Un congreso internacional de la familia

EL RECIENTE Congreso Internacional de la Familia, celebrado en Madrid con el objetivo central de aprobar una Declaración Universal sobre los Derechos Familiares, fue un encuentro atípico en su convocatoria y funcionamiento. A pesar de la relativa homogeneidad de los participantes, pronto se puso de manifiesto, sin embargo, que el modelo familiar subyacente al anteproyecto de Declaración Universal, entregado por los organizadores a los participantes al comienzo del Congreso, respondía fundamentalmente a la visión tradicional de la familia en el mundo occidental y no daba cabida a la variedad de culturas que han recuperado su identidad y la conciencia de sus valores, tras una larga etapa de eurocentrismo y colonialismo, durante las últimas décadas. Parece evidente, en cualquier caso, que cualquier carta magna en torno a esa institución social tendría que desarrollar un concepto de familia que no abarcara sólo a la familia jerárquica y paternalista característica de nuestro pasado occidental -y que es precisamente la que se halla en crisis, según el criterio de la mayoría de los sociólogos-, sino que también incluyera otras tradiciones culturales, como por ejemplo la de ese delegado del Zaire en cuyo clan originario domina la familia matriarcal de la que el padre físico no forma parte.Tan ambicioso proyecto resultaba obviamente excesivo para un Congreso condicionado por asociaciones católicas más bien conservadoras. El resultado de las dificultades para un diálogo sincero y sin prejuicios fue que el Congreso, incapaz de aprobar el anteproyecto de Deelaracíón Universal preparado por los organizadores, se viera forzado a concluir con una abstracta declaración de principios. En este sentido, se podría decir que esta reunión internacional ha fracasado en sus objetivos. Algunos dirigentes de la Confederación Católica de Padres, núcleo motor de este congreso, no dejaron de proclamar el carácter pluralista y aconfesional que el asociacionismo familiar tendría que revestir en la pretendida Declaración Universal, lamentando la automarginación de los sectores más críticos. Sin dudar de la sinceridad de sus declaraciones no se puede olvidar, sin embargo, que esta organización se declaró particularmente beligerante contra la ley del divorcio y en favor del discutible Estatuto de Centros Docentes y que ha defendido en varias ocasiones posturas ultraconservadoras a propósito de los contenidos educativos. Dicha Confederación también ha levantado la bandera antiabortista sin las mas mínima matización de carácter social o sanitario y sin pararse a diferenciar entre las condenas morales del aborto y el ámbito muy distinto de las sanciones penales de privación de libertad contra las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo. Con este punto se identificaron, por lo demás, la gran mayoría de los asistentes al Congreso, que respondieron con una rotunda condena al fallo absolutorio de los jueces de Bibao contra las mujeres acusadas del delito de aborto. Pero la realidad definitiva es que el concepto de familia cristiana burguesa que se pretendió imponer en la asamblea desdice de la realidad constatable y menosprecia los problemas concretos que la organización familiar suscita en el mundo actual.

El loable esfuerzo de quienes intentan sensibilizar a la opinión pública sobre los derechos y los deberes de la familia no debería ser metido en el mismo saco con las abusivas pretensiones de un tipo de asociacionismo que trata de reducir al silencio a las instituciones democráticas y de erigirse en mediador privilegiado o exclusivo entre el individuo y las instituciones estatales. La crítica a las insuficiencias o a los errores de la política familiar de los partidos, en si misma legítima y necesaria, adopta una significación condenable cuando lleva sus pretensiones hasta el extremo de negar a los partidos representatividad suficiente para defender una política global sobre los intereses de la familia. Se llega así a planteamientos mucho más cercanos al corporativismo político, emparentado con el Tercio Familiar de la democracia orgánica de antaño, que a la aceptación de los valores y de los principios del sistema constitucional de libertades. Es cierto que las democracias se consolidan en la medida en que se multiplican las iniciativas sociales y se desarrolla el asociacionismo. Pero no se puede olvidar que un instrumento imprescindible de mediación democrática entre la vida pública y el individuo son precisamente los partidos, por fiecesarias que sean, en su ámbito, las asociaciones familiares. Por esta razón, resultaría inadmisible que el Estado financiase una política familiar formulada exclusivamente desde los sesgados y parciales puntos de vista de una forma específica de asociacionismo, empeñado en marginar de sus proyectos la valoración por aquellos órganos de representación política que son, por mandato constitucional, el vehículo fundamental para la participación de los ciudadanos en la formación y manifestación de la voluntad popular.