El Fondo de Garantía de Depósitos para las cooperativas de crédito será puesto en marcha en las próximas semanas

El Fondo de Garantía de Depósitos para las cooperativas de crédito y cajas rurales, que fue retirado ayer por segunda vez del consejo de ministros y será estudiado en el próximo, será puesto en marcha en las próximas semanas, según medios financieros. Quedará así equiparada a la la banca y cajas de ahorros esta última parte del sistema financiero, sujeta hasta ahora a menos controles y que, si no llega a cubrir el 4% en depósitos totales, tiene el 10% de las oficinas y está orientada sobre todo a un sector de población tan numeroso como el agrario.

Además de atender la doble finalidad de los fondos existentes, que actúan como mecanismos de protección de los depositantes y de saneamiento de las instituciones financieras con problemas, los controles previstos tratan de garantizar una administración más cuidadosa y responsable de las cajas rurales y otras cooperativas de crédito (véase EL PAIS del sábado pasado).El nuevo Fondo será creado en el Banco de España, a quien corresponderá su gestión y administración. Tiene previsto integrar a las cajas rurales y cooperativas de crédito que lo soliciten y tengan una equilibrada situación económico -financiera, a juzgar por una comisión asesora que formarán cuatro representantes de las cooperativas y otros cuatro del Banco de España. La comisión podrá acordar que los beneficiarios se sometan a auditoría contable, extensible a las sociedades filiales (normalmente, cooperativas agrarias, industriales o laborales).

Para cubrir la garantía de hasta un millón y medio de pesetas a cada depositante de las entidades acogidas, el proyecto de Fondo será financiado con el uno por mil de los depósitos de sus miembros a 31 de diciembre de cada año, así como una cantidad igual a la suma de las anteriores por parte del Banco de España. El texto al que ha tenido acceso este periódico no habla de posibles anticipos a cargo del Banco emisor. Este podía anticipar a los Fondos de banca y cajas de ahorro un total de nueve anualidades, tope que fue suprimido el pasado verano.

Quizá para cubrir esta diferencia, el proyecto de Decreto creador del nuevo Fondo indica que la comisión asesora propondrá al Ministerio de Economía y Comercio, a través del Banco de España, la concesión de créditos con o sin interés. Los beneficiarios serían las cooperativas con riesgos de insolvencia derivados de la situación económica y patrimonial y en las que concurran razones de interés público.

Los mecanismos de intervención previstos en este caso pueden ser distintos también. Se podrán en marcha cuando el Banco de España, informado por la comisión citada, conmine a los rectores de una cooperativa para que restablezca su situación patrimonial, a la vista de eventuales pérdidas reflejadas por balance o auditoría. Si la conminación no es atendida, se podrá acordar la intervención. Esta, y aquí estriba la principal novedad, podrá ser encomendada a la Caja Rural Nacional, a otra cooperativa con medios suficientes, o a alguno de los consorcios de solvencia o liquidez existentes. No obstante, el Fondo podrá restablecer las situaciones mediante afianzamientos o asunción de pérdidas o créditos de dudoso cobro.

Como medidas sancionadoras se ha previsto la exclusión del Fondo o, si la conminación no es atendida en seis meses, la disolución de la entidad en cuestión. Otra novedad del nuevo Fondo con respecto a los anteriores será que la devolución de hasta un millón y medio por depositante podrá dejarse en suspenso cuando se presuma la relación o participación de algún depositante con la entrada en crisis de la cooperativa de crédito, mientras el asunto no se aclare judicialmente. Medios financieros atribuyen singular importancia esta medida, pues las cooperativas de crédito son dirigidas generalmente por algunos de sus miembros y en muchas ocasiones se nutren de fondos de estos o tienen algunos riesgos contraídos con ellos o sus empresas.

La obligación de reembolsar los depósitos garantizados no comprenderá a aquellos en que concurra un quebrantamiento de las disposiciones vigentes.

A través de sus 2.900 oficinas, las 151 cooperativas de crédito existentes reúnen actualmente depósitos próximos al medio billón de pesetas (los datos a 31 de junio pasado aparecen en el cuadro adjunto), pues están creciendo a un ritmo anual del 30%, casi el doble que los bancos y cajas de ahorros. Inicialmente fueron concebidas para financiar el cooperativismo agrario, aunque en la práctica están equiparadas operativamente desde 1978 al resto de los intermediarios financieros. Desde entonces se han acentuado los controles sobre las mismas, pues preocupaba la posible desviación de dinero hacia otros negocios.

Las cooperativas de crédito están diferenciadas en dos grupos: las cajas rurales, que reglamentariamente deben dedicar sus operaciones a la mejora del medio rural y a los sectores agrícola, forestal o ganadero; y las cooperativas, no agrícolas. En el primer grupo (EL PAIS del sábado pasado) dominan los miembros de la Caja Rural Nacional, aglutinados en el Consorcio Nacional de Cajas Rurales. Dentro del segundo, la principal organización es la Caja Laboral Popular de Mondragón, de carácter industrial y que supera los 50.000 millones de pesetas en recursos ajenos; los otros subgrupos corresponden principalmente a colegios profesionales u organizaciones; gremiales.

Algunas cooperativas generales han sido promovidas como empresas de naturaleza bancaria, para eludir el desembolso de los capitales y otras garantías exigidos a los bancos.

Reforzar el control

El proyecto de Fondo fue impulsado por el Banco de España para reforzar sus controles y salir al paso de las situaciones irregulares o de crisis observadas últimente en varias cooperativas. Es el caso de la Caja Rural de Santander, de la de Moncofar (Castellón), de alguna valenciana y, más recientemente, de la Caja de Crédito Mutual de Baleares, que suspendió pagos hace varios meses.

El Fondo iba a ser estudiado por el Consejo de Ministros anterior, pero a última hora se decidió formalizar una ronda de consultas. Fue estudiado en la última comisión general de subsecretarios, que tuvo en cuenta diversos matices jurídicos, orientados fundamentalmente a adaptar la disposición a la Ley de Cooperativas de 1971, y que continuará su estudio en la próxima reunión.

Aunque la equiparación en garantias a los depositantes empezaba a ser sentida como necesidad imperiosa para competir con bancos y cajas, algunos directivos se han mostrado recelosos del mayor control que ahora se puede introducir.