Intercambio de alumnos y reconocimiento de títulos, temas prioritarios de la CEE en materia de universidad

«La educación se ha convertido en un extraordinario factor de desarrollo económico, político y social en Europa», dice un boletín informativo de la Comisión de las Comunidades Europeas, fechado el 18 de enero pasado. La integración europea, proceso en el que están empeñados los diez países de la CEE e incluso los dos aspirantes, España y Portugal, pasa por el conocimiento de los usos, lenguajes e idiosincrasias de cada uno de los países implicados por parte de los hombres y mujeres de los demás. La integración requiere el concurso de un sistema educativo que salte fronteras y aúne conceptos, y que realice una efectiva aproximación cultural y social de todos los componentes de la futura Europa unida.

Importancia especial ha de darse a la educación universitaria, de donde salen los jóvenes profesionales que han de regir los destinos de la Comunidad y que, en virtud de los tratados de Roma, han de vivir y trabajar en el país comunitario que ellos mismos escojan.Para los órganos rectores de las comunidades europeas, la educación universitaria es tema candente y constante; pero, sin embargo, han de limitar sus intervenciones y dictámenes al respecto (en cuestiones como enseñanza privada o enseñanza estatal, rebajas en las matrículas, programas, numerus clausus, etcétera), puesto que cada uno de los países miembros posee ya una institución universitaria muy arraigada en sus propios esquemas y un a veces excesivo chauvinismo en cuanto concierne a su funcionamiento interno. Así pues, los dirigentes comunitarios han de conformarse con dar consejos y recomendaciones, sobre todo en temas universitarios de carácter internacional. Como, por ejemplo, los intercambios de alumnos y el reconocimiento de los títulos de enseñanza superior.

Alumnos y títulos extranjeros

De los más de tres millones de alumnos que cursan estudios en las universidades y escuelas de enseñanza superior de los países comunitarios, el 8,3% son extranjeros. Los procedentes de cualquier otro Estado de la Comunidad representan, a su vez, el 27,7% de los extranjeros, es decir, el 2,2% del total.

No se puede decir, a la vista de estas cifras, que el intercambio de alumnos universitarios alcance todavía cotas muy elevadas entre los integrantes de la CEE. A este respecto, Ivor Richard, miembro de la Comisión de las Comunidades, confesaba ante el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre que «el grado de movilidad de los estudiantes entre los países comunitarios es bajo a causa de las sujeciones financieras, las aptitudes lingüísticas y las disposiciones en materia de numerus clausus».

En base a un programa de acción en materia de educación, elaborado por el Consejo de la CEE y los ministros de Educación en 1976, declaró Richard en la misma sesión parlamentaria, la comisión ha concebido un sistema de ayudas para el desarrollo de programas de estudio comunes en universidades y centros de enseñanza superior de Europa occidental. El sistema ha vinculado hasta el momento a más de cuatrocientos establecimientos educativos europeos, comprometidos, de esta forma, a realizar intercambios de enseñantes y de alumnos y a dar primacía al aprendizaje de por lo menos uno de los otros idiomas oficiales de la Comunidad.

Por otra parte, y con vistas también al trasvase de estudiantes comunitarios, la comisión está preparando un acuerdo para establecer la igualdad de tratamiento y de posibilidades de acceso en los centros docentes superiores de cualquier país para los alumnos de otros Estados de la Comunidad.

En el terreno que más ha progresado la CEE ha sido en el reconocimiento de diplomas y títulos estudiantiles expedidos dentro de su territorio. Cerca de 75 dictámenes comunitarios han sido aprobados y emitidos desde principios de los años sesenta, para facilitar el ejercicio de actividades profesionales, reglamentados por una fase educativa previa, en el amplio marco de la Europa occidental. Gracias a estas iniciativas, profesionales de la industria, de la agricultura, del cine, del comercio, de la banca, de los oficios liberales, etcétera, han obtenido el reconocimiento oficial de la experiencia adquirida en su país de origen cuando se han instalado en otro país comunitario.

Más difícil lo han tenido las profesiones médicas y similares, cuyo ejercicio ha estado siempre sometido a unas estrictas condiciones de estudio, comprobadas a través de los diplomas nacionales. Los ministros europeos de Educación han acordado el reconocimiento mutuo de los títulos expedidos en los diferentes países, respetando unas normas mínimas de formación que garanticen el mantenimiento de la calidad tradicional de la práctica médica europea.

