Indignación en Andalucía por la muerte de un jornalero por disparos de la Guardia Civil

Los habitantes de Trebujena (Cádiz) y Lebrija (Sevilla) reaccionaron ayer con indignación por la muerte de un joven jornalero, Ignacio Montoya, víctima de los disparos efectuados por un guardia civil, cuando se encontraba prestando el servicio de puertas en el cuartelillo de Trebujena. Ignacio Montoya viajaba en una motocicleta que conducía Antonio López Alonso, que resultó herido de gravedad. Este suceso coincide con un momento de tensión social y política en la zona, provocada por el anuncio de la supresión del actual sistema de empleo comunitario y la vecindad de las elecciones andaluzas. Los partidos PSOE, PCE, PSA y PNV han interpelado al Gobierno. TVE ignoró ayer la noticia en sus tres espacios informativos de ámbito nacional

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Trebujena, Lebrija, Las Cabezas de San Juan y la pedanía de El Cuervo vivieron ayer una jornada de huelga general, cierre de establecimientos y paralización de todas las actividades, en señal de duelo y protesta por la muerte, por disparos de un guardia civil, del jornalero lebrijano Ignacio Montoya Alonso, de dieciocho años de edad, en la primera de las localidades citadas. La calma tensa y la indignación por la versión oficial de los hechos fueron las notas destacadas del día. La otra víctima de los disparos, Antonio López Alonso, primo del anterior, tiene una bala alojada en la columna vertebral y está hospitalizado en la residencia sanitaria Zamacola, de Cádiz, cuya unidad de vigilancia intensiva abandonó ayer.El joven muerto, cuyo entierro se efectuó ayer tarde, tenía siete hermanos y era obrero del campo y analfabeto. En su documento nacional de identidad se especifica que nació el 14 de octubre de 1963 y que vivía en la calle de Díaz de Solís, número 11, de Lebrija. En el apartado dedicado a la firma del titular, consta: "No sabe".

Al menos seis testigos presenciales de los hechos, cuya identidad obra en poder de este periódico, ofrecieron ayer versiones de los hechos sustancialmente distintas a la facilitada por el Gobierno Civil de Cádiz. Se niega, en especial, que haya ninguna constancia de que los dos jóvenes obreros del campo tuvieran relación con los presuntos ladrones de ganado en una finca próxima a Trebujena. Ambos son calificados en Lebrija como trabajadores pacíficos que, en épocas de paro y falta de empleo comunitario, se dedican a rebuscar espárragos y pescar anguilas en el Guadalquivir. Ninguno tenía antecedentes delictivos.

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Ignacio Montoya murió dos minutos después de que cayera abatido por el disparo efectuado por un guardia civil

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Un dato no suficientemente contrastado en fuentes oficiales indica que la señora que denunció a los ladrones había conseguido arrancar el tubo de la gasolina de la moto que ambos conducían, conocido en la zona por el macarrón, y entregarlo a la Guardia Civil en el momento de presentar la denuncia. Sin embargo, en la motocicleta en la que viajaban las dos víctimas de los disparos, el tubo en cuestión estaba intacto. También rechazan los vecinos la imputación gubernativa de que el vehículo circulaba a velocidad superior a la normal, puntualizando varios testigos que iba a menos de 30 kilómetros por hora.

De acuerdo con los testigos presenciales, el guardia civil de servicio en la puerta del cuartel debió estimar que los jóvenes lebrijanos eran los rateros denunciados y salió en su persecución. Tras darles el alto y realizar un disparo al aire, volvió a disparar por tres veces con su pistola en dirección a los ocupantes de la moto, que no se habían detenido, hiriendo mortalmente por la espalda a Ignacio Montoya, que iba como paquete. La explicación más generalizada al hecho de que los jóvenes no se detuviesen es el temor a ser multados por viajar, contra la ley, en una motocicleta de 49 centímetros cúbicos.

Según pudo saber EL PAIS en fuentes solventes, el autor de los disparos fue el guardia civil Juan Macías Morante, propietario de un vehículo con matrícula de Bilbao. Se dio la circunstancia, por otra parte, de que, por ser hora de entrada en los colegios y de salida de autobuses en dirección a Jerez y Sevilla desde el bar Manolo, próximo al lugar del incidente, numerosos vecinos y escolares de Trebujena vivieron directamente los hechos.

