'Paraos'..., pero no 'quietos'

Temma Kaplan, profesora de la Universidad de California, ha dedicado un libro (Orígenes del anarquismo en Andalucía) a buscar las raíces y los porqués, las causas del anarquismo andaluz y su desarrollo como movimiento de masas de campesinos y obreros de esta región. Frente a interpretaciones que han querido reducir el anarquismo andaluz a un movimiento irracional y espontáneo, Temma Kaplan sostiene que el anarquismo andaluz fue una respuesta racional y organizada, única respuesta ante una situación social y económica específica: de reparto de tierras, de paro endémico, de obligada emigración, etcétera. Y demuestra cómo los jornaleros andaluces expresaron con toda claridad y coherencia -mediante sus acciones y organizaciones- qué clase de nuevas relaciones sociales deseaban y perseguían.Vimos en el capítulo de ayer cómo la posesión concentrada en unas pocas manos de la tierra era la raíz y el tronco de todos los demás problemas que aquejan desde hace siglos a la economía y a la sociedad andaluzas. La gran propiedad de la tierra no cumple una función económica -debido tanto a su desaprovechamiento como a su, en ocasiones, insuficiente o deficiente explotación, así como también a la irracionalidad de ser utilizada tantas veces para cultivos extensivos -por ejemplo, trigo en regadío o girasol- que dejan gran rentabilidad al dueño, pero que agrícolamente son irracionales al no ser los cultivos idóneos para esa tierra y que apenas, emplean mano de obra.

Esa gran propiedad y el sistema en que es explotada trae aparejado el segundo de los grandes problemas andaluces: el paro, el empleo temporal y, como secuela de ambos (hasta hace poco), una enorme sangría emigratoria, que hoy se ha constreñido notablemente (a partir de 1975), pero que, pese a todo, sigue.

Se ha dicho que no es posible hacer comparaciones con épocas pretéritas, porque en nuestros días es mucho menor el número de jornaleros. Esto, según los estudiosos, no es tan verdad. Y en segundo lugar, ese campesinado proletarizado forma hoy la legión de los parados de la construcción, sin espita ni salida, con lo que vuelve a plantearse el tema de la tierra como única vía de salida al paro masivo.

El problema de la mano de obra campesina: las innegables mejoras introducidas en la agricultura no han supuesto, como era previsible en todo proceso de modernización parcial, una mejora de su mercado de trabajo. Según el profesor Bernal, las tasas de la población activa dedicada a la agricultura no han cesado prácticamente de bajar en lo que va de siglo, pero, en cambio, el volumen total de jornaleros vinculados y dependientes del campo ha disminuido en cantidades no tan significativas como consecuencia de las tasas de crecimiento vegetativo de la población.

Nunca se arbitraron soluciones

El incremento de la población urbana (resultado del trasvase emigratorio campo-ciudad), la reconversión intersectorial (en especial el auge de la construcción ante el boom turístico, etcétera) no ha sido suficiente. A partir de 1973-1974, el paro agrícola vuelve a ser realidad, y en cinco años remota de nuevo cotas insostenibles.

Aunque resulte un tanto inconcebible, para el paro agrícola en Andalucía nunca se arbitraron soluciones de largo alcance pese a la continuada presencia del problema. Siempre se trató el paro como si de emergencias coyunturales se tratase. Esta perspectiva, dice Bernal, supone que el paro sería de tipo técnico, impuesto por las circunstancias climáticas y tipos de cultivo, y se pretenden ignorar los otros paros: los provocados y mantenidos conscientemente por los que tienen la capacidad de poder de decisión, bien a nivel individual -los grandes propietarios-, bien por los Gobiernos, según la política agrícola mantenida; según que se decida sembrar un tipo u otro de cultivo, se hagan o no huelgas de tierras vacías, se contraiga el gasto agrícola, todo ello puede provocar un paro de efectos más catastróficos que el tecnológico; el absurdo mantenimiento de las regularizaciones salariales por campañas, considerando como marco a una creación artificial como es la provincia, sin ningún significado agronómico, genera desigualdades e injusticias que los propietarios de tierras, según las distintas comarcas, no pueden soportar.

