El PSOE y el debate sobre las nacionalizaciones

EL ANUNCIADO propósito de Felipe González de no instrumentar una política de nacionalizaciones clásica, si gana las próximas elecciones generales, ha producido un pequeño terremoto en la derecha y en la izquierda. En esta porque el propio vicesecretario del PSOE, Alfonso Guerra, contradijo las declaraciones de Felipe González, sin duda tratando de no perder los sectores más ortodoxos del electorado. En la derecha, porque mientras un sector de los empresarios, banqueros y representantes de la oligarquía financiera veían en las palabras del líder socialista una mera añagaza tranquilizadora que dudosamente se concretaría, otros le criticaban -de forma un poco bufa- el hecho de que no hiciera un socialismo genuino, una especie de socialismo- socialismo que ahuyentara de las urnas, como es debido, a todos aquellos que suponen que la victoria del PSOE representaría una estatalización general y, desde su punto de vista, desastrosa de la economía española.Nosotros pensamos que ni lo uno ni lo otro. Si el partido socialista, por boca de su secretario general, anuncia que no emprenderá una política de nacionalizaciones es sin duda porque esta no ha de estar presente en su programa para los próximos comicios. Los españoles debemos acostumbrarnos a juzgar a los partidos por sus ofertas electorales y por sus hechos consumados, pero no mediante un juicio de intenciones que nace muchas veces del prejuicio del contrario. Por otra parte nos parece prematuro suponer que un sector del electorado del PSOE puede desprenderse tras estas declaraciones, lo que equivale a admitir la tesis de que el socialismo-socialismo (que se pide a derecha e izquierda del espectro) en un país de las condiciones objetivas del nuestro equivale primordialmente a nacionalizar sin cuento y desde el primer día que sea posible. La propia realidad de la empresa pública y, la Administración, plagadas de corrupciones, ineficacias y despilfarros, es un buen argumento para suponer que cualquier alternativa de poder existente se debe proponer de manera prioritaria un barrido en condiciones de la mucha suciedad que en este terreno existe, antes de proceder a aumentar las dimensiones del basurero.

El propósito de los socialistas españoles de congelar temporalmente las dimensiones del sector público, limitándose a sanearlo y hacerlo competitivo y eficiente, es cierto que discrepa de la tradición ideológica de la social-democracia anterior a la Primera Guerra Mundial, cuando ningún partido socialista había alcanzado el poder, pero no de la práctica de buena parte de los gobiernos socialistas de la última posguerra, que recurrieron a las nacionalizaciones sólo como procedimiento subsidiario y respetaron la iniciativa privada. El secretario general del PSOE parece más dispuesto a imitar la vía realista y pragmática seguida por la socialdemocracia alemana durante muchos años que a emular esa combinación de voluntarismo burocrático y brillantez retórica de la que hacen gala los socialistas franceses. El presidente Mitterrand, en parte atrapado por los compromisos del programa común con los comunistas, ha echado mano de las nacionalizaciones como receta contra el estancamiento y el desempleo de la economía francesa. Sólo el tiempo permitirá saber si los socialistas franceses han acertado con la fórmula y si están dispuestos a mantenerla contra viento y marea. Pero resulta interesante señalar que incluso en un país de reciente triunfo revolucionario como es Nicaragua, sigue vigente un sistema de economía privada y que eso es salvable si se logra evitar que el nuevo estado sandinista caiga definitivamente en la órbita soviética.

La experiencia de los regímenes comunistas, donde hasta las peluquerías y las mercerías están nacionalizadas, y la importancia del sector público en países económicamente atrasados, como Turquía o Portugal, hacen dudar poderosamente de que las nacionalizaciones sean por sí mismas una garantía de justicia y de eficiencia. La ampliación del sector público ha sido favorecida en el mundo occidental por regímenes dictatoriales de derecha, ansiosos de alcanzar la autarquía o dóciles ante las presiones de la iniciativa privada para socializar sus pérdidas. Bajo el franquismo, buena parte del empresariado español, más familiarizado con el Boletín Oficial del Estado y con el ordenamiento de los presupuestos -prensa incluída- que con la libre competencia, no dudó por lo mismo en saludar con alborozo las nacionalizaciones a la hora de endosarle al sector público las quiebras.

Parece que Felipe González, al pronunciarse en contra de la ampliación del sector público a través de nuevas nacionalizaciones y a favor del saneamiento de las empresas estatales, no ha hecho sino formular una opinión llena de sentido común y avalada por dictámenes técnicos. La economía mixta, en la que coexiste la iniciativa privada y la intervención estatal, es la clave de arco de ese los sistemas socioeconómicos que imperan en el resto de la Europa democrática, fruto del trabajo no sólo de los socialdemócratas, sino también de los democristianos y liberales. La Constitución española de 1978 sirve de marco a ese sistema, que no está reñido ni con las libertades ni con las reglas de juego democráticas. Señalar las dimensiones y las características del sector público, que siempre ha de ser compatible con el sector privado, no es una tarea ideológica o doctrinaria, sino competencia exclusiva de los Gobiernos elegidos en las urnas.