Posible juez especial para la querella contra el director de la Caja Rural de Santander

La Audiencia Provincial de Santander ha dictado una resolución por la que discrepa de la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de archivar la querella presentada por el presidente del comité de empresa de la Caja Rural de Santander contra el director de ésta, Tomás Mier, por presuntos delitos de estafa y falsedad. Es muy posible que la parte querellante solicite, ante la complejidad de los hechos, el nombramiento de un juez especial.La decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, tras no acceder a la práctica de las pruebas solicitadas por el abogado de la parte querellante de archivar la querella presentada por el presidente del comité de empresa de la Caja Rural, Javier Mena, contra el director de la citada entidad, ha quedado revocada por la resolución de la Audiencia Provincial. En ésta se estima que, sin perjuicio del carácter punitivo que puedan revestir los hechos motivo de la querella, procede la práctica de las pruebas solicitadas por el querellante, en concreto, la declaración de los miembros del consejo rector de la caja, y se oficia al Banco de España para que entregue los informes relativos a la inspección realizada en la entidad de crédito, así como de las sanciones impuestas a sus órganos directivos.

Pago de extratipos

El origen de la querella se encuentra en la existencia de una cuenta de crédito abierta a nombre de la cooperativa de Ajo-Bareyo, por un importe de veintidós millones de pesetas, cuya existencia desconocían los representantes de ésta, y que ha servido, según declaración del director de la Caja Rural, para el pago de extratipos a determinados clientes de la entidad. La no existencia de comprobantes de estos pagos y la propia existencia de la cuenta es, en opinión del abogado del querellante, indicio racional de delito.El abogado autor de la querella manifestó que es sorprendente que no haya sido el mismo Banco de España quien haya dado traslado al Ministerio Fiscal de los hechos probados por la inspección y que podrían dar lugar a responsabilidades penales, así como la actitud del Ministerio Fiscal ante la apelación elevada a la Audiencia Provincial, a la que se opuso. El caso, que ha vuelto al Juzgado que inició los trámites, se encuentra pendiente de la declaración del consejo rector de la caja, que, según manifestó el director, Tomás Mier, conocía la existencia de la cuenta, extremo que niegan algunos de los consejeros.

Por otra parte, la política de saneamiento económico de la Caja Rural santanderina, iniciada por el Consorcio Nacional de Cajas Rurales, que se hizo cargo de aquélla tras el cese de los directivos de la entidad, está chocando con fuertes dificultades.