Terrorismo y Ejército

El pasado 22 de abril se produjo una nueva comunicación gubernamental al Parlamento en materia de terrorismo, y una vez más no se vislumbra la aparición de ningún nuevo y esperanzador elemento que pudiera ser interpretado como indicio de una voluntad política diferente asumida por el Gobierno para tratar de resolver un problema que, según opinión de observadores cualificados, enfrenta a dos amplios sectores de una misma comunidad y que puede derivar, convenientemente alimentado, en un enfrentamiento de ésta con otros grupos sociales del Estado.Todo terrorismo tiene unas causas, un origen que debe ser profundamente analizado para que la sociedad pueda afrontarlo con garantías de éxito. Hay terrorismos que tienen su origen en la propia sociedad como respuesta a determinadas situaciones políticas represivas o desajustes en la misma; la sociedad misma siempre provocará, al menos potencialmente, grupos marginales para los que la barrera con el terrorismo activo puede ser fácilmente franqueable. (¿Cuántos ciudadanos españoles, de haber triunfado el 23-F, no pasarían a ser terroristas o así considerados por el nuevo poder instalado por el terror?) Frente a estos grupos sólo caben las medidas políticas que hagan desaparecer la represión y mitiguen, cuando menos los desajustes sociales que lo provocan, y las medidas policiales de carácter preventivo sólo pueden ser complementarias y subsidiarias de aquéllas.

Pues bien, ETA, como señaló acertadamente el diputado Juan María Bandrés, es hoy un anacronismo histórico: la dictadura franquista frente a la que surgió ha desaparecido como régimen con la aprobación de la Constitución, desaparición confirmada con las elecciones generales de 1979. Anacronismo que hay que resolver políticamente, con las medidas de este tipo precisas y que muy bien conoce y enumera el propio diputado y todos los enmarcados en grupos políticos progresistas: derogación de la ley Antiterrorista, tramitación legal no restrictiva de la asistencia letrada al detenido, desarrollo del Estatuto de Guernica y urgente traspaso de competencias propias en materia de seguridad y protección civil, etcétera, y todo ello sin que dichos grupos progresistas descarten la adopción de medidas policiales, preventivas y subsidiarias.

Demasiados policías

Pero no vamos ahora a extendemos en esta materia, sino a realizar diversas consideraciones en torno a una concreta medida antiterrorista propuesta. por el Gobierno y que más parece una claudicación del Ejecutivo ante determinadas presiones que no se nos escapan; nos referimos a la anunciada participación, por segunda vez, de unidades militares en medidas parapoliciales. ¿Es coherente y defendible el razonamiento dado por el señor Rosón en el sentido de que con la entrada de unidades militares en la acción antiterrorista se libera a miembros de los cuerpos de seguridad cuando ya tenemos la densidad policial más elevada de Europa? ¿Es coherente la entrada en acción de nuevos elementos militares cuando han demostrado su anterior ineficacia en la materia y cuando ya hay un gran número de jefes y oficiales del Ejército en institutos como la Guardia Civil y la Policía Nacional?

En nuestro país, que ha pasado de una dictadura a un régimen democrático, y entre cuyas tareas prioritarias hubiera debido encontrarse la revisión y adecuación decidida de los cuerpos de seguridad a una situación de respeto de las libertades, y el establecimiento tajante de su densidad policial, no sólo se han pasado por alto tales urgencias, sino, por el contrario, se ha estimado por el Ejecutivo que lo procedente es aumentar el potencial humano de la función policial. Y en tanto que los países europeos suelen establecer por ley la tasa policial en torno a un agente por cada quinientos habitantes, en Espada, país que dobla esa tasa, existe el proyecto de que los cuerpos de seguridad incrementen su número en 20.000 hombres más, especialmente destinados a ingresar en las filas de la Guardia Civil. Pero, como muy certeramente afirma el magistrado-juez Navarro Esteba, "la democracia no necesita leyes especiales ni policías especiales", como tampoco precisa aquí ampliar su plantilla policial, ya numerosa en exceso, y menos la de un cuerpo hoy militar como la Guardia Civil.

