La desaparición de documentos pone trabas al proceso sobre presunta ilegalidad del Consell

El presidente del Consejo del País Valenciano, Enrique Monsonís, de UCD, afirma en un escrito dirigido a la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia que desconoce el paradero de varios documentos relacionados con el proceso autonómico del País Valenciano que le fueron solicitados. La Audiencia había pedido documentación al organismo preautonómico en función de un recurso contencioso administrativo sobre presunta ilegalidad del Consejo que se tramita por iniciativa del secretario general del Partido Nacionalista del País Valenciano (PNPV), Francesc de Paula Burguera.En el caso de algunos de los documentos requeridos, Monsonís señala además que es posible que el anterior presidente del Consejo, Josep Lluís Albiñana, exmilitante del PSOE, se los hubiese llevado a su casa cuando dimitió.

Preguntado por EL PAIS al respecto, Albiñana atribuyó estas atribuciones a "una estrategia de difamación personal que, debido a mi silencio, es practicada por quien confunde en política la boutade con la habilidad. El ex presidente descartó que fuera a emprender acción judicial.

Entre los documentos que Monsonís afirma no tener en su poder figura también un escrito remitido por Burguera y el resto de los firmantes del recurso el 27 de octubre de 1980 como trámite previo al inicio del contencioso. En este caso se afirma, sin dar más detalles, que "no se encuentra actualmente en presidencia del Consell, y tomamos las disposiciones necesarios para que nos sea remitido a la mayor brevedad posible".

Los promotores del recurso, al tener conocimiento de la respuesta de Monsonís, han dirigido un escrito a la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Territorial en el que ponen de relieve otras irregularidades del escrito enviado por el Consejo, como el hecho de que no adjunta documentos que dice acompañar.

El abogado que asesora a Burguera, Francesc Davó, manifestaba ayer a EL PAlS: "No puedo admitir que Albiñana se llevase documentos, pues en ese caso estaría aceptando que cometió un delito, y tampoco puedo admitir que las, certificaciones de los plenos municipales sobre la autonomía están en el Congreso de los Diputados, pues el Consejo está obligado a remitir copia autentificada si conserva el documento original o bien a mantener una copia autentificada en su poder en caso contrario.

Como ya informó EL PAIS, el recurso presentado por Burguera contra el Consejo solicita que esta institución inste a la mayor brevedad al Gobierno para que convoque en el País Valenciano el referéndum correspondiente a la vía del artículo 151 de la Constitución o que, en caso contrario, se disuelva el órgano preautonómico ya que estaría fuera de los plazos constitucionales previstos.