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Editorial:

Precios agrícolas

LOS PLANTEAMIENTOS de los agricultores y del Gobierno en la reciente negociación sobre precios agrarios de los productos intervenidos, son, como es natural, antagónicos. Los agricultores, espoleados por un supuesto testamento del señor Lamo de Espinosa, reclaman resarcirse de las incurias de una meteorología adversa e incluso, recuperar parte de las repercusiones que las alzas del precio del petróleo han tenido en fertilizantes y carburantes.La reclamación puede parecer lógica, pero, sin duda, es irreal. Nadie acepta de buen grado perder renta real porque los precios de los productos que obtiene han subido menos que los que compra. Pero si esta pretensión prospera y se generaliza, los productores de petróleo devolverán la pelota con unas alzas en los precios que reconstruirán su posición. Tampoco es posible conceder a un sector un trato favorable sin aislarlo del resto del mundo económico. Precios más altos a la agricultura que los del mercado internacional equivalen a mayores subvenciones y a mayores protecciones comerciales. Las ayudas serán crecientes y las distorsiones serán continuas.

Los agricultores piden un incremento de precios equivalente a la. tasa de inflación de 1981, es decir, un 14,15%. Esta elevación, junto a un aumento esperado de la producción en 1982 del 2,5% , supone un incremento de las rentas nominales del 17,4%. El Gobierno calcula que el incremento de la producción, en 1982, después de un año catastrófico, puede ser más optimista que el previsto por los agricultores, por ejemplo, un 4-5%. Si a este mayor volumen se le aplica un incremento de precios del 11% las rentas nominales se aproximarían a un 15,5%, que son muy superiores a las que van a obtener la mayor parte de los asalariados y de las empresas. Si prospera la propuesta de los agricultores, las esperanzas del ANE como mecanismo de contención de las rentas se disiparán con toda. certeza.

Tampoco cabe olvidar que los mecanismos vigentes al tiempo que garantizan el precio de los productos agrícolas aseguran su adquisición. Todo el trigo o el aceite que sale de los productores lo adquieren, a los precios fijados, los organismos de intervención del Ministerio de Agricultura. Resulta curioso que a pesar del interés primordial que supone para el sector agrario la entrada de España en la CEE, no se hayan todavía introducido las mínimas dosis de mercado en la regulación de las campanas agrícolas. En la proteccionista CEE el trigo y la cebada, por ejemplo, tienen su mercado y la intervención sólo se produce para las cantidades que no encuentran comprador. Esto abarata el coste de intervención y estimula la producción de las calidades más demandadas. Pero, en España, seguimos con unos trigos cuyas características planicables son cada vez más remotas.

La política de altos precios agrarios ejerce un espejismo laboral a corto plazo, por el mayor número de votos de las zonas campesinas, olvidándose de los menores votos urbanos. Precios más altos para los productos alimenticios se traducen, enseguida, en alzas salariales, en dificultades para las empresas y, en definitiva, en un paro más intenso en la industria y en los servicios. Pero, precisamente, han sido las cotizaciones sociales de estos sectores las que han permitido financiar el régimen de una seguridad social agraria, cuyo déficit, en 1981 se elevó a 370 mil millones de pesetas que puede alcanzar este año los 420 mil millones. El testamento del señor Lamo es quizá un arma de doble filo para el campo y, por supuesto, el enterramiento de las expectativas de una política de rentas que consiga reducir los niveles de inflación en este año de 1982.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de febrero de 1982