Escaso entusiasmo en el Ayuntamiento barcelonés por los 8.000 millones que concede el Gobierno

El proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes Generales por el que se propone la concesión de un crédito extraordinario de 8.000 millones de pesetas a fondo perdido al Ayuntamiento de Barcelona ha sido acogido con escaso entusiasmo por las diferentes fuerzas políticas catalanas. Quienes ven con buenos ojos el crédito, PSC y PSUC fundamentalmente, opinan que llega tarde y mal, mientras que Convergencia y Unión lo considera inútil y el PSUC-comunista califica la decisión gubernamental de "demagógica y electoralista".

El citado proyecto de ley recoge en parte los acuerdos del pasado mes de julio, en virtud de los cuales el Gobierno central se hacía cargo del déficit generado por el Ayuntamiento de Barcelona, previéndose una congelación en determinados gastos como contrapartida. En total las cantidades a percibir por el municipio barcelonés serán los citados 8.000 millones, más otros 1.270 destinados a pagar la emisión de obligaciones del Metro de Barcelona.Los 8.000 millones del crédito extraordinario, de los cuales 3.000 millones serán percibidos inmediatamente en forma de anticipo, servirán para compensar el déficit real del presupuesto correspondiente a 1980. Los problemas económicos del municipio arrancan del período 197579, cuando se recurrió a créditos bancarios para enjugarse el déficit municipal, en ausencia de una ley de régimen local y otra de financiación de las corporaciones locales.

Los créditos bancarios suponen en este momento para el Ayuntamiento unos gastos de 4.500 millones de pesetas anuales aproximadamente, es decir, casi el 10% de su presupuesto. El problema se agrava, en el caso concreto de Barcelona, con dos cuestiones accesorias. En primer lugar, la existencia de un baremo para las transferencias procedentes del Fondo Nacional de Cooperación Municipal que es proporcional al número de habitantes. A este respecto hay que recordar que Barcelona se halla incluída con su área metropolitana, formada por veintisiete municipios, todos ellos, excepción hecha de la capital, afectados por el módulo inferior. El reconocimiento de este hecho específico representaría para la corporación metropolitana unos ingresos aproximados de dos mil millones de pesetas más al año.

Servicios asistenciales

El segundo problema del Ayuntamiento de Barcelona estriba en que tiene a su cargo un bloque de servicios asistenciales que en otros municipios corresponden al Estado, lo que grava fuertemente el presupuesto. La petiidión por parte de CiU de que el Ayuntamiento remitiera estas prestaciones -cuyo coste se estima en unos 12.000 millones anuales- al Estado, motivó el pasado mes de octubre la ruptura del pacto municipal y el abandono de CiU de los cargos municipales. En ese sentido, Antoni Comas, que desempeñó la concejalía de Hacienda hasta la ruptura del pacto, fue tajante al declarar a EL PAIS que el crédito "no soluciona nada, porque no se ataca el problema de fondo".Los socialistas y el PSUC han acogido con mayor optimismo el proyecto de ley, si bien tanto Pascual Maragall, actual teniente de alcalde y miembro del PSC-PSOE, como Guillem Sánchez, concejal del PSUC adjunto al área de Hacienda, coincidieron en valorar el proyecto como "tardío e insuficiente". Maragall declaró a este diario que es lamentable que unos acuerdos a los que se llegó en julio pasado hayan tardado casi nueve meses en materializarse y que no deja de ser llamativo que esto se produzca en período preelectoral, añadiendo que el retraso se debe a "una falta de voluntad política".

Como consecuencia de los acuerdos del pasado julio, el Gobierno redactó en el mes de septiembre un proyecto de ley, con un artículo único, en virtud del cual se concedían ocho mil millones de pesetas al ayuntamiento de Barcelona, y un segundo proyecto que establecía las contrapartidas. Tras ser rechazado el primero de ellos, se procedió a refundirlos en uno solo, que es el ahora remitido a las Cortes Generales para su aprobación.