Las incompatibilidades del juicio final

LA DECISION del gobierno municipal madrileño de establecer, por su cuenta y riesgo, un régimen de incompatibilidades para los cargos electos del Ayuntamiento de la capital pudiera tropezar -aunque no parece probable- con obstáculos administrativos, pero constituye, en cualquier caso, un gesto político repleto de buenas enseñanzas para los profesionales del poder en otros ámbitos. Los elementos de cálculo electoralista y los objetivos tácticos de carácter partidista subyacentes a esa medida son un aspecto secundario del asunto. Porque, para valorar los comportamientos en la vida pública, el elemento sustantivo no son los juicios de intención sobre las eventuales motivaciones ocultas de una decisión, sino el análisis de sus dimensiones objetivas y de la dinámica que pone en marcha. Mientras UCD, a lo largo de la presente legislativa, ha tirado enérgicamente de las riendas para frenar el proyecto de ley de incompatibilidades, guillotinado por Miguel Herrero cuando el diputado del grupo parlamentario de Manuel Fraga dirigía como portavoz o como submarino la estrategia del centrismo en la Cámara Baja, los socialistas han resuelto predicar con el ejemplo en la limitada parcela de poder local que controlan.Al igual que en el caso de la controvertida Ley de Autonomía Universitaria, el régimen de incompatibilidades para acabar con la viciosa práctica de que políticos y funcionarios perciban ingresos múltiples del erario público -no siempre, por no decir casi nunca, justificados por el desempeño efectivo de los correspondientes puestos de trabajo- está dando lugar a una graciosa táctica obstruccionista que combina las exhortaciones utópicas a la perfección universal con la cerrada defensa de intereses corporativos 5, particulares. As¡, el portavoz de UCD en el Ayuntamiento, a quien el gobierno municipal le ha asignado la nada desdeñable remuneración de un teniente de alcalde -casi tres millones de pesetas en 1981con la simbólica propina de veinte duros de mas a su favor, se ha lamentado de que las incompatibilidades dictadas por el gobierno municipal para el desempeño de cargos remunerados afecten sólo a los ingresos públicos y no se hagan extensivas a las actividades privadas. La argumentación se inscribe en la conocida fórmula de la mala conciencia -muy extendida entre los antiguos progres a quienes la fortuna ha colmado posteriormente de bienes-, que consiste en criticar acerbamente cualquier modesta medida reformista, no por sus ataques efectivos al statu quo, sino por ser insuficiente para lograr la solidaridad y la fraternidad universales. Pero la mayoría de las veces la comparación entre la humilde realidad terrena de una disposición reformadora y la deslumbrante perfección celestial de una ley ideal, cuya aprobación los propios críticos se cuidarían de impedir a toda costa en el improbable caso de que las condiciones políticas la hicieran factible, es una tosca manera de defender el inmovilismo y de hacer inviable la mas mínima alteración del orden establecido.

De esta forma, algunas campañas lanzadas desde los privilegios -que no los derechos- adquiridos contra intentos de reforma prudentes y limitados, como las incompatibilidades aprobadas por el Ayuntamiento madrileño, utilizan a veces una sorprendente e insólita retórica, mucho mas cercana al izquierdismo extraparlamentario que a la sólida posición social y a la ideología conservadora de sus patrocinadores. A fin de conseguir el aplazamiento de cualquier medida tímidamente reformista, los críticos prorrumpen en alabanzas abstractas en favor de medidas drásticas y censuran acerbamente la política de medias tintas por su incapacidad para conseguir el advenimiento inmediato del reino de la justicia universal. Que los políticos y funcionarios beneficiarios de ingresos públicos múltiples, a través de los presupuestos generales del Estado, rechacen las prudentes normas de incompatibilidades en nombre de proyectos mucho mas radicales no significa necesariamente, sin embargo, que traten de emular a los seguidores europeos de la banda de los cuatro. Parece mas sensato suponer que esa propuesta de aplazamiento indefinido del régimen de incompatibilidades en la vida pública hasta que incluya también los ingresos por actividades privadas es una forma castiza de demorar hasta el Juicio Final que las gentes sólo cobren del Tesoro por un único concepto y que desaparezca para siempre la viciosa práctica de los sueldos, remuneraciones y dietas cobradas por funcionarios y políticos a costa del erario público -es decir, de los impuestos pagados por el resto de los ciudadanos- sin otro esfuerzo que pasar a fin de mes por ventanilla.

En cualquier caso, el próximo debate en el Pleno del Congreso de la ley de incompatibilidades, reducida ya a su mínima expresión por el grupo parlamentario centrista en el dictamen de Comisión, permitirá saber si las sugerencias del portavoz de UCD en el Ayuntamiento madrileño para ampliar las incompatibilidades también a las actividades privadas eran una simple maniobra de diversión, dirigida a impedir o deslucir la limitada aplicación de la medida al ámbito público, o un espectacular giro en la estrategia del Gobierno y de su partido, resueltos IL montar en el caballo de la moralidad pública y decididos; finalmente a sanear la Administración y hacer diáfanas y, transparentes las conductas de los políticos profesionales.