El Congreso acepta numerosas enmiendas del Senado a la ley de Integración de los Minusválidos

La Ley de Integración Social de los minusválidos entrará en vigor, probablemente, el próximo mes de abril, tras concluir ayer su tramitación parlamentaria en el Pleno del Congreso de los Diputados, que aceptó gran parte de las modificaciones introducidas por el Senado. Los portavoces de la izquierda, el comunista Manuel Núñez y el socialista Angel Díaz Sol, destacaron los defectos del texto aprobado, a pesar de lo cual consideraron que con la nueva ley se da un primer paso para remediar la situación y atender las reivindicaciones de los minusválidos.

Por UCD, Alfonso Bañón estimó, en cambio, que no se trataba de un primer paso, sino de un último, con el que culmina el apoyo que reciben los minusválidos mediante otros textos legales. Por la Minoría Catalana, Ramón Trías, presidente de la comisión que elaboró el inicial texto de la ley, valoró el proyecto como un avance en el progreso humano de la sociedad española y para la reinserción de los minusválidos.Tras otras explicaciones de voto de Manuel Fraga, por Coalición Democrática, Carmen Solano, por el Grupo Mixto, y Marcos Vizcaya, por el PNV, que destacaron el carácter positivo de la nueva ley, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Santiago Rodríguez Miranda, expresó su confianza en que los resultados de la ley sean tan alentadores como merecen quienes padecen la minusvalía. Destacó que el avance y mejora de esta situación tiene como origen el artículo 49 de la Constitución, y recordó también que la ley se inspira en la declaración de derechos del deficiente mental aprobada por las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971.

"Esta ley debe ser el primer paso para iniciar un nuevo rigor social e intelectual en el tratamiento de los minusválidos", señaló el ministro. Santiago Rodríguez Miranda manifestó también la necesidad de que se vincule la minusvalía a la rehabilitación para facilitar la reinserción social de los minusválidos, así como su integración laboral en las mejores condiciones posibles.

El diputado de Unión del Pueblo Canario Fernando Sagaseta presentó ayer ante la Mesa de la Cámara una proposición de ley para que se derogue el artículo 1.584 del Código Civil, en el que se establece que "el criado doméstico destinado al servicio personal de su amo o de la familia de éste, por tiempo determinado, puede despedirse y ser despedido antes de expirar el término". Sagaseta destaca el carácter anacrónico de este precepto, así como su anticonstitucionalidad, porque viola el artículo 14 de la Constitución, por el que se establece la igualdad de todos los españoles ante la ley.