El gobernador de Barcelona recurre contra la creación de dos cargos municipales

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Pascual Maragall ha calificado de "grave error jurídico y político" la decisión del gobernador civil de Barcelona, Jorge Fernández, de presentar recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Territorial contra un acuerdo municipal por el que se creaban dos altos cargos de gestión municipal interna.

Los acuerdos fueron adoptados en su día por la comisión municipal permanente, en el marco de la reforma administrativa. Los cargos creados son los de coordinador de servicios de régimen interior y controlador de gestión. A juicio de los responsables municipales, ambos cargos complementan y precisan las atribuciones del secretario general y del interventor del Ayuntamiento.Por el contrario, el grupo municipal centrista, en la oposición, criticó duramente los acuerdos argumentando que tales cargos mermaban en realidad los (le secretario general e interventor, y presentaron recurso de revocación ante la comisión municipal permanente. Ahora el gobernador civil de Barcelona ha presentado el recurso contencioso-administrativo, lo cual conlleva la suspensión de los acuerdos municipales hasta que la Audiencia Territorial se pronuncie sobre el tema. El plazo máximo para este pronunciamiento es de un mes.

El teniente de alcalde Pascual Maragall insistió en conferencia de Prensa en la necesidad de los nuevos cargos, y dijo que el gobernador civil ha hecho dejación de sus funciones institucionales para actuar como militante de Centristas de Cataluña-UCD, cuyo grupo municipal, precisó Maragall, había iniciado una campaña obstruccionista en el Ayuntamiento con fines electorales.

Fuentes próximas al equipo municipal de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona señalaron que la acción del gobernador que ha dado lugar al actual conflicto se produce poco después de las impugnaciones presentadas al concurso-oposición convocado para cubrir la plaza de inspector jefe de la guardia urbana de Barcelona. De las cuatro impugnaciones presentadas, una correspondería al grupo municipal centrista, y otra al subinspector jefe de la guardia urbana, Fernández Ortega, precisamente padre del actual gobernador civil, Jorge Fernández Diez.