Procesado el director general del Banco de Descuento que nombro el Fondo de Garantía de Depósitos

El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona, Adolfo Fernández Oubiña, ha procesado a José María González Cobos, director general del Banco de Descuento desde que el pasado 18 de noviembre se inició la operación de saneamiento de esta entidad, a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos, creado por la banca privada y el Banco de España. La medida responde a una querella presentada el 12 de febrero último por presuntas injurias y apropiación indebida de treinta millones de pesetas.González Cobos forma parte del equipo técnico del citado Fondo, que un mes después de llegar al Banco de Descuento presentó, en nombre de éste, querella por supuestas estafas y múltiples falsedades de documentos; la cuantía total de las irregularidades no fue precisada, aunque se estimó en más de 2.000 millones de pesetas. El juez encargado del caso se inhibió a mediados de febrero, alegando ser cliente del banco. Paralelamente, los gestores del Fondo denunciaron ante la Brigada de Estafas a una docena d e ex administradores, cuatro de los cuales fueron detenidos y puestos en libertad sin procesamiento una semana más tarde.

El auto de procesamiento del actual director general del Descuento, quien se ha ocupado también del saneamiento del Banco de Valladolid antes de que lo comprara Barclays Bank, decreta su libertad sin fianza y permite los recursos legales procedentes. El Banco de Descuento interpondrá inmediatamente estos recursos, según anunciaron ayer los actuales responsables de la entidad y del Fondo.

Durante los cuatro años de Corporación Bancaria y luego del Fondo de Garantía de Depósitos, conocidos como el hospital de bancos, la larga docena de crisis tratadas han dado lugar a diez actuaciones en la vía penal, pues en tales crisis suelen concurrir administraciones desafortunadas o punibles. En tres casos los jueces no apreciaron responsabilidades penales, en otros dos hubo auto de procesamiento contra cuatro personas el expresidente, dos altos cargos y una persona relacionada con el Banco Meridional), y en los cinco casos restantes no se ha registrado aún pronunciamiento. Además, varias juntas generales de accionistas han aprobado la posibilidad de acciones civiles, e independientemente el Banco de España ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la situación general de diferentes bancos en crisis al producirse el acceso a su administración.

Medios jurídicos atribuyen fundamentalmente la lentitud y dificultad de los procedimientos a la arcaica legislación mertantil y penal, sometidas desde hace varios años a intentos de actualización.

Un antecedente del nuevo hecho ocurrió a finales del pasado verano. El juez especial que lleva el caso del Banco de Navarra, precursor de la última crisis bancaria, dictó la prisión incondicional bajo fianza del ex presidente y del cajero del Banco de España, en este último caso por haber sido administrador (fue enviado por el Banco de España mientras se negociaba una solución al caso, que luego no fructificó).

La querella que ha dado lugar al procesamiento de González Cobos ha sido promovida por clientes de la entidad con riesgos superiores a los quinientos millones de pesetas, contraídos meses antes de que el procesado se incorporara al banco. Aunque los representantes del Fondo y del Descuento no quisieron dar ayer el nombre del querellante, debido a que es cliente y el asunto depende del juez, se ha sabido que se trata del Centro Nacional e Internacional de Moda, que agrupa a más de cuarenta empresas del sector textil y que disfruta de la ayuda del Estado y de la Generalidad.

Según fuentes del Descuento, durante 1981 los clientes ahora querellantes llegaron a avalar letras por unos seiscientos millones de pesetas, dejando como depósito de cobertura sesenta millones de pesetas, en julio de 1981. Cuando los administradores nombrados por el Fondo empezaron a clarificar la situación del banco, parece que no encontraron antecedentes de la operación y encargaron su investigación a la auditoría externa, cuyos realizadores se desplazaron a Barcelona y no pudieron precisar el destino del dinero. Por ello, González Cobos puso una circular a todos los bancos para anunciar que la situación de los avales estaba siendo investigada, a la vez que se solicitaba su colaboración en caso de que les fuera presentada alguna de las letras avaladas.

Los querellantes alegaron injurias en la circular y quebrantamiento de depósitos en los sesenta millones citados, al estimar que los habían dejado en cuenta corriente y, en realidad, estaban en imposición a plazo. Parece que los recursos se basarán en el consentimiento tácito de los clientes (podían estar en posesión de la cartilla de ahorros) y en que no ha existido apropiación indebida, por encontrarse los sesenta millones de pesetas a buen recaudo y seguros en el banco.