La solución de Lemóniz, pendiente de que Iberduero acepte el acuerdo entre el Gobierno central y el vasco

El Gobierno central y la Administración vasca han llegado a un acuerdo de principio sobre la fórmula para instrumentar, en base a una "gestión contratada" con una sociedad a crear por el Gobierno vasco, el control público de la central nuclear de Lemóniz, para cuya ratificación tan sólo hace falta el visto bueno de la sociedad propietaria, Iberduero. En medios próximos a los negociadores se espera que la compañía eléctrica acepte esta misma semana la solución apuntada y abandone sus anteriores deseos de involucrar a las otras partes en la propiedad de las instalaciones de Lemóniz.

El acuerdo de control público de Lemóniz, aunque estaba casi diseñado en sus líneas generales con anterioridad al debate en el Parlamento vasco, el pasado diciembre, fue ultimado en casi todos sus detalles en la reunión tripartita que las dos Administraciones e Iberduero celebraron el martes último en la sede del Ministerio de Industria. En esencia, el acuerdo se basa en la fórmula de "gestión contratada" que prevé la Ley de Energía Nuclear de 1964.Bajo esta ley, una sociedad propietaria de una central nuclear puede encomendar a un tercero la gestión total de las instalaciones a cambio de un cánon por la prestación de ese servicio. En este sentido, la sociedad que se haría cargo de la gestión de Lemóniz sería constituida por el propio Gobierno vasco, que con ello garantizaría el control público sobre la explotación de la central.

Esta nueva sociedad contratada tendría como funciones especificas el nombramiento del personal directivo y técnico encargado de la gestión, con la única salvedad de que el mismo tuviera las homologaciones técnicas exigidas con carácter genérico a nivel del Estado.

No obstante, quedaría en manos del Consejo de Seguridad Nuclear, según el artículo primero de la ley que lo creó (5/1980), la responsabilidad exclusiva de los aspectos de seguridad involucrados, independientemente de la delegación de funciones que la misma ley prevé en su disposición adicional tercera.

Según los testimonios recogidos por este periódico en medios próximos a la mesa de negociaciones, la nueva sociedad de gestión, cuyo perfil está pendiente de elaboración definitiva por el Gobierno autónomo, tendría también la función de elaborar el plan de emergencia que, para el caso de que se produzca algún incidente o accidente, había exigido en su pronunciamiento el Parlamento Vasco el pasado diciembre.

Los deseos de Iberduero

Con la llegada a este aparente punto de entendimiento entre Madrid y Vitoria sobre esta fórmula de gestión pública, parecen quedar a un lado los deseos expresados, de forma más o menos velada, por Manuel Gómez de Pablos, presidente de Iberduero, de involucrar a las otras dos partes negociadoras en la inversión realizada y por realizar en la central nuclear de Lemóniz.

A este respecto, algunos medios han resaltado últimamente que el enorme esfuerzo inversor que Lemóniz representa para Iberduero, y que círculos del sector estiman que supera actualmente los 230.000 millones de pesetas, podría poner en peligro el futuro de la empresa, reputada hace apenas tres años como "la más sana del sector".

Estas incógnitas sobre el futuro de la sociedad son las que, según las opiniones de algunos sectores económicos vascos, habrían llevado al presidente de la sociedad a requerir la presencia del sector público en el riesgo inversor que representa la central, dadas las condiciones particulares que rodean el proyecto. Con este planteamiento también se pretendía evitar el riesgo de que un cambio político -caso de una victoria electoral de alguna formación contraria a Lemóniz- produjera un olvido de los compromisos que hoy se perfilan entre partidos e intereses ideológicamente afines.

La trastienda de Iberduero

Los planteamientos del presidente de Iberduero, que buscaban una solución que aminorara los riesgos financieros que comporta Lemóniz para la sociedad que representa, no son comprensibles sin tener en cuenta el trasfondo histórico de la propia compañía. Los presidentes de los dos bancos bilbaínos han mantenido, tradicionalmente, un turno en la presidencia de Iberduero.

La primera excepción la constituyó la designación por el Bilbao de Pedro de Areitio, predecesor en el cargo de presidente de Gómez de Pablos, que a su vez, sin ser presidente de ninguna de las dos entidades bancarias, accedió al cargo en el turno correspondiente al mismo banco.

Para su designación jugó un papel determinante su figura de hombre abierto al diálogo con las fuerzas nacionalistas a las que se pretendía involucrar en el problema de Lemóniz, para conseguir sacar adelante las obras de la central nuclear, prácticamente paralizadas como consecuencia de las presiones sociales a que las campañas de los grupos antinucleares y de los partidos de la izquierda radical vasca habían conducido.

Por este motivo se desplazó a Areitio, un hombre con muy pocas simpatías en Euskadi, pero con predicamento en los estamentos conservadores del sector eléctrico, y su lugar lo ocupó el hasta entonces director de la compañía, Gómez de Pablos, que a la postre ha demostrado tener menos predicamento en los medios próximos al Gobierno Vasco que lo que esperaban quienes le designaron, según algunas interpretaciones.

Colocado en esta difícil situación, que agravaba un penoso problema personal, Gómez de Pablos fue separándose de las directrices marcadas por el Banco de Bilbao, que se mostraba próximo a las posturas que constituyen la base del acuerdo al que han llegado la Administración Central y el Gobierno de Vitoria, y acercándose a los planteamientos de los representantes del Vizcaya, a cuya cabeza figura Angel Galíndez, hombre que realizó buena parte de su carrera profesional como ingeniero de Iberduero.

Disminución del riesgo financiero

Esta segunda postura es la que aboga por una fórmula que suponga una disminución del riesgo financiero que tiene asumido Iberduero en la construcción de la central nuclear de Lemóniz, y la pretensión de involucrar a los entes públicos, tanto Gobierno central como Gobierno autónomo, en la finalización y posterior puesta en funcionamiento de las instalaciones de la central.

La resolución definitiva que adopte Iberduero parece depender del grado de acuerdo al que sean capaces de llegar estas dos entidades, ya que los demás accionistas institucionales con peso importante en la sociedad, son las cajas de ahorros, que hasta el momento no se han mostrado en absoluto beligerantes.