La sustitución del empleo comunitario puede incrementar la conflictividad, según las centrales sindicales

El borrador de real decreto sobre desempleo agrario, que en teoría debe sustituir al actual sistema de empleo comunitario en Andalucía y Extremadura, ha sido calificado por los sindicatos como de poco innovador y ajeno al compromiso adquirido en este sentido en el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE). Según las citadas fuentes, el citado borrador no modifica en esencia el sistema vigente y crea una inseguridad mayor entre los trabajadores agrarios. CC OO advirtió además del peligro que su aplicación suponía de cara a nuevas movilizaciones campesinas.

Por otra parte, se da una situación de agravio comparativo entre las diferentes regiones españolas. El pasado año de los más de 20.000 millones de pesetas repartidos en el empleo comunitario, sólo doscientos millones fueron a parar fuera del ámbito extremeño y andaluz.El texto del ANE recogía la necesidad de reformar el actual sistema del empleo comunitario, y el compromiso del Gobierno de negociar, dentro de la comisión interministerial para la elaboración del censo agrícola, la modificación del citado sistema. Para ello, se emplazaba a la Administración, con fecha 1 de enero de 1982, para que presentara una propuesta en este sentido. Con el borrador entregado el pasado lunes a los miembros de la comisión, el Gobierno cumplía, con dos meses de retraso, el compromiso asumido el pasado año.

Sin embargo, para las centrales sindicales firmantes del acuerdo, como señalaba Pedro Guardeño, por UGT, el borrador llega tarde, aunque la modificación del sistema de empleo comunitario era cada vez más necesaria. A juicio de Guardeño, el documento presentado el pasado lunes adolece de una serie de defectos que es necesario subsanar antes de su puesta en marcha.

En este sentido, UGT indicó que el texto resulta confuso en cuanto al ámbito (le aplicación. "El Gobierno", dijo, "no especifica si sólo se aplicará en Andalucía y Extremadura o se va a extender a todo el país". Aspecto en el que coincide el secretario de organización de la Federación de Comisiones Obreras del Campo, Antonio Palacios. "Creemos", indicó, "que el sistema debe ser ampliado a otras zonas españolas tan deprimidas como las señaladas. En cualquier caso, el borrador no cambia, si no es a peor, lo ya existente".

Durante el pasado año fueron distribuidos un total de 201.144 millones de pesetas con destino al empleo comunitario. La mayor parte tuvo como destino atender las demandas de Andalucía y Extremadura. Un 1% fue repartido en otras regiones como Albacete, Ciudad Real, Toledo, Valencia y otras que tuvieron que conformarse con doscientos millones de pesetas. El temor de los sindicatos es que con los 22.400 millones presupuestados para el presente año -considerados insuficientes por Pedro Guardeño- vaya a suceder lo mismo.

Ambos sindicatos estuvieron de acuerdo en que era necesaria la modificación del empleo comunitario. Antonio Palacios se muestra en este sentido más contundente: "Los trabajadores agrícolas están discriminados en relación con los trabajadores de otras ramas. Ellos tienen derecho a una cobertura similar a la que disfrutan otros colectivos. Sin embargo, no sólo no se atiende esta demanda sino que, además, se les discrimina más, poniendo límites que antes no estaban contemplados".

El estallido de la conflictividad en el campo andaluz es una posibilidad no descartada por los sindicatos. En este sentido, Antonio Palacios afirmó que "si el Gobierno se empeña en sacar el decreto tal como está planteado es previsible un aumento de los conflictos y él será el responsable de lo que ocurra.