La Telefónica debe ser empresa pública

Tradicionalmente, los servicios de telecomunicaciones se han considerado dentro de la esfera de soberanía de los Estados y, en consecuencia se configuraban como servicios públicos en régimen de monopolio. Esta situación, sin embargo, comienza a cambiar en los últimos años, notable mente, en Estados Unidos. En España comienza a cundir esta tendencia, que desembocaría en una privatización del sector repartido entre las multinacionales.

Una vez más, el sector de las telecomunicaciones, electrónica e informática está. de actualidad. En poco espacio de tiempo, las noticias se suceden: se constituye la comisión redactora del llamado Plan Electrónico Nacional; nos visita el presidente de ITT; comparecen en la Comisión de Industria del Congreso los presidentes de Telefónica y las empresas de producción de telecomunicaciones; se ponen de manifiesto graves contradicciones en la adjudicación de equipos para la informatización fiscal de Hacienda y la televisión vasca, etcétera.Sin perjuicio de volver más adelante sobre algunas de estas noticias, voy a centrarme sobre otras dos que se han producido simultáneamente con éstas, y que apuntan a la empresa más significativa y poderosa del sector: la Telefónica.

Dos temas que, sin embargo, por su trascendencia, van más allá de la propia CTNE, para afectar y condicionar al conjunto de la política en el sector. Nos referimos, por un lado, a los "criterios liberalizadores" de Ias servicios de telecomunicaciones, y de otro, a la anunciada proposición de ley para transferir la participación industrial de Telefónica al INI.

Tradicionalmente, los servicios de telecomunicaciones han sido considerados dentro de la esfera de soberanía de los Estados, pues servían los intereses de la sociedad en su conjunto, configurándose como servicios públicos abiertos a todos. Dichos servicios se ejercían en régimen de monopolio, bien directamente por la Administración (en casi todos los países), o bien en régimen de concesión (a una empresa privada, caso de España). La excepción estaba representada por Estados Unidos, donde, si bien no existe tal monopolio, la reglamentación existente (ley de Comunicaciones de 1934) confería en la práctica tal régimen a las diferentes empresas que prestaban tales servicios.

Esta situación de explotación en régimen de monopolio existente en la práctica totalidad del mundo sufre en los últimos años un ataque simultáneo en los diferentes países, y comienza, significativamente, por la relajación de la reglamentación existente en EE UU. En España, todo parece indicar que nos está empezando a llegar la ola.

Quizá convenga aclarar que cualquier servicio de telecomunicación requiere para su establecimiento de una infraestructura de redes de comunicación y conmutación, a modo de malla, que interconectan diversos puntos, y unos aparatos terminales (hablar, recibir un texto, etcétera), y que la liberalización se refiere fundamentalmente a estos últimos, los terminales.

El ataque al monopolio está basado en tres tipos de argumentos: el técnico, el ideológico y el económico.

La base técnica de estos ataques al monopolio está en el cambio tecnológico. La microelectrónica ha permitido generar tal cantidad de nuevos productos, que se acusa al monopolio de incapacidad y falta de flexibilidad para ofrecer todos los nuevos servicios, argumentándose en consecuencia que si desapareciera aquél se propiciaría la creación y expansión de pequeñas y medianas industrias innovadoras.

La base ideológica radica en la concepción del "libre mercado" como motor de la economía y la transformación de los servicios de telecomunicación en bienes de consumo, por lo que reciben el máximo apoyo de las opciones más conservadoras.

La base económica se fundamenta en las dificultades financieras en que se encuentran las diferentes Administraciones para hacer frente a la necesidad de financiar unas inversiones crecientes en telecomunicaciones que garanticen unos servicios cada vez más completos y eficaces.

Panorama actual

Hasta el momento, la situación puede resumirse brevemente en lo siguiente:

1. La liberalización estadounidense está suponiendo que a las tradicionales de sector -ATT, ITT, GTE- se unan las "nuevas" -IBM y Xerox- y que entre todas están absorbiendo a las pequeñas empresas surgidas al amparo de las medidas liberalizadoras.

2. Una gran presión sobre Europa por parte de estas multinacionales y de las japonesas (NEC, Fujitsu, etcétera) para liberalizar el mercado de terminales europeos. Los datos son elocuentes. Este mercado crece muy rápidamente y Europa ofrecerá probablemente el más importante de todos, llegando algunas encuestas (1) a señalar que en 1990 el mercado será dos veces más importante que el de América del Norte.

3. La defensa del monopolio por las diferentes Administraciones a partir de:

- La necesidad, por razones técnicas, de ejercitar un. control riguroso del diseño, de la instalación y mantenimiento del aparato terminal, para garantizar un servicio eficaz y barato a todos los usuarios. Ello es debido a que los servicios de telecomunicación, a diferencia de un sistema de electricidad o gas, son sistemas interactivos y, por tanto, hay una influencia recíproca del aparato de abonado en la red, y viceversa.

- La necesidad de no aumentar sus problemas financieros y consecuentemente tener que reducir la calidad del servicio público. Es evidente que la ruptura del monopolio se hace en los servicios o segmentos de los mismos que resultan más rentables, por lo que se perdería una fuente de ingresos importante que impediría modernizar y mejorar los menos rentables. Ello aumentaría las dificultades financieras y económicas de los que hubiesen quedado bajo responsabilidad pública.

