El Gobierno reconoce la no aplicación de la asistencia letrada al detenido

El ministro del Interior, Juan José Rosón, expresó ayer ante la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados su satisfacción por la evolución positiva de la lucha contra el terrorismo. Los portavoces de la izquierda plantearon la necesidad de que a los terroristas de ultraderecha se les trate con el mismo rigor que a los demás. El del Partido Nacionalista Vasco (PNV) manifestó la necesidad de que se regule la asistencia letrada al detenido y, mientras tanto, se aplique este derecho constitucional, a lo que Rosón contestó que el Gobierno se atiene al cumplimiento de la legislación vigente.

El diputado del PNV Marcos Vizcaya recordó al ministro del Interior el mandato constitucional para que todos los detenidos gocen de la asistencia letrada, incluso durante los estados de alarma y excepción, y con la única salvedad del estado de sitio. "A nuestro grupo le consta que este derecho no se aplica, y es hora ya de que en las dependencias policiales se cumpla este precepto constitucional", señaló el diputado peneuvista, quien pidió que el Gobierno remita al Parlamento la correspondiente ley de desarrollo del artículo 17.3 de la Constitución, ya que continúa estancada la iniciativa comunista sobre esta materia.Rosón contestó que el Gobierno no tiene trato diferenciado con ninguna inicitiva legislativa, "y tan digna es la del Grupo Comunista como la del propio grupo que apoya al Gobierno". Añadió que trasladaría el ruego del diputado al ministro de Justicia. Marcos Vizcaya no se manifestó satisfecho con esta respuesta y pidió al ministro del Interior que contestara concretamente si, en su opinión, es aplicable ya la asistencia letrada al detenido o es necesario esperar a la ley de desarrollo del precepto constitucional, que establece que "se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales". Rosón contestó que el Gobierno cumple la legislación vigente.

El ministro del Interior compareció ante la comisión del mismo nombre para explicar la aplicación de la ley Antiterrorista, de diciembre de 1980, en cumplimiento de lo establecido en dicha ley. Rosón destacó la evolución positiva producida desde su última comparecencia, el pasado 29 de octubre, y atribuyó la nueva situación a la población española, las fuerzas políticas y parlamentarias y las de seguridad del Estado.

En los casi cuatro meses citados se produjeron noventa acciones terroristas, 57 de ellas atribuibles a ETA, dos al GRAPO, seis a Terra Lliure, cuatro a grupos de extrema derecha y veintiuna a otros grupos de distinta ideología. El total de víctimas mortales fue de cinco, tres de ellas civiles, un agente de la autoridad y un guardia civil. Se intervinieron trece metralletas, ocho subfusiles de asalto, 42 pistolas y revólveres, 344 fusiles-escopetas, 47 granadas y 286 kilos de Goma 2.

Informó que, en aplicación de la ley Antiterrorista, se habían producido 620 detenciones, con un total de 506 personas puestas a disposición judicial; de ellas, 249 presuntos etarras, trece grapos, y 58 ultraderechistas. Asimismo se produjeron 292 registros domiciliarios, de los que en 87 casos se obtuvieron pruebas, y 267 observaciones telefónicas, de las que se mantienen 250.

Tanto el socialista Carlos Sanjuán como el comunista Horacio Fernández Inguanzo denunciaron la falta de igualdad en el tratamiento del terrorismo de extrema derecha, a lo que Rosón contestó que el Gobierno trata de perseguir por igual las acciones terroristas, sean del signo que sean. A la pregunta de Sanjuán sobre si sería posible la instalación de tenderetes elogiando a los asesinos de ETA, similares a los que expenden objetos que exaltan a los golpistas, Rosón dijo que tanto la autoridad gubernativa como la municipal entregan a la autoridad judicial a quienes organizan tales tenderetes.