El empleo comunitario

Desde finales del siglo XVIII y hasta finales de la II República -único período en que se intentó abordar con cierta coherencia y racionalidad el tema del paro tanto por las fuerzas políticas de izquierda como por el Gobierno-, tres soluciones alternativas, según ,circuristancias, se aplicaron sistemáticamente: a) los repartos de jornaleros entre propietarios; b) el establecimiento de derramas, a niveles municipales, según la riqueza rústica del contribuyente o por unidad de superficie poseída; c) la caridad, organizada o espontánea, según el grado de aflicción proletaria. Ninguna de las fórmulas arbitradas era deseada ni satisfizo nunca a jornaleros y propietarios, aceptándose como soluciones muy provisionales de compromiso -lo máximo era una semana-, a las que, sin embargo, se volvía una y otra vez.

Tras la guerra civil, la solución a) desapareció por completo, y el recurso de la solución b) era asumido muy precariamente, ¡más aún!, por el Gobierno; sólo quedó la opción c), suficiente para comprender lo que la posguerra ha significado, no ya por simples cuestiones de supervivencia, sino por dignidad moral para los campesinos andaluces. Excluidos de la Seguridad Social y de los logros que la nueva etapa política ofrecía a los trabajadores de la industria y servicios, el jornalero conocía una situación de inmovilismo social que si no es milerania, como hiperbólicamente se ha dicho, sí que es doblemente centenaxia.

Dejo para el final la. que se considera fórmula de compromiso y solución más aséptica: la del empleo comunitario, fórmula que no reconoce explícitamente la responsabilidad que el régimen de explotación y propiedad de la tierra tiene en el tema del paro agrícola andaluz; que trata de salvar la dignidad del jornalero, al no someterlo a fórmulas asistenciales vejatorias, y que pretende presentarse como fórmula eficaz por lo que respecta al dinero invertido, y justifica de ese modo el precio político que un Gobierno paga por la tranquilidad social.

Esta fórmula, sin embargo, es la más antigua de todas las empleadas en la región andaluza como tratamiento del tema del paro, si bien nunca alcanzó el grado de sofisticación actual -como la participación y connivencia de las propias organizaciones obreras-; antes se aplicaba a nivel municipal: si había parados, se procuraba que fueran los fondos municipales los que hiciesen frente al problema, y si no los había, se procedía a la enajenación de algunas de las fincas de propios del municipio, y con su importe atender coyunturalmente el paro producido, de tal manera que el paro, usado como pretexto, fue una de las vías por las que los ayuntamientos se fueron descapitalizando y sobre todo fueron perdiendo el patrimonio municipal -las tierras concejiles-, que, por ironía, iban a parar a las manos de quienes, siendo grandes propietarios, eran los corresponsables más directos de la localidad.

Desde mediados del siglo XIX, el tratamiento se hacía a nivel comarcal o provincial, según la etiología del paro agrícola, y entonces eran los organismos de gobierno provincial, diputaciones y gobiernos civiles, los que procedían a las reglamentaciones oportunas, casi siempre derramas de impuestos generales o autorización de arbitrios especiales, y como tal, imposición indirecta, con lo que se pretendía que entre todos, los parados incluidos, se financiase la erradicación del paro. Con los fondos reunidos, ya a escala municipal o provincial, se practicaba la política de "desempedrar calles para volverlas a empedrar nuevamente", pues había que demostrar por todos los medios lo absurdo de la operación para recurrir a ella en casos límites.

Hasta hace escasas semanas, las responsabilidades se encontraban en manos de las más altas instancias nacionales, con iguales resultados de coyunturalidad, de ineficacia y de descrédito. ¿Acaso porque nada, en lo esencial, dice Bernal, ha cambiado y se tratan de eludir los problemas o de no afrontarlos serena pero firmemente?

