lucha por el pasivo, adaptándose a las circunstancias que imponga una demanda solvente. Este proceso de ajuste probablemente implicará crisis bancarias, reducciones de personal y una actitud más profesional por parte de los banqueros". "En vez de subordinar los sectores reales al financiero", concluye Torrero, "habría que hacer lo contrario".