Detenidos cuatro ex administradores del Banco de Descuento por denuncia de los actuales gestores de la entidad

Enrique García Ramal, ex ministro de Relaciones Sindicales y después presidente del extinto Consejo de Economía Nacional, ha sido implicado, junto a otra decena de personas, entre ellas su hijo del mismo nombre, en una denuncia presentada en la Brigada de Estafas. De los denunciados, cuatro fueron detenidos la pasada semana y prestaron declaración anoche en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Madrid.

La toma de declaraciones proseguirá hoy, antes de que el juez se pronuncie sobre la situación de los detenidos y denunciados. Según varias fuentes jurídicas, los detenidos lo fueron a partir del jueves pasado, al día siguiente de que les denunciaran los actuales administradores del Banco de Descuento, en manos del Fondo de Garantía de Depósitos desde el pasado 18 de noviembre. Se trata del anterior presidente del Banco, Diego de Prado y Colón de Carvajal; los ex consejeros Federico Bonet, propietario de los laboratorios farmacéuticos Bonet; Jorge López Dóriga y Tovar, y uno de los ex interventores, apellidado Fernández.Las fuentes consultadas no pudieron precisar si el resto de los implicados en la denuncia han sido buscados o no por la Brigada de Estafas. Además de Diego de Prado, Federico Bonet y los García Ramal, la denuncia atribuye presuntas responsabilidades de similar orden a otras dos personas, Angel Peradejordi y Sabino Azurmendi, que, como ellos, fueron a la vez consejeros del banco y de Castellana 13, supuesta entidad instrumental que recibió el nombre de la sede central en Madrid del Descuento. En segundo plano aparecen relacionadas otras tantas personas, entre ellas Alejandro Gómez Durán.

Inhibición del anterior juez

Medios allegados a la defensa de los ex administradores y de los administradores actuales coincidieron ayer en informar que la denuncia fue presentada por estos últimos coincidiendo con el auto de inhibición del juez que ha llevado durante dos meses el caso: Hipólito Hermida, titular del Juzgado número 8. Los primeros dijeron que el juez ha aducido ser hermano del director de una sucursal del banco en Galicia (también lo es de Jesús Hermida, director general de Deportes). Los otros han señalado que es hermano del director de la oficina de Pontevedra, prohombre del sindicalismo vertical llamado a tal cargo por los ex administradores, pero que el auto de inhibición sólo alude a que es cliente del Descuento.

Antes de inhibirse, Hipólito Hermida elevó a sumarlo las diligencias instruidas. Sin embargo, no atendio la petición de procesamiento y prisión incondicional realizada el 20 de febrero por el Ministerio Fiscal. contra los cinco querellados iniciales. Estos son: Diego de Prado, Angel Peradejordi, Enrique García-Ramal, hijo, Jorge López Dóriga y Vicente de Miguel Lasanta, este último ex director general del banco.

Mientras fuentes próximas a los ex administradores han dicho que las denuncias se basan en los mismos hechos que la querella presentada hace (los meses y diligenciada hasta ahora por el Juzgado número 8, con el añadido de uno nuevo, las otras fuentes apuntaron que la única diferencia es la incorporación de los hechos que van siendo desvelados por la información financiera. En su opinión, las irregularidades, centradas fundamentalmente en la sobrevaloración de inmuebles a efectos de su compra por el banco y en el dinero que salía del mismo con un destino e iba realmente a otro, rondan los 2.000 millones de pesetas.

Garantías por 4.000 millones de pesetas

Estas últimas fuentes agregaron que, antes de ceder la propiedad al Fondo, los ex administradores constituyeron garantías por unos 4.000 millones de pesetas sobre débitos reconocidos, pero al margen de las presuntas responsabilidades en los hechos ahora denunciados.

Un portavoz del Banco de Descuento declaró ayer a este periódico querellas y denuncias presentadas por los actuales administradores contra los anteriores no afectan en absoluto al equilibrio patrimonial de la entidad, que prosigue en la operación de saneamiento inciada por el Fondo de Garantía de Depósitos.