- Potenciar decididamente una nueva política de atención al usuario, mejorando la calidad y disponibilidad de los servicios, agilizando la introducción de los nuevos servicios, suministrándoles una mayor información y asistencia técnica, etcétera.

- La ayuda que supone para la industria nacional, por cuanto permite desarrollar equipos específicos, que al asegurar una demanda importante del mercado interior siente las bases de su competitividad internacional. Además, el desarrollo de unos nuevos servicios ha supuesto el establecer una relación mucho más estrecha entre fabricantes y empresa explotadora de los servicios (monopolio), sobre todo en las fases de concepción y diseño, llegando en algunos casos a la constitución de algún tipo de empresas mixtas.

En España, la situación es comparativamente peor y puede quedar relatada básicamente así:

- Falta de una legislación unificada y ausencia de una reglamentación adecuada de los servicios que fije criterios de calidad, tarifarios, etcétera.

- Existencia de tres entidades de explotación: la Dirección General de Correos y Telecomunicación (DGCT), el Ente Público RTVE y la Telefónica. Sobre esta última, empresa privada y la más importante del sector, no existe ningún tipo de control público, y todo parece indicar la existencia de un acuerdo tácito entre Telefónica y el Gobierno, por el que éste se despreocupa de todo lo relativo al sector a cambio de unos sustanciales ingresos (unos 50.000 millones en 1980). Además, la imagen del servicio se halla ciertamente deteriorada ante los usuarios como consecuencia de la política tarifaria y comercial seguida.

- Un sector industrial con una presencia decisiva de las multinacionales en las principales industrias y una débil industria nacional que ha de luchar contra la falta de unos objetivos públicos sobre implantación de nuevas tecnologías, ampliación de servicios, introducción de nuevos servicios, etcétera.

Contra la proposición de ley

Con esta situación la liberalización supondría: entregar decididamente un sector industrial importante a las multinacionales, la pérdida del control público de una serie de servicios de indudable valor estratégico y dejar pasar una oportunidad de potenciar una industria nacional con futuro.

Después del panorama descrito, ciertamente preocupante, cabría esperar que cualquier ley que se propusiera debería ser capaz de articular medidas para su solución atacando la raíz del problema. ¿Cumple esta finalidad la anunciada por el compañero y diputado Luis Solana sobre transferencia de la participación industrial de Telefónica al INI?

Mucho me temo que no. Evidentemente, no es ese el problema. Y a nivel internacional existen ejemplos significativos (Suecia, EE UU, etcétera) de participación industrial de las sociedad de explotación de servicios. Además, como ya se ha indicado, la introducción de nuevos servicios y tecnologías ha forzado una cada vez más íntima conexión entre la industria y dichas entidades de explotación, llegando en algunos casos a la constitución de empresas mixtas (Inglaterra). Por tanto, esta situación no es anormal, y no es ciertamente por ahí por donde deberían encaminarse los esfuerzos.

Lo que sí es "atípico" es que la explotación del servicio en régimen de monopolio lo efectúe una empresa privada (CTNE) sin un control público por parte de la sociedad en su conjunto. Ello propicia situaciones como la actual: existe un plan cuatrienal (PCT) que, a pesar de su trascendencia en el sector industrial, no ha sido aprobado ni por el Gobierno ni por el Parlamento.

En virtud de este PCT, se efectúan unas fuertes subidas de tarifas (del orden de 22.000 millones en 1980 y 16.000 millones en 1981) y se anuncian otras, que han traído corno consecuencia un retraimiento tal de la demanda que en menos de dos años las previsiones del PCT han quedado desfasadas. Un ejemplo: el PCT contemplaba 600.000 peticiones pendientes en 1982 y 700.000 en 1983. Por el contrario, las estimaciones más recientes (2) cifran éstas en 300.000 y 190.000, respectivamente. Pero esta falta de previsión tiene su repercusión evidente, pues una caída de la demanda como la existente plantea serios problemas en un sector industrial con graves problemas de paro. La idea que parece estar detrás del proyecto del compañero Solana es ciertamente original: la explotación (demanda) del servicio vendría garantizada por una empresa privada (CTNE), mientras que la fabricación (oferta) sería responsabilidad básica de una empresa pública (INI). Al revés de toda Europa, con el agravante de que, dada nuestra situación industrial, esto traería la relajación del monopolio, con las consecuencias ya enumeradas.

Frente a esta idea, apuntamos otra, ciertamente menos original en el contexto europeo hacia el que nos movemos: convertir a Telefónica en empresa pública, garantizando un control parlamentario de la misma, a nivel de compromiso en sus macromagnitudes (inversión, empleo, estructura tarifada, etcétera) y de sus objetivos en la prestación del servicio, ampliación del servicio y desarrollo de nuevos servicios.

es doctor ingeniero en Telecomunicaciones. Secretario de Organización del Sindicato de Teléfonos de UGT.

(1) Arthur D. Lyttle: Telephone Engineering and management, 1 febrero 1980.

(2) Informe Departamento Comercial. Junio 1981.