Coalición Democrática pide prioridad para una nueva ley electoral

El Grupo Parlamentario de Coalición Democrática (CD) ha presentado una propuesta sobre prioridades en la tramitación de proyectos y proposiciones de ley, entre los que figuran los textos sobre Financiación de la Enseñanza Obligatoria, de Bases de la Familia y Ley Orgánica General Electoral. Este último proyecto no ha sido presentado, ni el Gobierno ha dicho que se disponga a hacerlo. La propuesta de CD incluye también la realización de debates sobre política general, el primero de ellos sobre política económica y de empleo, y el segundo sobre la Seguridad Social.Asimismo, en la lista de textos para cuya tramitación pide prioridad CD figuran el proyecto sobre armonización de las disposiciones normativas de las comunidades autónomas sobre determinadas materias, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), el proyecto sobre Dotaciones Presupuestarias para Inversiones y Sostenimiento de las Fuerzas Armadas, y las dos leyes sobre funcionarios: Regulación del Ejercicio de los Derechos y Libertades por los Funcionarios Públicos, y proyecto de Bases del Régimen Estátutario de los Funcionarios Públicos.

Otros proyectos que figuran entre las prioridades de CD son los de las leyes de Bases de la Administración Local, Orgánica del Poder Judicial, Enjuiciamiento Criminal (pendiente de presentación), del Consumidor, Reguladora de la Cesión de Tributos a las Comunídades Autónomas, Orgánica de reforma parcial del Código Penal, estatutos de autonomía pendientes, Financiación Agraria, Cámaras Agrarias (a presentar por el Gobierno), modificación de la legislación vigente sobre Contrabando y Presupuestaria de las Corporaciones Locales (pendiente de presentar). Finalmente, figura en esta relación de prioridades la proposición de ley de Arrendamientos Urbanos, adicional a la de 1964.

Interpelación sobre regiones con centrales nucleares

Por otra parte, el senador por Badajoz Luis Ramallo, que abandonó UCD para pasar al Grupo Mixto, ha presentado una interpelación al Gobierno sobre las centrales nucleares en Extremadura, en la que entre otras cosas pregunta si el Ejecutivo está dispuesto a concluir de inmediato acuerdos similares al celebrado con el País Vasco en todas aquellas regiones que alberguen centrales nucleares.

El senador señala en la motivación de su pregunta que Extremadura sufre el empeoramiento de su situación socioeconómica, día a día, sin que se cumplan las contrapartidas acordadas por su junta regional el 24 de noviembre de 1979, a cambio del funcionamiento en esa tierra de centrales nucleares.

Dice después que Extremadura, al consentir el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz y la construcción de la de Valdecaballeros, sin serle necesaria la energía que en ellas se produce o se vaya a producir, ha traducido en hechos la solidaridad que se predica en la Constitución española, pero contempla como "el Gobierno no nos devuelve esa solidaridad ni siquiera en el Fondo de Compensación Interregional, que es engañoso e insuficiente".