Práctica ruptura del consenso entre UCD y PSOE sobre la ley de Autonomía Universitaria

El proyecto de Ley de Autonomía Universitaria (LAU) parece haber entrado en una vía parlamentaria de difícil salida toda vez que el acuerdo de la junta de portavoces del Congreso, con la opinión en contra del PSOE, de aplazar el debate de este proyecto de ley hasta el pleno del próximo día 20 de abril, supone una ruptura del consenso entre centristas y socialistas, necesario para que pueda salir adelante esta polémica ley orgánica, que debe ser aprobada por la mayoría absoluta de la Cámara. Los socialistas hablaban ayer de una ruptura total de los pactos que sobre esta ley venían manteniendo desde hace meses. En palabras de Gregorio Peces Barba estamos ante "una retirada encubierta" de la Ley de Autonomía Universitaria.

El Gobierno garantiza que dicho aplazamiento no impedirá que el próximo curso universitario se inaugure con una LAU vigente. Los socialistas aseguran taxativamente lo contrario, y se basan en que no va a haber tiempo y en que no están dispuestos a apoyar ninguna modificación del texto aprobado en comisión. La peculiaridad de que la LAU es una ley orgánica obliga al Gobierno a asegurarse los votos del PSOE para que pueda ser aprobada en el pleno, donde necesita la mayoría absoluta.Nada más conocerse la decisión de UCD de aplazar el debate en pleno de la LAU, adoptada en la sesión de la junta de portavoces de la mañana de ayer, siguiendo una propuesta de Manuel Fraga y con el apoyo de las minorías nacionalistas, el PSOE convocó una conferencia de prensa en la que sus representantes, Gregorio Peces Barba y Alfonso Lazo, denunciaron lo que ellos consideran una retirada de hecho de la LAU y anunciaron públicamente que no sólo se negarían a votar cualquier modificación que le proponga UCD, sino que tampoco aceptaban seguir dialogando sobre este tema con el ministro de Educación, Federico Mayor Zaragoza, por entender que "no podemos negociar con una persona que no cumple lo que pacta", en palabras de Peces Barba.

Mayor Zaragoza, por su parte, adelantó ayer que tenía el total convencimiento de que la LAU se debatiría en el presente período y que, en consecuencia, no pensaba presentar su dimisión.

Jaime Lamo de Espinosa, presidente del grupo parlamentario centrista, aseguró que el aplazamiento de la LAU no va a impedir su aprobación para antes de que se inaugure el próximo curso. Aunque Jaime Lamo habló de que la ley sólo iba a ser modificada en sus aspectos técnicos, EL PAÍS pudo saber que en el grupo parlamentario centrista se tiene el propósito de presentar cuatro o cinco temas fundamentales para modificar la polémica ley.

El PSOE, por su parte, se niega a negociar un nuevo texto, y así dejaron constancia los dos portavoces citados en la conferencia de prensa: "llevamos varios meses tratando de lograr un acuerdo con UCD sobre esta polémica ley. Al final lo conseguimos, hasta el punto de que la pasada semana estábamos negociando conjuntamente la supresión de algunas enmiendas para aligerar el debate en el pleno, y ahora nos salen con que ese texto que hace quince días los mismos centristas defendían, ya no es válido", manifestó el diputado Lazo.

Evitar la retirada

La estrategia de fondo, según la versión mayoritaria que ayer se comentaba en el pasillo del Congreso de los Diputados, apunta en otra dirección: el Gobierno y UCD tienen dos grandes problemas con la LAU. Por un lado, la presión de colectivos ajenos al Parlamento -todavía resuena el documento de los catedráticos que firmaron con García de Enterría- y, por otro, sus propias disputas internas, disputas que el portavoz Jaime Lamo dejó reducidas a discrepancias, pero que no lograron solucionarse en la larga reunión que el grupo parlamentario centrista mantuvo durante la mañana de ayer y que ha obligado a su presidente a convocar otra, con la ley nuevamente como tema monográfico, para la semana próxima.

Ante esta situación, parecía que la única salida que tenía el Gobierno era retirar la LAU, pero ello, como apuntó Gregorio Peces Barba, provocaría no sólo la dimisión de su ministro de Educación, sino que originaría además un gran escándalo en medios universitarios. En última instancia, parece ser que ahora el Gobierno trata de modificar la ley de acuerdo con esas presiones extraparlamentarias, obligar al PSOE a aceptar la modificación del texto pactado y, en caso de no conseguirlo, presentar a los socialistas como causantes de la pérdida de la votación y, en consecuencia, responsables de que en el próximo curso universitario todavía no exista una ley de autonomía universitaria. En este sentido, Gregorio Peces Barba señaló que se trataría de repetir la misma estrategia que se ha seguido con el Estatuto de Autonomía del País valenciano "pensando, lógicamente", dijo, "en las elecciones generales que se celebrarán después del verano, por mucho que el presidente Calvo Sotelo diga la contrario.

Peces Barba ironizó sobre el hecho de que "los socialistas nos hemos convertido en los máximos defensores de un proyecto de ley que es del Gobierno" y dijo hallarse muy sorprendido porque UCD había pactado el aplazamiento del debate en pleno sobre la LAU "con los enemigos de la LAU". Como se recordará, Fraga remitió un escrito al presidente del Gobierno en el que solicitaba la retirada de la misma. "No hay salida posible", continué el ponente socialista, "porque matemáticamente UCD no puede aprobar esta ley sin nuestros votos y, desde luego, nosotros no apoyaremos ni una sola de las enmiendas conservadoras y reaccionarias que nos puedan proponer. Los socialistas no volveremos a negociar", advirtió, "con personas que no cumplen su palabra".

Por su parte, el portavoz centrista y presidente adjunto a Calvo Sotelo, Jaime Lamo, en otra conferencia de prensa celebrada ayer, manifestó que su grupo había apoyado el aplazamiento solicitado por Fraga porque no alteraba el calendario de manera sustancial: entre el 20 y 28 de abril la ley estará aprobada en el pleno, cumplirá después los dos meses preceptivos en el Senado y volverá de nuevo al Congreso para la ratificación definitiva en el último pleno antes e las vacaciones veraniegas.