La incompatibilidad de pensiones enfrenta a los sindicatos

Los promotores del anteproyecto de ley de Seguridad Social para los funcionarios civiles del Estado han encontrado su mejor argumento en la viabilidad del proyecto: serían elevadas las pensiones de un 90% de los beneficiarios y sólo costaría a los Presupuestos unos 14.000 millones más que ahora. Por el contrario, los oponentes mantienen que "va a perjudicar a casi todos" y es regresivo o, al menos, prematuro. Las elecciones del próximo lunes en Muface (Mutualidad General de Funcionarios) dirán quién tiene el respaldo del millón de beneficiarios.

En 1982, el Estado dedicará 65.000 millones de pesetas a pensiones causadas por funcionarios. De dicha cifra, 60.000 millones irán para los 150.000 beneficiarios del capítulo presupuestario "clases pasivas", otros 3.800 millones para la aportación a las mutualidades integradas en Muface (las prestaciones a que dan lugar con otros recursos entre sus 50.000 beneficiarios son complementarias) y 1.600 millones para las no integradas.Además, gasta unos 20.000 millones de pesetas en asistencia sanitaria.

¿Cómo puede lograrse subir todas las pensiones al 70% ó 75% de las últimas rentas de activo? La operación parece imposible si se piensa que las prestaciones por clases pasivas apenas cubren por término medio algo más del 50% del sueldo y más de la mitad de los jubilados reciben de las mutualidades integradas en Muface menos de 5.000 pesetas.

Según los promotores, el coste total del proyecto sería de 79.584 millones de pesetas en 1982, cantidad que se reduciría paulatinamente en pesetas de este año, hasta llegar a 78.631 millones en el décimo ejercicio.

Ambas cifras parten de que los costes por el anticipo de la edad de jubilación de 70 a 65 años, prevista en el Estatuto de los Funcionarios, son atribuibles a esta ley. Como ahora hay 15.000 funcionarios entre 65 y 70 años, deberá restarse del coste total el imputable al anticipo: 15.388 millones de pesetas en 1982 y 10.309 millones de pesetas al décimo año. Sin este concepto, pues, el coste total sería de 94.972 millones en 1982 y 88.940 en el décimo año.

Los mayores presupuestos serían absorbidos por los conceptos de jubilación (62.910 millones de pesetas en 1982, 50.279 al décimo año), viudedad (31.424 y 24.901 millones, respectivamente) y orfandad (412 y 1.286 millones de pesetas).

La respuesta al anterior interrogante sobre la viabilidad está contenida en los principios de la futura Seguridad Social para los funcionarios: sistema único, acorde con el actual sistema de S.S general, público, suficiente y participativo.

La traducción práctica de estas palabras implica el rechazo del concepto asegurador del sistema (todo ciudadano debe tener garantizados unos ingresos mínimos), la incompatibilidad de cualquier pensión con la ocupación de un puesto de trabajo, la incompatibilidad entre pensiones de cualquier régimen público de S S y la imposibilidad de que las rentas sustitutivas o derivadas de las procedentes del trabajo igualen a las rentas de activo.

Los redactores han insistido en que las pensiones del nuevo sistema nunca serán inferiores a la suma de las pensiones de clases, pasivas y mutualidades.

Establece incluso que en los casos en que la nueva normativa pueda suponer pérdida o reducción de pensiones habrá un complemento personal y absorbible.

Los modelos de las organizaciones

El nuevo esquema de SS hace desaparecer toda idea mutual. Si subsisten mutualidades cuando entre en vigor la ley, deberán autofinanciarse y dejar claro su carácter privado y voluntario.

En síntesis, la opinión de las distintas organizaciones y el modelo de S S que esboza cada una en su programa es la siguiente:

-CSIF: Los vocales de las centrales sindicales, que en algunos ministerios se presentan como independientes, podrían verse condicionados por haber firmado el Acuerdo Nacional sobre Empleo, en el que se ha aceptado el principio de reforma de la S S, que va a perjudicar a los trabajadores, quienes van a pagar con salarios o mayores impuestos la reducción de las aportaciones de los empresarios. El proyecto va a perjudicar a casi todos, especialmente los mutualistas modestos, mujeres funcionarios y miembros de las mutualidades integradaas. Es necesaria una nueva ley, no cualquier ley; debería estar financiada por los funcionarios y el Estado (éste debe aportar por su doble condición de patrono y Estado), las incompatibilidades no deben ser retrospectivas. y deben extenderse en su caso a las cotizaciones, las pensiones deben calcularse con un mínimo del 80% de la base reguladora a los nueve años y no del pretendido 50% a partir de los diez años, asistencia sanitaria gratuita y sustitución de la jubilación forzosa por la voluntaria o por incapacidad física.

-ANPE: Frente a un borrador totalmente regresivo y que configura las cotizaciones como un impuesto especial, defensa de los derechos adquiridos y no admitir la incompatibilidad de pensión hasta que se digne implantar una pensión. Si se admite la incompatibilidad de pensión, debe admitirse la de trabajo y cotización. No al pago de los servicios primarios sanitarios. Mejor ley de Seguridad Social, asistencia sanitaria eficaz, más prestaciones y agilidad en su consecución, elevación de cantidades por prótesis y mejor atención a los minusválidos.

-Candidatura Democrática y Progresista: Frente a la defensa de los intereses cooperativos de cuerpos minoritarios y el boicoteo ejercido al anteproyecto de ley por las siglas ANPE y CSIF, ley que dé una salida a las insuficiencias, injusticias y discriminaciones actuales. Una ley claramente progresista que recoja fundamentalmente la unificación de tipos de cotización, bases reguladoras formadas por la totalidad de los ingresos, el mismo tipo de prestaciones para todos, revisión automática de prestaciones, igualdad de las mismas para hombre y mujer, cómputo recíproco de cotizaciones superponibles, incompatibilidades que supriman privilegios, control democrático del nuevo sistema.

-FESPE: Sistema de protección global y realista al servicio de todos los funcionarios y sin privilegios, nueva ley con prestaciones justas y suficientes, gestión democrática y descentralizada, mejora de la asistencia sanitaria, servicios de urgencia efectivos, potenciación de los centros comarcales, ampliación del número de médicos, incremento de las plazas de hospitalización, atención de la asistencia sanitaria a los hijos mayores de edad, negociación o refrendo de los convenios con entidades médicas por las juntas provinciales especiales a los casos específicos.

-UCSTE: Ley que recoja la gratuidad total de los servicios, mínimo suficiente para las pensiones, el Estado como empresario debe asumir su responsabilidad económica respecto a nuestra Seguridad Social, necesidad de unos órganos auténticamente representativos, informar puntualmente de todos los contratos con entidades privadas, oferta del sindicato para canalizar denuncias sobre irregularidades en el funcionamiento.