El Gobierno de Fernández Albor en Galicia, condicionado por su debilidad parlamentaria

La construcción de una imagen regionalista a la medida ideológica de Alianza Popular, y la organización de un aparato administrativo notablemente más racional que el improvisado por UCD durante el período autonómico, así como la negociación de las transferencias constituyen casi el único activo del balance que el primer Gobierno gallego puede ofrecer cuando se cumplen cien días de ejercicio de un poder muy condicionado por la falta de apoyos estables en el Parlamento autonómo.

La casi totalidad de los partidos políticos han lanzado, con motivo de esta fecha, duras críticas a Alianza Popular al enjuiciar la labor realizada en un período de tiempo que todos coinciden en considerar insuficientes para hacer juicios en profundidad. No obstante, son reiteradas las acusaciones a la Junta gallega de una actuación excesivamente partidista en detrimento de la propia institución, así como la falta de programa político y de vocación autonómica.La indisimulada utilización del carisma personal del presidente de la Junta, Gerardo Fernández Albor -un atípico presidente de Alianza Popular que no vacila en definirse nacionalista y federalista- derivó finalmente en una auténtica política de audiencias y viajes oficiales que en cierto modo ha acostumbrado a los gallegos a recurrir a una institución hasta ahora mayoritariamente ignorada para pedir solución a sus problemas.

Conscientes, aparentemente, de los riesgos políticos que supondría el mantenimiento de esta situación durante un período prolongado, los responsables de la Junta -en la que el vicepresidente José Manuel Romay se configura como hombre fuerte desde el punto de vista ejecutivo- han puesto un cuidado especial en obtener el control absoluto de la representación gallega en la comisión mixta encargada del traspaso de competencias de la Administración central a la comunidad autónoma.

La operación, que costó a Alianza Popular una seria advertencia de centristas y socialistas en el Parlamento, ha permitido, sin embargo, a la Junta forzar la fijación de un calendario de transferencias que propiciará en el plazo máximo de un año la asunción de los más importantes poderes concedidos por el Estatuto a las instituciones autonómicas gallegas. La doble imagen de galleguidad y eficacia administrativa que, de acuerdo con las ideas que informaron su campaña electoral, AP pretende ofrecer como característica del Gobierno autónomo, podría salir indudablemente reforzada de unas negociaciones en las que la Junta espera obtener el máximo volumen de competencias dentro de los plazos ya fijados.

En el intento de consolidar esta imagen hay que situar también el propósito expreso de recurrir al máximo grado de endeudamiento posible para establecer en el primer año de gobierno un presupuesto operativo que podría alcanzar los 75.000 millones de pesetas.

Paralelamente, el Gobierno de Alianza Popular ha prodigado una política de gestos cuya eficacia resulta difícil de evaluar por el momento: desde su velada oposición a la fusión de la compañía eléctrica gallega Fenosa con la madrileña Unión Eléctrica, hasta los conflictos de competencias en que se ha visto envuelto, por cuestiones de representación internacional, con la Administración central del Estado.

La utilización prácticamente exclusiva de la lengua gallega en sus relaciones institucionales con la Prensa y el Parlamento completan la insólita, pero evidentemente pretendida imagen dé un Gobierno que, por otra parte, no ha adoptado en este período ninguna decisión de alcance práctico sustancial. "Nosotros", explica el consejero de la Presidencia José Luis Barreiro, "hemos tenido cien días no para gobernar, sino para organizar una Administración. Creo que no es poco decir el que en este tiempo se hayan montado de nuevo cuatro consejerías íntegras, al tiempo que se reforzaban las demás con nueva infraestructura de locales y servicios".

Barreiro, portavoz de la Junta, es consciente de que la acción de gobierno va a estar enormemente condicionada por la actitud que adopte Unión de Centro Democrático en el Parlamento autónomo una vez concluido este primer período de expectativa.