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Esperanzas de solución para la aportación británica al presupuesto de la CEE

Soledad Gallego-Díaz

Una pequeña puerta a la esperanza se abrió ayer en Bruselas cuando los ministros de Asuntos Exteriores de los diez declararon que una nueva propuesta, presentada por Bélgica, para resolver el problema británico merecía un juicio inicialmente favorable.El problema británico, es decir, la aportación del Reino Unido al presupuesto de la Comunidad Económica Europea (CEE), ha mantenido bloqueada la CEE desde hace meses y amenazaba con provocar una brecha de grandes proporciones en el futuro del Mercado Común, que cumple, precisamente esta semana, su veinticinco aniversario.

Nadie, sin embargo, ha echado todavía las campanas al vuelo. Los ministros volverán a reunirse, en sesión extraordinaria, el próximo 3 de abril, en Luxemburgo, y como afirmó el titular británico de Asuntos Exteriores, lord Carrington, "queda un largo camino por recorrer y un duro trabajo por hacer".

En todo caso, y pese a las renacidas esperanzas, los precios agrícolas no podrán aumentarse el 1 de abril, como teóricamente estaba previsto, porque Londres sigue insistiendo en que no dará su aprobación hasta tener en la mano su propio acuerdo. Francia, el gran enemigo del Reino Unido tampoco ha desvelado completamente sus cartas. La propuesta es "interesante y la estudiaremos con cuidado". Algo es algo, afirman los expertos.

Una tenacidad encomiable

Si el próximo día 3 se aceptara la fórmula belga -con modificaciones, muy probablemente- los diez podrían felicitarse y felicitar también a Leo Tindemans, ministro de Asuntos Exteriores belga que ocupa la presidencia de turno del Consejo y que con una tenacidad encomiable no ha cesado de buscar fórmulas de acuerdo en todas las capitales europeas.

Su último hallazgo presentado en la mesa de negociaciones después del almuerzo de ayer y de largas horas de debates infructuosos, es el siguiente: los diez se comprometen a dar una compensación al Reino Unido, a partir de 1982 y durante cinco años. Es decir, a devolverle una parte del dinero que Londres ingresa en las arcas comunitarias.

El período es más corto que el solicitado inicialmente por la dama de hierro, Margaret Thatcher, para quien siete años hubiera sido lo indicado, pero también algo mayor del que pretendían imponer los franceses, solo tres años.

Esa cantidad será fija para 1982, 1983 y 1984, pero existirá una corrección si el indicador objetivo utilizado para fijar la compensación en 1981 experimenta una variación de más o menos el 10%.

Lo que quiere decirse que no existe una degresividad por principio, como reclamaba París, pero que puede haberla (la habrá) si varían las condiciones económicas del Reino Unido.

En este caso la corrección se aprobaría por mayoría de dos tercios en una votación ponderada en la que los cuatro grandes tienen más peso que los países pequeños como Bélgica, Irlanda, Grecia, Dinamarca o Luxemburgo. Por primera vez desde 1966 se rompería el principio de unanimidad.

Otra corrección suplementaria se efectuaría si la cuota británica por el concepto de impuesto sobre valor añadido fuera mayor que su cuota por razón del producto nacional bruto. Estas correcciones, adoptadas por mayoría, funcionarían durante los tres años mencionados.

A fines de 1984, la comisión propondría compensaciones para 1985 y 1986 y en esta ocasión se volvería a la unanimidad. En la práctica, Francia sólo perdería su capacidad de control durante tres años.

El principio de acuerdo permitiría, al menos, y pase lo que pase posteriormente, que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el próximo día 29 en Bruselas dedique prioritariamente su tiempo a cuestiones tan urgentes como la posición europea conjunta frente a la política monetaria de Estados Unidos y a la exacervada producción industrial japonesa.

Prácticamente todos los países prefieren que la cumbre pase sobre ascuas por el problema británico, pero lord Carrington anunció ayer que Margaret Thatcher no piensa dejar pasar la ocasión de explicarse una vez más.

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