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La LOAPA inicia su tramitación parlamentaria con la rotunda oposición de nacionalistas y comunistas

El proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) comenzará a tramitarse en breve en ponencia, al haber rechazado ayer la comisión constitucional las ocho enmiendas a la totalidad del proyecto que solicitaban su devolución al Gobierno. La LOAPA que saldrá definitivamente redactada de la ponencia y de la comisión es fruto del pacto entre UCD y PSOE, y cuenta con la oposición rotunda de las minorías nacionalistas (vascos, catalanes y andalucistas) y del Grupo Parlamentario Comunista.

Dos cuestiones ensombrecen el futuro de la LOAPA: la posible presentación de recursos de inconstitucionalidad, como ya advirtió ayer el representante andalucista, y la inestabilidad interna de UCD.Pese a que la socialista María Izquierdo admitió que no cuentan con garantías de que UCD no dé marcha atrás en los pactos autonómicos a última hora, como ha ocurrido con la LAU y el estatuto del País Valenciano, -y advirtió que le consta que una parte de los parlamentarios centristas no están de acuerdo con la LOAPA-, dijo ayer que confía en que esta ley esté aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados antes de que finalice el presente período de sesiones, el próximo mes de junio.

En el supuesto de que se cumpla el pronóstico de María Izquierdo, la LOAPA debe ser ratificada por el Senado y nuevamente aprobada en el Congreso. En consecuencia, su aprobación definitiva se realizará, muy probablemente, después de las próximas elecciones generales. Al ser preguntada, en un almuerzo celebrado ayer con los periodistas, sobre si el futuro gobierno socialista, en el caso de que ganaran las elecciones, modificaría la LOAPA, María Izquierdo respondió: "Dependerá de las circunstancias, pero imagino que sí". La diputada socialista añadió que el PSOE estaba reactivando la LOAPA, porque era ésta la única manera de evitar la formación de la mayoría natural (pacto de UCD con el partido de Manuel Fraga), ya que la LOAPA es el único texto donde UCD gobierna, de hecho, con el PSOE.

En la maratoniana sesión de la mañana de ayer, (cinco horas ininterrumpidas de debate), la comisión constitucional rechazó, con los votos de Coalición Democrática, UCD y PSOE, las ocho enmiendas a la totalidad ya mencionadas.

Quienes votaron en contra -Minoría Vasca, Minoría Catalana, Grupo Andalucista y los representantes del Grupo Mixto, el catalán Josep Pi y Sunyer y el vasco Juan María Bandrés- emplearon en sus ataques a la LOAPA argumentos muy parecidos que, en síntesis, de reducen a dos: la LOAPA es innecesaria y no se ajusta a la Constitución, porque, en su opinión, no puede tener rango de ley orgánica y modifica los estatutos de autonomía ya vigentes. Bandrés llegó a afirmar que quienes propugnan esta ley están herribatasunizando el país.

Respecto al primer punto, el ataque más contundente corrió a cargo del portavoz de la Minoría Catalana, Miguel Roca, quien dijo que sin la LOAPA los estatutos ya vigentes habían sido aprobados con normalidad y funcionaban bien, mientras que el primer estatuto de autonomía fruto de los pactos UCD-PSOE, el del País Valenciano, había sido un rotundo fracaso. Al mismo tiempo, Roca propuso que se renegociara el texto, contando con las minorías.

A este argumento respondió la socialista María Izquierdo diciendo que los gobiernos de las comunidades autónomas (PNV y Convergencia Democrática) utilizaban la LOAPA como pretexto para esconder su incapacidad real para hacer una buena gestión, y Ernest Lluch (Socialistas de Catalunya) añadió, en el almuerzo citado, que desde los pactos autonómicos UCDPSOE los estatutos de autonomía habían experimentado una aceleración tal que se podía garantizar que en 1983 el mapa autonómico español estará completo.

Supuesta inconstitucionalidad

En lo que se refiere a la segunda cuestión, a la inconstitucionalidad de la LOAPA, se argumentó que la ley "regula toda clase de materias que nada tienen que ver con los derechos fundamentales", en palabras de Pi i Sunyer, ya que la Constitución -establece que para tener el rango de ley orgánica debe afectar al desarrollo de estos derechos. "Esta ley es una reforma encubierta del título VIII de la Constitución", por la que tanto tiempo ha clamado Manuel Fraga, y "viola la Constitución" fueron las frases más contundentes pronunciadas al respecto por Miguel Roca y Marcos Vizcaya, respectivamente.

Asimismo, las protestas de los nacionalistas continuaron en el sentido de que la LOAPA modifica los estatutos ya vigentes (por cierto, nadie habló ayer del estatuto de Galicia, tan en vigor como el de Cataluña y Euskadi), por los obstáculos que supone para la creación de una función pública propia y por negar a los gobiernos autónomos las competencias exclusivas. La pérdida del control sobre las cámaras agrarias, de comercio y las cofradías de pescadores fue también objeto de su descontento. "Si se aplica la LOAPA, mi estatuto ya no será el mismo, señorías, y no me pueden demostrar lo contrario", dijo Marcos Vizcaya.

Ernest Lluch, tras asegurar que no sólo no alteraba los estatutos ya vigentes sino que los consolidaba, dijo que la LOAPA evitaba casos como el ocurrido en Cataluña: "La Generalidad", dijo, "ha tenido que invertir más de 7.000 millones de pesetas para contratar nuevos funcionarios, ya que los que el Gobierno quería traspasar al gabinete autónomo se negaron. Esto no hubiera ocurrido con la LOAPA". Similares tesis defendidas por Juan Manuel Reo¡ dieron lugar a un curioso debate sobre las siglas. Roca propuso que se denominara Ley Orgánica de Armonización Generosa de las Bases Interpretativas del Proceso Autonómico (LOAGBIPA), mientras que Solé Tura lo dejó reducido a LPA, ya que, dijo, ni es orgánica ni armoniza nada, luego le sobran las dos vocales".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de marzo de 1982

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