La ayuda americana, condicionada a la salvaguardia de los intereses españoles

Dos conceptos contrapuestos, casi antagónicos, los de soberanía y ayuda, están jugando un papel esencial en la negociación emprendida por España y Estados Unidos para la renovación del Tratado de Amistad y Cooperación, que expira el próximo 21 de mayo, tras una prórroga de ocho meses.Los negociadores españoles saben que a más ayuda norteamericana se produce inevitablemente una mayor cesión de soberanía sobre las bases de utilización conjunta del tratado, y eso es lo que a toda costa están tratando de evitar. La disyuntiva explica mejor que otra cosa el. retraso en la renegociación de los acuerdos, que, salvo dificultades insuperables de última, hora, deben estar ultimados antes de que se produzca la adhesión definitiva de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, prevista para el próximo mes de junio.

Evidentemente, la petición de ingreso de España en la Alianza Atlántica el pasado año trastrocó de alguna forma la marcha de una negociación, cuyo tempo hubiera sido distinto caso de no haberse producido esa petición. De ahí que ambos países, ante el cambio de estrategia planteado por la decisión española, acordasen darse una prórroga de ocho meses -el tratado expiraba el 21 de septiembre del pasado año- con el fin de adecuar la negociación a la nueva situación.

El Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Estados Unidos, cuya firma hace casi treinta años supuso el fin del aislamiento internacional impuesto al régimen de Franco tras la segunda guerra mundial, constituye, por su complejidad, una de las piezas de negociación diplomática más delicadas en las relaciones bilaterales entre un país europeo y Estados Unidos. Nada menos que dieciocho acuerdos complementarios figuran como anejos al tratado, cuya formulación constituye un enunciamiento de intenciones. La explicación es que el tratado es único en su género, ya que España no fue invitada a participar en la constitución de la OTAN en 1949, y a la hora de la firma de los acuerdos, en 1953, fue preciso montar todo un tinglado jurídico para regular las relaciones entre un país que no era miembro de la Alianza Atlántica y Estados Unidos.

De esos dieciocho acuerdos complementarios, en los momentos actuales están ultimados nueve, que hacen referencia a los aspectos fiscales, laborales, jurídicos y de comunicaciones; cinco están a punto de terminarse y quedan cuatro que no están resueltos y en los que se han registrado desacuerdos por parte de ambas delegaciones. Estos cuatro se refieren principalmente a la utilización de las bases por los americanos en caso de emergencia, en el uso diario de las instalaciones conjuntas, en cómo se articulan esas bases en la compleja estructura militar de la Alianza Atlántica y en el tema de la ayuda americana.

A causa de la nueva situación planteada, la delegación española, que preside el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Gabriel Mañueco, ha planteado a los americanos una nueva estrategia negociadora. Así, mientras Washington quería empezar antes por las cuestiones principales -que son las cuatro que quedan pendientes-, Madrid ha preferido que se discuta antes lo que se conoce como "la letra pequeña de la póliza de seguros", es decir, los acuerdos anejos, antes de entrar en "la letra mayúscula del tratado", que es, ante todo y sobre todo, una cuestión principalmente política. Esa y no otra es la razón por la que no se ha celebrado hasta ahora ninguna reunión plenaria de las dos comisiones negociadoras, ni es previsible que se celebre hasta que los acuerdos anejos pendientes queden ultimados,

Existe la impresión en círculos españoles de que la firma del nuevo acuerdo no será posible realizarla antes del próximo mes de mayo, en fecha muy cercana al 21 de ese mes, que es cuando el tratado expirará definitivamente. Se quiere evitar a toda costa una situación parecida a la de 1971, cuando el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo, firmó el acuerdo con tres meses de antelación a su fecha de expiración, tras una prórroga de dieciocho meses negociada por ambos países en septiembre de 1969, cuando Fernando María Castiella se negó a firmar, por considerar los textos propuestos por Washington lesivos para los intereses españoles. La negativa de Castiella a firmar en barbecho le originó la salida del Gobierno en la crisis de octubre de 1969.

Uso de las bases en caso de emergencia

Uno de los temas capitales para los negociadores españoles es, como antes se apuntaba, el de la utilización de las instalaciones militares en caso de emergencia, ante la imposibilidad de localizar un conflicto a una sola zona del mundo, dada la movilidad en la estrategia mundial de las grandes potencias. En los momentos actuales es muy difícil predecir, como antes, que un conflicto en Oriente Próximo iba a quedar localizado en Oriente Próximo.

¿Qué pasaría en un supuesto enfrentamiento como el registrado el pasado verano entre aviones libios y americanos en el golfo de Sidra si se produce una escalada y las bases en España son colocadas en estado de alerta? ¿Hasta qué punto pueden las autoridades españolas controlar la entrada y salida de aviones de la fuerza aérea de Estados Unidos? Estas y otras preguntas son las que los negociadores españoles desean, dentro de los límites viables y posibles, que queden claramente plasmadas en los acuerdos antes de dar el sí definitivo a la renovación.

El tema de la ayuda constituye otro tema capital en la negociación. Se sabe que Estados Unidos ha realizado ofertas generosas, que los negociadores españoles se niegan a cuantificar; pero ¿hasta qué punto no va a condicionar esa ayuda una utilización más o menos intensa de las bases? La opinión de la parte española es que nuestro país debe encontrar un equilibrio entre ayuda y control en el que queden totalmente salvaguardados sus derechos soberanos sobre las bases. Naturalmente, existe la posibilidad de que, si se aprietan demasiado los tornillos, Washington busque soluciones alternativas en otros países, y el reciente viaje del secretario de Estado, Alexander Haig, a Marruecos, así lo prueba.

Sin embargo, el Pentágono tiene un alto concepto del valor estratégico de las bases españolas, y así lo confirmó recientemente a EL PAIS un portavoz del poderoso Comité de Servicios Armados del Senado americano, al declarar que "las bases españolas no quedarían devaluadas aunque Estados Unidos consiguiera facilidades militares en otros países limítrofes".

Se tiene la impresión que en esta negociación, contrariamente a lo que ocurrió en otras, el tema de la ayuda va a quedar supeditado a la salvaguardia de los intereses españoles.