Desde el mes de diciembre de 1976, los 500.000 médicos generales y especialistas de la Comunidad pueden establecerse y ejercer en cualquiera de los diez países miembros. Las condiciones mínimas de formación que se les exige son: seis años de estudios superiores o 5.500 horas de enseñanza teórica y práctica. En diciembre de 1980 los 40.000 veterinarios de la Comunidad han visto, asimismo, reconocido su diploma en todo el ámbito comunitario. Este derecho ha de estar respaldado por cinco años de estudios superiores, tratando materias básicas (química, biología, física) y materias específicas.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos comunitarios hasta conseguir estos resultados, la libre circulación de profesionales liberales en Europa no alcanza grandes cifras. Por poner un ejemplo: en 1977 y 1978, años siguientes al reconocimiento europeo de su título, menos de un millar de médicos (del medio millón de la Comunidad) hicieron uso de la posibilidad de practicar en otros países.

Instituto y colegio de Europa

Los dirigentes de la CEE, conscientes de la conveniencia de fomentar los estudios en torno a la integración europea y a la propia Comunidad, sostienen dos instituciones docentes superiores que funcionan de acuerdo a las normas educativas del organismo internacional.

En 1955, a raíz de la Conferencia de Messina, de la que poco después surgiría la CEE, Walter Hallstein propuso crear, a la par que la entidad económica, una entidad educativa: la Universidad Europea. La idea se quedó en el aire. Varios años después, el 19 de abril de 1972 los ministros de los seis países que entonces componían la Comunidad decidieron crear, si no una universidad, sí un instituto universitario que resultaría financieramente más accesible y que, por otra parte, no suscitaría recelos de las instituciones universitarias nacionales.

El instituto, según su estatuto fundacional, tiene como objetivo «contribuir, a través de su actividad en el campo de la enseñanza superior y de la investigación, al desarrollo del patrimonio cultural y científico de Europa, considerando ésta en su unidad y diversidad». Sus trabajos han de tratar sobre «los grandes movimientos y las instituciones que determinan a Europa en su historia y su evolución», teniendo, además, en cuenta las relaciones con otras civilizaciones de más allá del continente.

El instituto empezó a funcionar en su sede de Florencia en el otoño de 1976 con muy poca fortuna: faltaban medios materiales, infraestructura, coordinación entre los enseñantes. El objetivo docente del instituto resultó ser, a la hora de llevarlo a la práctica, demasiado ambicioso. Un informe presentado en noviembre de 1977 por el Consejo Superior del Instituto, órgano formado por representantes de los Estados miembros de la comunidad, recomendaba transformar el centro en lugar de investigación para posgraduados comunitarios y no comunitarios.

Sin embargo, esta fórmula tampoco ha resultado totalmente válida. El título de doctor que concede el instituto sólo es reconocido por cuatro países: Bélgica, Alemania Occidental, Francia e Italia. Así que los estudiantes prefieren, una vez concluidas sus investigaciones en esta entidad, presentar su tesis doctoral en su universidad de origen.

También funciona en el marco de la Comunidad el Instituto de Altos Estudios Europeos o Colegio de Europa, con sede en Brujas (Bélgica). Fue fundado en 1949 por Salvador de Madariaga, el padre Verleye y el profesor Henri Brugmans. Es este el más antiguo centro de estudios europeos.

El colegio recibe anualmente a un millar de posgraduados universitarios de países comunitarios y no comunitarios, que durante un curso se consagran al estudio y la investigación del proceso de integración europea en las áreas jurídica, económica, administrativa y urbanística. El Ministerio de Asuntos Exteriores español concede todos los años becas a los posgraduados españoles que quieran incorporarse al colegio.

Los certificados que se obtienen a final de curso son de dos tipos: los alumnos que consiguen aprobar los nueve o diez exámenes del período docente obtienen el Certificado de altos estudios europeos, y los que además han realizado investigaciones y redactado una tesis, que el consejo académico ha aprobado, obtienen el Diploma de estudios europeos profundizados (grado de master de estudios europeos avanzados).