Nadie se atreve a sustituir de momento la asistencia sanitaria privada

Pocos dudan que el resultado electoral del próximo lunes en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles (Muface) actuará de freno o acelerador en el ánimo del Gobierno ante el anteproyecto de ley de Seguridad Social para este sector. Incluso quienes lo niegan recuerdan que la legislatura toca a su fin y no hay tiempo antes de las elecciones generales. Además; estimulados en que no está definido el modelo español de: Seguridad Social para las próximas décadas, los empresarios se muestran dispuestos a impedir la sustitución de la asistencia sanitaria privada, relegada por los redactores del texto a cuando falten, como ahora, los servicios públicos; sería quitarles su mejor conquista, precisamente entre los trabajadores del Estado.

El debate entre asistencia sanitaria privada o pública no domina la escena actualmente, aunque sea el sustrato general del ya iniciado sobre la reforma del sistema estatal de protección económica y sanitaria, junto a la preocupación más inminente entre los funcionarios de menor edad. Una de las razones es que, pese a contar con argumentos de peso (sobre todo, el de que el seguro privado sólo es competitivo en la asistencia primaria o ambulatoria y se aprovecha de la infraestructura pública para el resto), nadie se atreve a olvidar la voluntad del 90% de los funcionarios civiles, que prefieren ir a médicos privados.Por ello, el anteproyecto de ley optó, en su artículo 27, por una fórmula flexible: "Las prestaciones médicas se facilitarán a través de los servicios públicos de salud. Solamente en su defecto la entidad gestora podrá concertar con otras entidades públicas o privadas la dispensación de todas o parte de las mismas".

Desde la creación de Muface, en 1975, los funcionarios civiles pueden elegir entre una u otra asistencia sanitaria, aunque siempre paguen el Presupuesto del Estado y la Mutualidad. También disfrutan de este privilegio los funcionarios militares (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), la Administración local, la Mutualidad de Administración de Justicia, Cortes, trabajadores autónomos, representantes de comercio, escritores de libros y otros organismos.

Todos estos colectivos aportan buena parte de los seis millones de beneficiarios de los que se nutre el seguro sanitario privado, que tiene en gala resultar más barato, lo que en el caso de Muface tampoco nadie discute en principio. En total, los funcionarios civiles son 415.456, si bien con sus familiares beneficiarios rondan el millón de personas.

De ellos, en 1980, último año del que se conocen datos globales, el 6,86%. eligió los servicios públicos, del Instituto Nacional de la Salud, el 3,07% los propios de Muface en dos provincias, y el 90% restante acudió a los privados. Muface intentó montar servicios propios en Badajoz, pero la operación resultó un desastre. Asimismo, en Ciudad Real mantuvo durante tres años la medicina libre, pero las facturas de los servicios médicos privados aumentaron tanto que los ciudadanos no amparados se quejaron de resultar salpicados por tal inflación.

Impresiones gubernamentales

Según fuentes próximas a los Ministerios de Hacienda y Presidencia, que tienen ahora la palabra, dicho texto se puede mantener y continuar todo como actualmente. Por el contrario, aunque se respete la filosofía del borrador de anteproyecto, sí habrá modificaciones en lo relativo a aportaciones del Estado, bases reguladoras y de cotización e incompatibilidades. Las viudas, por ejemplo, sí recibirán pensión, aunque en su hogar entren rentas de trabajo.

Las citadas fuentes indicaron que la Dirección General del Tesoro y la gerencia de Muface han iniciado la introducción de modificaciones parciales, a la luz de la reciente asamblea. Añadieron que el trabajo puede estar terminado a, mediados de marzo, cuando pase al Gobierno. En su opinión, el coste de la ley es perfectamente asumible por el Estado, pero hace falta atender las aspiraciones de la gran mayoría de los funcionarios.

De otro lado, los redactores del texto señalaron que sería temerario apuntar una fecha para el envío a las Cortes del proyecto o para su entrada en vigor, si bien prefieren que salga una buena ley a que se cubra rápidamente el calendario. A su juicio, el Gobierno podría querer evitar polémicas en un tema tan electoral como este; pero también podría verse animado a cerrar el ciclo legislativo de los funcionarios. Como se sabe, están en el Parlamento los proyectos de incompatibilidades, Estatuto de la Función Pública y Ley Orgánica de Derechos y Libertades.

Esta última, por su carácter, requiere los dos tercios del Congreso de los Diputados (es decir, un acuerdo entre centristas y socíalistas). Sin embargo, el sindicato socialista no se ha tomado gran interés por el anteproyecto. De hecho, donde concurre con gran ímpetu por separado, en el sector de la enseñanza (FETE-UGT ha formado causa a última hora con la Asociación de Catedráticos), ha planteado más batalla con el tema del convenio que con el de la Seguridad Social de los funcionarios.