Por último, ya en vísperas de las elecciones para el Parlamento andaluz, UCD se ha sacado de la manga un nuevo decreto sobre desempleo agrario, que ha sido repudiado absolutamente por todas las organizaciones sindicales, y que según Paco Casero, líder del Sidicato de Obreros del Campo (SOC), "da la sensación de cambiar todo para dejarlo todo igual"; en definitiva, dice Casero, se aplica la misma filosofía de siempre: "pan para hoy y hambre para mañana. ¡Qué pena que no estemos siempre en elecciones", ironiza el líder del SOC, "visitas de ministros, de políticos, etcétera. Ahora, Andalucía es lo más importante, después... Es obligado posponer la aplicación de la nueva normativa sobre el empleo comunitario hasta después de las elecciones y que del futuro Parlamento andaluz salga la petición al Gobierno central de negociar un futuro proyecto que tenga en cuenta nuestra realidad como institución autonómica".

La UGT ha calificado el nuevo decreto como "desafortunado y regresivo", y el rondo del 10% para el fomento del empleo agrario como inadmisible. La CNT no quiere entrar en la crítica puntual, pues dice que "hay que afrontar el problema de raíz en base a dos aspectos: la solución de problema inmediato de subsistencia y la orientación de las movilizaciones de jornaleros hacia la destrucción del sistema de propiedad de la tierra. En fin, los sindicatos no sólo han protestado, sino que todos también (CC OO, UGT, SOC, Sindicato Andaluz y CNT) han dado a conocer estudios proponiendo alternativas puntuales y concretas para acabar de una vez por todas con esa lacra del empleo comunitario que "no tenía otro objeto", dice Risquez al comentar el nuevo decreto, "que acallar las justas quejas de los jornaleros y los pequeños campesinos por un sistema que les mantenía sin empleo ocho, nueve o diez meses al año. Con la limosna del empleo comunitario -según Risquez- se ha comprado una relativa tranquilidad en los camp6s andaluces durante la última década".

Los 'paraos'

Sabida es la eterna polémica existente sobre el número real de parados a nivel nacional. Pues bien, aunque las cifras oficiales (que también presentan grandes diferencias) tiendan a mitigar la realidad, hoy el paro es la principal fuente de preocupación en toda España. Pero hay una diferencia básica. Para Andalucía el paro no es ninguna sorpresa, su situación actual es una simple (aunque muy grave) agudización de su paro endémico. "Andalucía y paro van unidos" constantemente a la cabeza del paro nacional. Hoy, seis de sus ocho provincias están entre las ocho primeras provincias paradas de España, acompañadas en ese triste ranking por Badajoz y Las Palmas. Pero el problema es de siempre.

Hasta los primeros años de la década de los sesenta, Andalucía (según datos del Boletín Estadístico del Banco de España) tenía el 50%. por término medio de los parados de toda España. Luego, con el des pegue económico, polarizado en Europa más en Cataluña, Euskadi y Madrid, el paro disminuye gracias a la emigración, no por una mejora en las estructuras económicas y sociales andaluzas. Pero sigue siendo alto, del 29% al 37%, según años del total nacional. Desde los años 1973-1974 (inicio de la actual crisis), el paro aumenta, y ello por tres causas:

1. Aumento de población en edad de trabajar.

2. Crecimiento de la población total por menor emigración.

3. Disminución de los puestos de trabajo. En los últimos años, por ejemplo, Andalucía creció en 150.000 personas. Los puestos de trabajo deberían haber aumentado, más o menos, en la misma proporción. Pero no ha sido así. Por el contra río, disminuyeron en 175.000 los puestos de trabajo. Consecuencia: un paro atroz; más del 20% sobre su población activa en Cádiz y Sevilla, del 17% en Málaga, etcétera. Lo dicho, seis de las ocho provincias andaluzas están a la cabeza del paro a nivel nacional, y Almería por encima de la media nacional. En Jaén depende la fecha en que se haga la encuesta. Si es en época de recolección de la aceituna, baja; si no, aumenta sensiblemente.

