El Pleno del Congreso rechaza las propuestas de la izquierda sobre incompatibilidades

25 mar 1982 - 00:00CET

El pleno del Congreso de los Diputados comenzó anoche el estudio del proyecto de ley de Incompatibilidades con el debate sobre las enmiendas a la totalidad, con texto alternativo, formuladas por los grupos socialista y comunista. El ministro de la Presidencia, Matías Rodríguez Inciarte, se opuso a la propuesta socialista por entender, entre otras cosas, que la extensión de la incompatibilidad a todo el personal de la Seguridad Social significaría "un acto de voluntarismo político llamado a estrellarse con la testaruda realidad". El clima de la Cámara se calentó durante este debate, en el que proliferaron los abucheos a los diputados intervinientes, especialmente desde la izquierda hacia el portavoz centrista y subsecretario de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, José Miguel Bravo de Laguna. El ministro de la Presidencia presentó el proyecto de ley, en el que destacó las modificaciones sustenciales introducidas por la Comisión de Presidencia, entre las que señaló la ampliación de la incompatibilidad a las actividades lucrativas privadas de los servidores públicos. Consideró que el dictamen de la citada comisión no había podido abordar las causas de incompatibilidad de los diputados y senadores, por respeto al artículo 70 de la Constitución, que relaciona esta cuestión con la ley electoral.Pasa a la página 13

Proyecto polémico

Tensión en el Pleno del Congreso al iniciar el debate sobre la amplitud del régimen de incompatibilidades

La enmienda comunista a la totalidad del proyecto de ley de incompatibilidades fue defendida por Fernando Pérez Royo, quien reconoció algunos pequeños avances del texto a debate, pero señaló que son mayores los retrocesos experimentado, entre ellos el de dejar fuera del ámbito de la ley al personal no funcionario al servicio de la Seguridad Social y la legalización del plurisueldo que significa el establecimiento de la jornada reducida.Pérez Royo recordó la oposición inicial a la regulación de las incompatibilidades por parte del ex portavoz centrista, ahora en las filas de Alianza Popular, Miguel Herrero de Miñón y calificó también de peregrina la tesis del también diputado centrista, José Manuel Otero, según la cual las incompatibilidades supondrían una restricción a la libertad de trabajo. En defensa del planteamiento de su grupo, manifestó que la incompatibilidad entre la función pública y la actividad privada debe ser radical y denunció las presiones de colectivos privilegiados de la sociedad atendidas por la misma UCD que "se subió a la parra" cuando se produjeron presiones democráticas en relación con el Estatuto de los Trabajadores o con otras cuestiones.

El ministro de la Presidencia, Matías Rodríguez Inciarte, asegur¿, que la discusión del proyecto de ley demuestra la voluntad moralizadora del Gobierno en materia de incompatibilidades y negó que el Gabinete hubiera aceptado presiones.

Por los diez diputados de Acción Democrática, Javier Moscoso explicó la abstención de su grupo (lo que produjo un murmullo de desencanto en los escaños de la izquierda), por estimar el texto insuficiente y confuso, pero significar un avance en materia de incompatibilidades con las actividades privadas. Por la minoría catalana, LLibert Cuatrecasas anunció el voto en contra de su grupo a las enmiendas a la totalidad, por entender que la ley inicia una delimitación clara de las incompatibilidades. La última intervención fue la de Alfonso Osorio, quien también anunció el voto en contra de las enmiendas socialista y comunista. Explicó que la buena Administración no se obtendrá por el camino de las incompatibilidades sino que previamente es precisa una buena remuneración de los funcionarios.

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