Una vez perdido el control de la moto por su conductor, el autor de los disparos se acercó rápidamente al lugar donde se encontraban, en la calle de Moreno de Mora, y ordenó a un ciclista: "Tú, ocúpate de éste, que yo me llevo al otro al cuartel" y a continuación cogió al herido por la nuca y llevándole casi arrastras hasta que se percató de que también había sido alcanzado por las balas. El herido iba diciendo: "Nos han pegado dos tiros, y nosotros venimos del campo, de rebuscar". La forma en que el guardia civil le trató provocó indignación entre los vecinos que iban acudiendo, uno de los cuales llegó a decir al guardia: "¿Encima lo vas a llevar al cuartel?" y profirió un insulto. Más tarde, un teniente de la Guardia Civil, desplazado al pueblo, tuvo que retirarse a petición del alcalde, ante las constantes agresiones verbales de que fue objeto.

Ignacio Montoya falleció apenas un par de minutos después de caer de la moto, mientras el médico local estaba tratando de reanimarle. El juez de instrucción ordenó el traslado de su cadáver a Sanlúcar de Barrameda, donde a mediodía de ayer se le practicó la autopsia, después de que el forense solicitase, en previsión de futuras complicaciones, que el catedrático sevillano Luis Frontela realizase con él la operación. Ayer por la tarde se efectuó el entierro en medio de una impresionante manifestación de duelo, que finalizó al anochecer. Asistieron varios miles de personas de Lebrija y los pueblos colindantes, en particular Trebujena.

En el lugar en que murió Montoya, donde podían verse dos largos regueros de sangre, fueron depositadas ayer varias coronas de flores. Tanto en Trebujena como en Lebríja, los vecinos se concentraron desde primera hora de la mañana ante los respectivos ayuntamientos, siendo informados por los alcaldes de las últimas noticias en relación con el caso. En esta última población, amanecieron numerosas pintadas contra la Guardia Civil, mientras que las banderas nacional, andaluza y local estaban a media asta y luciendo crespones negros en los balcones del Ayuntamiento. Muchos jóvenes lebrijanos llevaban también claveles rojos atados con lazos negros en sus brazos.

Fuerte sanción

En relación con estos actos de protesta, hay que indicar que José María Sanz Pastor, gobernador civil de Sevilla -provincia a la que pertenece Lebrija- ha impuesto al alcalde una multa de 500.000 pesetas por colocar un crespón negro en la bandera nacional. Al propio tiempo advirtió que los comerciantes que cerrasen sus establecimientos serían sancionados con multas de 250.000 pesetas y apertura de expediente para posible cierre definitivo. El cierre voluntario fue, no obstante, total en Lebrija. Al conocer estas sanciones a través de una emisora de radio, el alcalde de Lebrija, Antonio Torres, denunció por los altavoces de la plaza: "El gobernador no quiere ni que expresemos el dolor por la muerte de nuestro compañero. Desde aquí, le digo que se calle y nos respete".

El gobernador de Sevilla decidió también remitir al ministerio fiscal, por si fuera constitutiva de delito, la moción aprobada por el Ayuntamiento lebrijano, a propuesta del propio alcalde, en la que el suceso es calificado de crimen y se exige la depuración "de todos los elementos fascistas que continúen actuando dentro de los cuerpos de seguridad del Estado". La moción fue aprobada unánimemente por los concejales del PAU-PTA, PSOE, PCA y UCD presentes en el pleno municipal.

Es de resaltar que el Ayuntamiento de Trebuiena, incluido en la provincia de Cádiz, también consideró un crimen el incidente y distribuyó entre los vecinos un llamamiento a la huelga general en el que se usa dicha calificación. El alcalde de esta localidad, Juan Oliveros, declaró a EL PAIS que había conversado telefónicamente con el gobernador civil de Cádiz para manifestarle su total desacuerdo con el contenido de la nota oficial facilitada el martes, sin que el representante del Gobierno en la provincia le advirtiese sobre la posibilidad de sanciones por su actitud. Por parte del Gobierno Civil de Cádiz no se ha facilitado ninguna información distinta a laya aludida nota oficial. Según Oliveros el gobernador le encareció sólo que en las manifestaciones de protesta no se produjese ninguna actitud de provocación hacia la Guardia Civil. Todos los efectivos de este cuerpo permanecieron durante la jornada de ayer en su cuartel.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 03 de marzo de 1982.

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