Nuestros cuerpos estatales de seguridad se encuentran fundamentalmente integrados por: a) Cuerpo Superior de Policía, civil, integrado por unos 9.000 funcionarios, dependiente del Ministerio del Interior y sin ninguna conexión o control directo en su actuación por parte del poder judicial. b) Policía Nacional, civil, pero militarizada en su organización y estructura, y con la práctica totalidad de sus mandos procedentes del Ejército de Tierra; agrupa a unos 45.000 hombres. c) Guardia Civil, integrada por Franco en el Ejército y colocando a un teniente general en su Dirección General; compuesta por unos 60.000 hombres, de los que gran parte desearía recuperar su carácter y naturaleza civil. La suma de los efectivos de los tres cuerpos nos da un total aproximado de 110.000 hombres, lo que se traduce en una primera tasa policial de un agente por cada 325 habitantes.

¿Qué ocurre en el resto de Europa? Recientes estadísticas sobre la materia observan que los Estados tradicionalmente con mayor presión policial (Alemania, Suiza, Reino Unido, etcétera) tienen una tasa media de 1:425 habitantes, frente a la densidad policial europea, en tomo a un policía por cada seiscientos habitantes. Es evidente que Espada, con 1:325, es el país más policiaco de Europa. Pero hemos de anotar todavía que al incluir a la plantilla que corresponde a la Policía Municipal, vigilantes jurados y otros, la densidad policial española se eleva a 1:270 aproximadamente.

A ninguno se nos escapa que dicha relación es, amén de especialmente represiva, absolutamente intolerable en una sociedad civil y democrática. Quede claro, pues, que si ya nuestra densidad policial es hoy dos veces más fuerte que la media europea, inyectar 20.000 hombres más al cuerpo de la Guardia Civil elevaría aún más esa densidad en unos términos que deben ser considerados incompatibles con una sociedad libre y democrática. Situarse en una relación próxima a 1:250 debe ser considerado una alarma por la sociedad, que en ningún caso debe permitirla.

Pero existen además otras razones que deben posicionarnos frente a la filosofía seguida en la materia por la Administración. Porque una sociedad civil se caracteriza, entre otras cosas, por encomendar a órganos e instituciones civiles las diversas funciones que en ella y para ella deben desarrollarse.

La sociedad no debe permitir que determinados institutos armados, destinados para hacer y ganar la guerra, se ocupen de funciones que no les son propias; entender la vida como un deber, carente de derechos o sobre los que prima aquél, es una peligrosa desviación que la sociedad debe corregir y evitar que le sea impuesta.

Todo régimen dictatorial, para quien los ciudadanos son antes que nada un cúmulo de deudores para con él, confía a las instituciones que le sustentan las funciones de carácter esencial para su supervivencia; Ejército y "orden público" son aquí conceptos y funciones inseparables, estando éste en manos de aquél, o por él canalizado.

Una sociedad civil y democrática implica, por el contrario, una clara y determinante separación entre ambas funciones: la seguridad nunca es materia propia del Ejército, sino que está encomendada a cuerpos para los que la cualidad "civil" es condición sine qua non. Que cuerpos pertenecientes al estamento militar -Guardia Civil- o fuertemente militarizados -Policía Nacional- continúen ejerciendo labores de seguridad es desconocer las bases de una sociedad civil; que mandos militares se refieran, además con especial énfasis, a los miembros de la Guardia Civil como Ios primeros soldados del Ejército" es un motivo más de preocupación.

En resumen: el terrorismo de ETA y su solución pasa por la necesidad urgente de soluciones políticas decididas; una actuación técnico-policial con principios democráticos que haga imposibles acostumbrados sucesos -"errores" para el Ministerio-, capaz de aportar las pruebas precisas para la celebración de un juicio justo; las unidades militares no deben asumir tareas policiales por no :ser función propia suya, participación que puede constituir un elemento autojustificativo para el terrorismo y originar un factor que pudiera dificultar el avance por otros terrenos; además, la elevadísima densidad policial desbarata la tesis gubernamental de necesidad de "liberar a miembros de los cuerpos de Seguridad"; para éstos se impone su desmilitarización y unificación y la congelación de plantillas hasta alcanzar una tasa policial de un policía por quinientos habitantes.