El fraude en el desempleo

Recientemente, el ministro de Trabajo y Seguridad Social ha puesto en marcha una campaña en contra del fraude en el desempleo. Vaya por delante mi aplauso hacia una iniciativa que en su día fue planteada en el Consejo General del INEM por sindicatos y empresarios, y que buscaba acabar o, al menos, reducir sustancialmente el fraude al desempleo que pagamos el conjunto de los trabajadores de nuestro país, directamente o a través de un salario diferido.Los trabajadores son contrarios a la picaresca y el fraude que una minoría realiza, rechazan la "instalación en el desempleo" y a los que podríamos denominar como "profesionales del paro", que los hay. Los sindicatos, también. De hecho, las organizaciones sindicales han contribuido a establecer la medida más racional y eficaz contra el fraude al desempleo al acordar en el punto III.8 del ANE una limitación en las ofertas de trabajo que pueden ser rechazadas por un trabajador en paro, dentro de un nivel de percepción salarial equivalente a lo que estuviese cobrando en el paro, previamente a la extinción de la percepción por desempleo.

Pero, una vez dicho esto, resulta necesario denunciar el carácter unilateral e ideológico que se le está dando a dicha campaña. No sé si los resultados económicos, es decir, de ahorro en los gastos desempleo serán, al final, muy positivos y superarán los gastos de publicidad, inspección, etcétera, que la campaña conlleva; pero, a mi entender, sus consecuencias sobre la opinión pública están siendo devastadoras. Aquí parece que ya no hay parados: lo que hay es defraudadores. Por este camino algunos ciudadanos de este país van a terminar pensando que la culpa del paro la tienen los parados.

El fraude imputable a las empresas

Sería conveniente clarificar más la situación y decir, por ejemplo, que, según datos del propio Ministerio de Trabajo, el 11,33% del fraude al desempleo es imputable a las empresas, y el 3,76%, a los trabajadores; que en muchos casos los parados que alternan el subsidio con un trabajo no reciben una prestación superior a las 20.000 pesetas; que con la aplicación de la ley básica de Empleo, aprobada por UCD, sólo 36 parados de cada cien cobran algún subsidio; que de esos parados a los que les corresponde un subsidio, muchos no cobran puntualmente, porque el INEM funciona fatal, a pesar de sus 13.000 funcionarios.

Recuerdo que con motivo de la discusión parlamentaria de la ley básica de Empleo asistimos también a una campaña de mentalización contra el fraude al desempleo. Esperemos que ahora el resultados no nos lleve, como entonces, a un mayor recorte de las prestaciones.

El "paro" en la Administración

Y puesto a prestar al Ministerio de Trabajo el máximo apoyo en la lucha contra el fraude, se me ocurre que hay también otros campos en que cabría y hasta me atrevería a decir que se debería meter mano. Brindo algunas sugerencias.

Por ejemplo, al paro endémico que se produce en algunos sectores, minoritarios supongo, de la Administración, es decir, paro en el sentido de no dar golpe. O al millón de españoles que defraudan a Hacienda y que no deben ser ni trabajadores ni parados. Naturalmente, también a los que evaden esos dos billones de pesetas depositados en los bancos suizos, con cuya inversión, ¿cuántos puestos de trabajo se podrían crear? Por supuesto, a las empresas que no pagan a la Seguridad Social, cuya cifra de impagados se eleva a 400.000 millones en 1981. Y, ¿por qué no?, votando a favor de las incompatibilidades, por ejemplo, para esos médicos que tienen tantos puestos remunerados de la Administración que atender, que se ven obligados a mandar un sustituto a su consulta, mientras hay 60.000 médicos en paro.

Déle duro al fraude, señor ministro. En todas las direcciones. Y si además todos los que habiendo trabajado y están en paro cobran algún subsidio, mejor. Por otra parte, quizá no sería descabellado pensar también en alguna campaña en favor de la inversión y de la contratación de los trabajadores en paro.