El Gobierno abre las puertas a la flexibilización de plantillas quitando limitaciones a la contratación temporal

El Gobierno ha presentado a los miembros del Consejo General del Instituto Nacional de Empleo (INEM) un proyecto de real decreto que elimina las limitaciones hasta ahora existentes en materia de contratación temporal y bonifica al ciento por ciento la cuota empresarial en este tipo de contratos. CC OO y UGT acusan a la Administración de ceder a las peticiones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de propiciar la flexibilización de plantillas. Nada impide, con el nuevo proyecto, que una empresa tenga la totalidad de su plantilla con carácter eventual.

El proyecto de Real Decreto deroga los dos que vienen regulando estas contrataciones, el 1363/1981 de 3 de julio sobre contratación temporal como medida de fomento de empleo y el 1364/1981, de la misma fecha, por el que se establecen normas de fomento del empleo para determinados grupos de trabajadores desempleados.Como diferencia importante entre el citado proyecto y la normativa existente, se recoge la supresión de límites en cuanto a porcentaje de plantilla acogida a contratación temporal.

El Real Decreto 1363/1981 de 3 de julio fijaba que en plantillas de más de mil trabajadores, la contratación temporal no podía superar el 5%; en las que tuvieran entre quinientos y mil el 10%; entre 250 y quinientos trabajadores el 15%; entre cien y 250 el 20%; entre cincuenta y cien el 25%, y menos de cincuenta trabajadores el 30%. En pura teoría, nada evita que con el nuevo decreto una empresa pudiera tener la totalidad de su personal bajo esta modalidad.

Esto que, en principio, puede resultar anecdótico y disparatado es, según el decreto, perfectamente posible. En medios sindicales se indicó que la importancia de las bonificaciones ofertadas a este tipo de contratos podían compensar las indemnizaciones por despido.

Las bonificaciones que el citado proyecto ofrece a las empresas, recogidas en una de las cuatro alternativas que contempla el redactado del decreto -la primera es suprimir las bonificaciones en su totalidad-, son del ciento por ciento de la cuota emIpresarial de la Seguridad Social, incluidas todas las contingencias, durante un año, cuando el contrato tenga una duración mínima de doce meses. Esta bonificación se ampliará a dos años cuando el contrato se celebre con trabajadores que tengan cargas familiares o que hayan agotado las prestaciones de desempleo. Otras alternativas limitan esta bonificación a los contratos para jóvenes de dieciocho a veintiséis años o que tengan cargas familiares.

Es precisamente la importancia de las bonificaciones lo que hace temer a los sindicatos que las empresas opten por cubrir el mayor número de plazas con personal contratado bajo esta modalidad.

Por otra parte, el Real Decreto 1364/1981, sobre contratación bonificada que quedaría derogado con el proyecto, impide la contratación de trabajadores cuando haya habido regulación de empleo o despido improcedente antes o durante la duración del contrato siempre que sea dentro de la misma categoría. Con ello se intentaba que las bonificaciones tuvieran como principal objetivo la creación de puestos de trabajo, evitando que las plazas vacantes se cubrieran con personal bonificado, lo que no contempla este decreto.

Reacciones sindicales

Tanto CC OO corno UGT han reaccionado ante la propuesta del Gobierno, calificándolo de intento de flexibilizar las plantillas y crear una inseguridad mayor en el puesto de trabajo. Entre los programas de fomento de empleo que hasta ahora vienen funcionando, los que el proyecto de Real Decreto pretende modificar, son, a juicio de las centrales y a juzgar por los mismos datos del INEM, los que más han propiciado la contratación.

"Lo que ocurre", señaló Pedro Guardeño, de UGT, "es que no les importa tanto el resultado como el introducir la flexibilización de plantillas. Más les valdría que, tanto el presidente del Consejo General del INEM como el nuevo director general, remedien e intenten poner orden en la nefasta Administración del INEM, en lugar de hacerse eco de la postura de la CEOE". A juicio de Guardeño, se produce un notable retraso interno del INEM, poniendo como ejemplo "lo que está ocurriendo con las prestaciones por desempleo".

Las referencias a la CEOE, como inspiradora del proyecto, son también recogidas por CC OO que, en un comunicado difundido ayer, señala que "es público que la CEOE venía exigiendo la revisión de estos decretos para eliminar las ya insuficientes garantías para el trabajador contenidas en los mismos".

Alfonso Vázquez, de CC OO, tras señalar el peligro ímplicito en el documento del Gobierno de "no crear nuevos empleos sino sustituirlos", subrayó que, además de los aspectos ya reseñados, el nuevo proyecto de decreto amplia, con carácter indefinido la vigencia de este tipo de contratación. Los decretos en vigor, caducaban el 31 de diciembre de 1982.