Presur y la demagogia industrial

UN MAYOR desarrollo industrial es esencial para impulsar nuestro crecimiento económico, aumentar el empleo y promover el desarrollo regional. Ahora bien, la escasez de capital para invertir en la industria implica la necesidad de elegir cuidadosamente los proyectos, de manera tal que su rentabilidad permita la recuperación de los capitales invertidos y garantice el empleo y la prosperidad de cada región. Dilapidar el ahorro de la sociedad con el propósito de proporcionar pan para hoy y hambre para mañana no puede ser nunca una política moralmente adecuada y entronca de lleno con la simple demagogia. Por desgracia, también en este terreno las consideraciones electoralistas prevalecen a menudo sobre la sensatez y la firmeza de los gobernantes.En el caso de Presur o Presursa (instalación de una fábrica de pellets y otra de prerreducidos de mineral de hierro) las razones electorales y emocionales en pro de su creación son evidentes. La defensa del proyecto se ha justificado con diferentes argumentos: sería el último tren de la esperanza industrial para una zona pobre de Extremadura y Andalucía, constituiría una compensación a pagar por las nucleares extremeñas, cumpliría los compromisos programáticos de UCD respecto a Extremadura, supondría un aporte adicional de minerales de hierro en forma de prerreducidos para sustituir chatarra o de pellets que reducirían las importaciones de mineral y ayudarían al crecimiento de nuestra siderurgia. Esta ha sido la línea de defensa de Pérez de Bricio -cuyas connotaciones políticas y su entronque con el mundo de los grandes intereses financieros no deben ser despreciados- y del Ministerio de Industria. Pero, sobre todo, la tentación de ceder a la demagogia y de dar por buenos razonamientos averiados se agrava con la proximidad de las elecciones andaluzas.

El senador del PSOE Antonio García Correa, político coriáceo y con sentido de la oportunidad, piensa, por su parte, que esta es una ocasión de oro para combatir al Gobierno, al que tiene cogido a raíz de una declaración en Televisión Española del presidente Calvo Sotelo ratificando la realización del proyecto, cuya rápida puesta en marcha requieren los mineros extremeños y algunos alcaldes socialistas con tintes de dramatismo nada fingido. Sin embargo, no cabe olvidar que el presidente del Gobierno pronunció aquellas palabras cuando aún no se conocía el informe desfavorable de Chevron sobre las supuestas reservas de gas en la bahía de Cádiz, dato que de algún modo varía el planteamiento de todo el asunto. Pero García Correa sabe que el eslogan UCD cumple va a sufrir una pérdida de credibilidad si el Presidente del Gobierno no mantiene su palabra, aunque sólo sea para acometer la planta de pellets, olvidando la de prerreducidos. Haría falta mucho coraje por parte de Calvo Sotelo para desdecirse ahora, si bien tendría a su favor argumentos tan poderosos como que la viabilidad del proyecto puede ser escasa o nula y que el país no puede pagarse el lujo de cumplir una promesa equivocada.

Desde el famoso oro de El Escorial, en pleno siglo XX, el hambre de prosperidad de un pueblo pobre ha sido alimentado desde las alturas a base de anuncios fantásticos, como el gas de Jaca y el de la bahía de Cádiz. Anuncios tanto más creíbles para el pueblo cuando el heraldo es a la vez diputado por Badajoz y presidente de Campsa. Una vez desencadenado el mecanismo creador de espejismos, la lógica lleva a exigir su realización con encierros en las minas o reivindicaciones legítimas de alcaldes defraudados.

Mientras tanto, los Presupuestos Generales del Estado acumulan déficit y la actividad industrial permanece estacionaria, en parte porque las necesidades de financiación del sector público empujan hacia arriba los tipos de interés y desaniman los proyectos de inversión privada no subvencionados. En el caso de la polémica planta de pellets, la creación de setecientos puestos de trabajo requeriría una inversión de 16.000 millones de pesetas, es decir, 22,8 millones por empleo. La inversión no se realizaría además a cuerpo limpio, en virtud de la rentabilidad esperada del proyecto, sino a golpe de decreto, metiendo al INI, contra su voluntad, en la sociedad y a base de subvenciones, créditos oficiales y otros créditos ordinarios avalados también por el Estado. Por otra parte, Ensidesa, que sería la empresa destinataria de los pellets, vería encarecerse su materia prima, pues los precios previsibles de la factoría extremeña superan los que actualmente existen en el mercado, lo que le supondría un coste adicional de 1.600 millones de pesetas al año.

Muchos se preguntarán, con toda la razón, cómo un proyecto tan caro y de tan dudosa rentabilidad tiene padrinos en el partido del Gobierno. La respuesta es fácil: hay quien intenta conseguir votos y quien pretende ganar dinero. La inversión en bienes de equipo que se proyecta arrancar a base de la utilización demagógica de legítimas reivindicaciones populares podría hacer rico a más de uno. El dinero, por lo demás, saldría del bolsillo de todos los españoles en tanto que contribuyentes. De esta forma, el modelo de enriquecimiento protegido típico del franquismo seguiría funcionando en todo su esplendor. Esta vez, eso sí, con la anuencia y el apoyo de sindicatos y senadores de izquierda. España es todavía un país que necesita industrializarse. Esta exigencia obliga a no desperdiciar los recursos mediante el procedimiento de asignarlos a proyectos cuya única posibilidad de supervivencia residiría en las subvenciones y las ayudas. Pero si, por razones electorales, se continuara por la senda del despilfarro, el único futuro que aguardaría a nuestra economía sería la bancarrota.

El primer partido de la oposición y, sobre todo, el Gobierno y su grupo parlamentario tienen una seria responsabilidad en esta encrucijada de la política industrial que el proyecto de concentrado de mineral de hierro en las sierras extremeñas plantea a nuestra economía. Por un lado están las justas esperanzas de quienes anhelan una vida material digna; por otro, la administración razonable de los recursos del Estado y de sus ciudadanos. Pero el dilema no es tan dramático: si el proyecto -como parece- no fuera rentable, siempre podría buscarse una solución para garantizar los 250 puestos actuales de trabajo en litigio y para la creación de otros nuevos mediante sistemas menos onerosos y más rentables.