El Gobierno deberá decidir el futuro de las filiales en España de las empresas francesas nacionalizadas

El Gobierno español deberá adoptar en los próximos meses una decisión definitiva sobre el futuro de las inversiones en España de grupos industriales franceses nacionalizados por el Gobierno socialista de Mitterrand, ya que la ley de inversiones extranjeras en España y el reglamento que la desarrolla, ambos de octubre de 1974, disponen la caducidad de la autorización para estas inversiones, en los casos de nacionalización, según han manifestado a Europa Press fuentes cercanas a la vicepresidencia económica del Gobierno.

Concretamente, las disposiciones adicionales segunda y tercera de las normas legales citadas señalan: "Las autorizaciones para invertir en España, a favor de personas jurídicas privadas extranjeras, caducarán en caso de que la persona jurídica autorizada sea objeto de nacionalización en su país", salvo que el Gobierno les otorgue una autorización especial que sólo podrá conceder "cuando exista régimen de reciprocidad diplomática o no suponga la participación extranjera un control efectivo de la empresa o sociedad española".Ayer se cumplieron exactamente tres meses de la promulgación de la ley francesa de nacionalizaciones, y el Gobierno español aún no ha decidido el procedimiento a seguir para convalidar las autorizaciones de inversión caducadas. Durante estos días, técnicos del Ministerio de Economía y Comercio están estudiando con la máxima celeridad la estructura del capital del Estado francés invertido en España.

A tal efecto, el Ministerio de Economía y Comercio publicó, el pasado 22 de febrero, una orden, en la que daba un plazo de tres meses -que se agota el 19 de junio- para que las filiales en España de grupos industriales franceses nacionalizados remita a la Dirección General de Transacciones Exteriores la respuesta a unos cuestionarios sobre la situación patrimonial y financiera de esas empresas. Hasta el momento, han sido pocas las que han facilitado los datos requeridos, según han manifestado a Europa Press técnicos de Economía y Comercio que trabajan en este asunto.

250.000 millones de activo

De los datos que posee la vicepresidencia económica del Gobierno se deduce la importancia del volumen de la operación: si se incluye Renault, los bancos y compañías de seguros franceses autorizados para operar en España, y las filiales españolas de la Compagnie Générale d'Electricité, junto con las empresas francesas que han sido nacionalizadas, se puede estimar que una facturación en España de las compañías estatales francesas en 1981 no es inferior a los 500.000 millones de pesetas, lo que confiere un excepcional poder a un solo inversor, la República Francesa.Los principales grupos industriales franceses nacionalizados -Saint Gobain, Thomson Brandt, Rhóne Poulenc, Pechiney y la Compagnie Générale d'Electricité- poseen actualmente en España una red de 88 empresas censadas (puede ser un centenar), de ellas ocho muy grandes, con unas ventas que, en 1981, podían estimarse de 150.000 a 160.00 millones de pesetas, un activo en conjunto de unos 250.000 millones y un capital social de unos 28.000 millones, que, sumado a las reservas, puede elevarse a unos 90.000 millones de pesetas, según fuentes del Ministerio de Economía y Comercio.

En estimaciones de técnicos comerciales al servicio de la Administración española el servicio comercial de la Embajada francesa en Madrid se ha negado a facilitar datos sobre la situación-, las citadas empresas dan empleo en España a unas 40.000 personas.

Filiales francesas en España

Las principales filiales en España de las compañías francesas nacionalizadas son:1. Saint Gobaln. Dedicada al vidrio, en su doble vertiente -industrial y de acristalamientos domésticos- controla el 95% del sector en España, lo que supone que opera prácticamente en régimen de monopolio.

La filial española posee un capital social de unos 10.000 millones de pesetas y sus ventas representan alrededor de 50.000 millones. Da empleo a 15.000 personas.

Saint Gobaln controla mayor¡tarlamente Cristalería Española, La Veneciana, Vidrieras Espafíolas-Vicasa y Papelera del Nervión.

2. Pechiney Ugine Kulman. Trabaja el sector del aluminio y procesos halógenos. En Espaiía controla del 65% al 70% del sector del aluminio (sector básico, de interés incluso estratégico) a través de sus participaciones en Aluminio Español y Aluminio de Galicia. Es mayoritaria también en Grafitos Eléctricos del Noroeste y en Unión Química de Halógenos.

El capital social de las filiales españolas se eleva a unos 15.000 millones de pesetas; sus ventas a 40.000 millones, y aporta al empleo unos 8.000 puestos de trabajo.

3. Thomson Brandt. Se dedica a la electrónica, aunque las filiales españolas operan fundamentalmente en procesos de montaje, y no en producción de elementos electrónicos, que son importados desde Francia.

Thomson Bradt controla Metal Mayda, Componentes Electrónicos y Thomson Brandt Española, con un capital social de unos 3.000 millones de pesetas, y alrededor de 3.000 puestos de trabajo.

4. Rhône Poulenc. Dentro del sector químico, entre las filiales españolas, posee fuertes participaclones en la Sociedad Española de Fibras Articuladas (SAFA), que fabrica papel celofán; la empresa Río Ridano, Rhóne Poulene Farmacia, Rhóne Poulene Química España, Insecticidas Cóndor y otras menores.

El capital social de estas industrias supera los 5.000 millones de pesetas; su volumen de negocio, los 35.000 millones, y el empleo creado en España es de 4.000 puestos de trabajo.

5. Compagnie Générale d'Electricité. Se carece de datos actualizados fiables. Su principal participación -también mayor¡taria- se sitúa en la Central Nuclear de Vandellós.

Decisión política difícil

Según han manifestado a Europa Press medios técnicos de la Administración económica, la decisión que adopte el Gobierno es problemática, tanto si opta por declarar caducadas las autorizaciones de inversión de esas empresas (cerca de 40.000 puestos de trabajo y una fuente de riqueza nada despreciable), como si las convalida automáticamente (con medio billón de pesetas, el poderío económico del Estado francés en España parece excesivo, y sería subordinar sectores enteros de la producción industrial a la estrategia del Gobierno galo sobre inversión y productividad). Más problemática aún es la posibilidad de renovar las autorizaciones con condiciones nuevas de control.Por el contrario, en medios políticos del Ministerio de Economía y Comercio se ha manifestado a Europa Press (que el problema se reduce a una cuestión de técnica jurídica, derivada de las dificultades que plantea la ley sobre inversiones extranjeras, pensada más para evitar la penetración económica de países del área soviética que para facilitar la inversión extranjera, aunque sea pública, como hace toda la legislación europea.

La ley sobre inversiones extranjeras", dijeron a Europa Press estos medios, "es arcaica y obsoleta, y hay que tener en cuenta que Mitterrand no es Breznev".

Sin embargo, los técnicos comerciales del Estado aducen razones económicas para sopesar cuidadosamente la actuación en el interior de estas empresas: se trata de la futura estrategia en cuanto a la producción e inversión en España de los grupos nacionalizados.

Teniendo en cuenta que la economía francesa presenta una competitividad mayor que la española, la futura estrategia de las filiales en España podría consistir en una progresiva sustitución de producción interior por pro ducción francesa irnportada y en un estancamiento de las futuras inversiones con la consiguiente repercusión sobre los 40.000 puestos de trabajo creados en España. En Francia -subrayan los técnicos españoles- se observa una creciente penetración de productos extranjeros. A tres meses de la ley frincesa de nacionalizaciones, el Gobierno español no ha tomado postura en el problema, aunque medios del Ministerio de Economía y Comercio han manifestado que se descarta tanto considerar cadu cadas las autorizaciones de inversión como renovarlas con nuevas condiciones de control.