UCD ha nacionalizado total o parcialmente unas veinte empresas privadas en los últimos cinco años

Unas veinte empresas privadas han pasado a depender del sector público, total o parcialmente, desde 1977. Las frecuentes acusaciones al PSOE de propugnar una estatalización de la economía, vertidas por relevantes dirigentes del partido del Gobierno, e incluso por algún ministro, contrastan con el balance de cinco años de responsabilidades ejecutivas por parte de Unión de Centro Democrático. A la veintena de empresas que han pasado en el último lustro a prolongar los organigramas del Instituto Nacional de Industria o del Patrimonio del Estado hay que añadir la creación de una decena larga de nuevas empresas públicas y la dependencia indirecta de otras muchas privadas -a través de fuertes créditos o avales (caso de Altos Hornos de Vizcaya, por ejemplo)- de la Administración. Todo ello sin considerar subvenciones o ayudas diversas.

La campaña preelectoral "no declarada" que vive nuestro país desde hace meses ha puesto de nuevo sobre el tapete de la actualidad un viejo problema, nunca resuelto y pocas veces abordado más allá del verbalismo y de la teoría: el papel que juega y el que debe jugar el sector público en la economía española.Algunas declaraciones de líderes de la CEOE, como José Antonio Segurado o Carlos Ferrer, abiertamente hostiles a un posible triunfo electoral del PSOE, fueron el detonante de la vieja-nueva polémica. Las nacionalizaciones del Gobierno socialista de François Mitterrand, en Francia, dieron pie a los dirigentes empresariales españoles para que advirtieran a sus colegas y al país de los peligros que para la iniciativa privada supone una eventual llegada del PSOE al poder. Algunos destacados miembros de UCD secundaron con entusiasmo las advertencias de la patronal.

El secretario general del PSOE, Felipe González, que en las últimas semanas se entrevistó con los presidentes de los principales bancos del país, con el Círculo de Empresarios y con cualificados representantes del sector privado, se vio obligado a aclarar hasta la reiteración que no es propósito de su partido, por el momento, el proceder a incrementar el sector público. Su no rotundo a las nacionalizaciones provocó incluso algunas reacciones en contra dentro de su partido.

Un lustro de nacionalizaciones

"La nueva fiebre del sábado noche, el ultraliberalismo made in USA, y de oídas, explica este ejercicio de amnesia colectiva", comenta confidencialmente un diputado centrista. "Los empresarios a la moda", añade, "olvidan que han sido ellos quienes han endosado buena parte de sus pérdidas al INI o al Patrimonio del Estado, transfiriendo sus empresas menos boyantes al sector público, y se dedican fervorosamente a poner velas en los altares de Milton Friedman". Algunos políticos centristas, encandilados como están por la inclusión de las huestes de Antonio Garrigues, enarbolan sin rubor contra el PSOE el espantajo de las nacionalizaciones y no se acuerdan de HYTASA, Minas de Figaredo o el hotel Sarriá, por sólo citar unos ejemplos. Y, finalmente, el PSOE, según el citado diputado, debe tener presente que algunas de las nacionalizaciones de UCD han sido apoyadas por sus parlamentarios en las Cortes.En 1977, con Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y con la victoria de UCD en las primeras elecciones democráticas, el INI incorpora a su holding siete empresas, cuatro de nueva creación: Astilleros de Cartagena (con una participación directa del 22,79%), que quedaría disuelta en 1980, y tres sociedades de desarrollo industrial -las llamadas "Sodis"- para Andalucía, Canarias y Extremadura (con una participación de más del 51% en todas ellas). El INI también tomó una participación directa del 100% en Equipos Electrónicos; del 10% en Ibero Tanagra (que sería disuelta un año después), y del 51% en Textil Tarazona. La Dirección General del Patrimonio del Estado (20% del capital) e Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (80% del capital) crean en 1977, con un capital de 2.000 millones de pesetas, la Empresa Nacional de Transformación Agraria.

En 1978, el INI adquiere el 100% de Altos Hornos del Mediterráneo, el 51% de Diques del Atlántico (un 6% es participación indirecta) y pasa a controlar directamente un 68,53% del capital de Industrias del Frío y Alimentación (participada indirectamente con anterioridad a través de Lactaria) y del 77,7% en Oleaginosas Españolas (participada indirectamente con anterioridad a través de Endiasa). El INI participa también, aportando el 25% de su capital, en la creación de la empresa Alkantara Iberian Exports, Ltd. El Patrimonio del Estado, por su parte, adquiere en oferta pública el 93 % del capital de la Compañía Trasmediterránea en 1978.

Un año después, en 1979, el INI adquiere una participación directa del 80% en la empresa Casimiro Soler AImirall y aporta un 10% al capital del nuevo banco saudí español, (Saudesbank). En este ejercicio, casi tres años después de haber sido incautada por el Estado, la Dirección General del Patrimonio adquiere el 87,5% del capital de Silvestre Segarra e Hijos.

Babcok Wilcox Española, Fábrica de San Carlos y Viajes Marsans -que indirectamente ya estaban participadas- ceden directamente al INI el control del 31,92%, 15,76% y 43,9% (más un 11,93% de participación indirecta), respectivamente, de su capital en 1980. Este mismo año el INI se hace cargo del 100% del capital de Minas de Figaredo y del 55% de Aplicaciones Técnicas Industriales. Participa asimismo en tres empresas de nueva creación: Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales (con el 100% del capital), Inisolar (con el 30% de participación directa y el 66,6% de participación indirecta) y Carboex (con el 37,5% de participación directa y el 51,9% de participación indirecta).

En los últimos meses el INI ha tomado, aproximadamente, un 10% del capital de Altos Hornos de Vizcaya y ha participado en Presur y en la Empresa Nacional de Innovación. El Patrimonio, por su parte, se ha quedado con Intelhorce, y el Banco Exterior, con el Rural y Mediterráneo.

Otras empresas, corno Hijos de J. Barreras, Grupo Álvarez, Porcelanas de Vigo (disuelta en 1978) o Manuel Álvarez e Hijos (MAHSA), pasaron a integrarse en el INI un año antes de las primeras elecciones democráticas, en 1976, siendo presidente del Gobierno, primero, Carlos Arias Navarro (integrante de las primeras listas electorales del partido de Manuel Fraga) y Adolfo Suárez, después. También en esta época predemocrática, el INI crea ENDIASA, Secoinsa, Foconsa y participa en el capital del Banco Árabe Español (Aresbank), en el que también está presente el Patrimonio del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial.

Fuerte crecimiento de las pérdidas

Tan sólo las empresas del INI, al margen de las intervenciones indirectas de la Administración en el saneamiento del sector bancario en crisis y del grupo de compañías dependientes del Patrimonio del Estado, registraron unas pérdidas de 66.200 millones de pesetas en 1980 (un 67% más que el año precedente).Esta situación, junto al mantenimiento de viejas prácticas de convertir a las empresas públicas en retiros de oro para determinados políticos (Sancho Rof, a la Empresa Nacional de Óptica, o Fernando Castedo, al Banco Hipotecario, por sólo citar dos casos recientes) explican la decisión del PSOE de renunciar de antemano a una ampliación del sector público y proceder prioritariamente -de acceder al poder- a un saneamiento del mismo. No hay que olvidar que la mayor parte de las nacionalizaciones se han hecho en España bajo el régimen del general Franco, como indican los socialistas, y no puede decirse que respondan en su mayoría a criterios que hoy pueda compartir el partido de Felipe González. La reforma pendiente de la Administración y la falta de un estatuto para la empresa pública son también dos frenos importantes a cualquier tentación de ampliar el sector público.