Rodríguez Inciarte confía en que la televisión privada se regule en esta legislatura
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El ministro de la Presidencia, Matías Rodríguez Inciarte, declaró ayer que confiaba en que "los proyectos de ley sobre la televisión privada puedan ser aprobados en la presente legislatura". Rodríguez Inciarte confirmó que estos proyectos serán estudiados en el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el próximo día 16, antes de ser remitidos al Congreso de los Diputados. Rodríguez Inciarte manifestó que consideraba inoportuno hacer cualquier tipo de declaración sobre el contenido de estas leyes. El ministro añadió que todos los miembros del Gabinete poseen ya una copia de los dos anteproyectos, una ley orgánica y otra ordinaria (véase EL PAIS de ayer), para que los estudien y se pronuncien en el próximo Consejo de Ministros.
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El Gobierno confirma la próxima regulación legal de la TV privada
El ministro de al Presidencia indicó que "una vez producida la sentencia del Tribunal Constitucional, me he dedidado los últimos días a analizar muy cuidadosamente su contenido para extraer las consecuencias más adecuadas, puesto que el Gobierno quiere y debe ser lo más respetuoso con lo que el Tribunal Constitucional tenga que decir en una cuestión tan importante corno la televisión privada". El ministro confirmó que en el próximo Consejo de Ministros presentará los borradores de dos proyectos de ley sobre la regulación de la televisión privada.Rodríguez Inciarte señaló que la ley orgánica abordará las cuestiones que se refieren al artículo 20 de la Constitución y la ordinaria regulará las normas para la obtención de los canales privados. El ministro no quiso referirse a los dos borradores de proyectos de ley que presentará en el próximo Consejo de Ministros, cuyo contenido adelantó en su edición de ayer EL PAIS.
La decisión ministerial de poner en marcha una acción legislativa para regular la concesión de la televisión privada ha tomado cuerpo una semana después de que el Tribunal Constitucional señalara, desestimando un recurso de amparo de Antena 3, que la televisión privada "no está necesariamente impuesta ni es una derivación necesaria del artículo 20 de la Constitución"; la implantación de estas emisoras, decía el alto tribunal, "no es una exigencia jurídico constitucional, sino una decisión política que puede adoptarse dentro del marco de la Constitución, por la vía de una ley orgánica".
A raíz de aquella sentencia desestimatoria, el abogado de la sociedad mercantil Antena 3, Manuel Jiménez de Parga, anunció que la mencionada empresa recurriría ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si en el plazo de tres meses no se regulaba en España el derecho a implantar televisiones privadas. Jiménez de Parga, de vacaciones en Francia, estaba ayer ilocalizable, al igual que los altos directivos de la citada empresa, para comentar la iniciativa de Presidencia.
Iñaki Gabilondo, director de Radiotelevisión 16, que también tiene solicitadas emisoras, se mostró ayer partidario, en declaraciones hechas al diario del grupo 16, "de que se concedan (las televisiones privadas) a la mayor cantidad de grupos posibles, porque creo que el modelo italiano es el más democrático que existe". Por su parte, Joaquín Peláez, director de Tele-Ser, la división televisiva de la cadena SER, mostró, por su parte, su desconfianza ante la perspectiva de que haya televisión privada en España antes de 1983.
Información sobre el modelo italiano de televisión privada en página 35.
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