Según pone de manifiesto Félix Plaza, uno de los más graves problemas de la falta de una reforma agraria en Andalucía la constituyen las condiciones de vida de los jornaleros. El 51% de trabajo exigido por la rotación de los cultivos de cereales y legumbres se hace durante los meses de junio, julio y agosto. Si a esto añadimos que otro 12% del trabajo oficial exigido se realiza en la siembra durante el mes de octubre, tendremos que en los restantes ocho meses del año sólo se hace el 37% del resto del trabajo. En resumen, el latifundio agrícola andaluz -en sus diversas modalidades y variantes impuestas por los distintos tipos de cultivos- no suele emplear a los jornaleros eventuales más de doscientos días al año. ¿Qué hacer los 165 restantes?

Emigración encubridora

En términos absolutos, Andalucía es la primera región emigrante de España. Considerados los años 1900 a 1975, su saldo migratorio neto arroja una pérdida de 1.833.260 personas. En términos relativos (porcentaje de población perdida con respecto a su población total), Andalucía es sólo la cuarta región emigrante (tras Extremadura, la Mancha, Castilla la Vieja y León). Pese a ello, Andalucía sigue siendo la región española con mayor número de habitantes: 6.441.755, seguida de Cataluña y Madrid.

Y esta es la mayor esperanza y la más clara que tiene Andalucía: su población, su potencial humano, su fuerza de trabajo... y de presión social. Porque lo más grave y a veces irreversible es cuando una región se despuebla y desertiza. Sin población nada se puede decir. Entonces, la esperanza es mera quimera, como, por desgracia, ya les ocurre a varias regiones españolas.

Mas, por otra parte, un interlocutor andaluz me decía: "Las oleadas de emigrantes que han tenido que irse lustro tras lustro a otras tierras para ganarse poco más que el pan y ser considerados ciudadanos de segunda, lo único que han conseguido es perpetuar el sistema social y económico imperante en Andalucía (sistema que es la causa precisamente de su condición emigrante). Ha servido para perpetuar las estructuras vigentes". Y el catedrático de Derecho Político de la Universidad de Granada José Cazorla denuncia: "Dicho de otro modo, es inadmisible y objetivamente injusto que para apoyar el conjunto de la economía nacional se haya sacrificado deliberadamente a una capa social, la menos pudiente de las regiones menos desarrolladas. Ninguna razón de Estado lo puede justificar. Porque el Estado no es algo que se sitúe por encima de las clases, por encima de la sociedad. Y menos si el sacrificio de una parte de ésta se hace para sostener una estructura desigual, no para acabar con ella. La disminución de la emigración y el retorno de muchos emigrantes plantean de nuevo, ante una estructura socioeconómica andaluza no muy diferente a la de hace cincuenta años o más, el problema del trabajo como bien escaso en nuestra región. Y las repercusiones políticas de esa escasez pueden alcanzar las más graves consecuencias en cualquier momento."

El pasodoble ha terminado

Parece claro que el pasodoble ha terminado. Como dicen los profesores Murillo y Beltrán, "de ahora adelante, la emigración va a tener muy poca capacidad encubridora, con lo que podrá apreciarse lo que de engañosa y brutal tenía la solución emigratoria. Además más de que la emigración ha funcionado no como un factor de transformación, sino precisamente al contrario, como consolidación del estado actual. Pero ahora el proceso vuelve a comenzar. La presión aumenta, y la descarga tendrá que buscar otros nuevos derroteros. Y si no los busca será buscada".

La presión aumenta. Sin la pérdida de fuerza que facilita la emigración, con las altas tasas de natalidad andaluzas, con el vertiginoso aumento del paro... Esa riada no es posible, no será posible constreñirla poniéndole diques. Los pantanos precisan de aliviaderos para no ser derribados por las avenidas de agua.

Ahorrar para los otros

Otro aspecto de la emigración es lo que se ha hecho durante todos estos años con el ahorro generado por los trabajadores en el extranjero. Se calcula que los emigrantes andaluces al extranjero han aportado al Estado más de 300.000 millones de pesetas en divisas. Pero ese dinero ha sido canalizado para potenciar la industrialización de otras regiones más ricas.

Cada año se van de Andalucía unos 80.000 millones de pesetas. Bien claro lo dijo hace algún tiempo el economista cordobés y diputado de UCD José Javier Rodríguez Alcaide: "El paro andaluz desaparecería con tan sólo invertir el ahorro generado en la región".