Iberduero no descarta la "cesión negociada" de Lemóniz

El presidente de Iberduero, Manuel Gómez de Pablos, y dos representantes del Gobierno vasco mantendrán hoy una entrevista, previa al inicio al día siguiente de las conversaciones formales entre la Administración autónoma y la del Estado, con objeto de clarificar posiciones sobre la puesta en marcha de la central nuclear de Lemóniz. Por otro lado, Gómez de Pablos declaró ayer a EL PAIS que Iberduero "está abierta a cualquier solución que permita la puesta en marcha de la central", incluída la cesión negociada de la propiedad.Aunque Gómez de Pablos no quiso matizar si esta cesión podría significar la simple nacionalización de la instalación, el presidente de Iberduero fue lo suficientemente explícito cuando señaló que "cualquier solución que preserve los intereses legítimos de la empresa será aceptada". Esta aceptación incluye también el control público de Lemóniz, siempre que éste "sea bien concretado y no hiera los legítimos derechos de la empresa", añadió el presidente de Iberduero.

La puesta en marcha de la central de Lemóniz, a raíz de la serie de encuentros y reuniones que se están produciendo en los últimos días, parece haber entrado en la recta final, según apreciación de todas las partes involucradas. En este sentido, en el Ministerios de Industria se espera con espectación los resultados de la entrevista que, el próximo miércoles, mantedrán en Madrid el titular del departamento con representantes del Gobierno vasco.

Un indicio de que se está avanzado en la búsqueda de una solución al problema es la reunión que hoy mantendrá, posiblemente en Vitoria, el presidente de Iberduero con Mario Fernández y García Egotxeaga, vicepresidente y consejero de Industria del Gobierno vasco. Esta entrevista, según declarararon los representantes vascos, no se podría haber celebrado previamente "por el clima de amenazas y presión existente", informa Tonia Etxarri.

Sin embargo, parece ahora posible que el encuentro, que el viernes pasado fue rechazado por los representantes vascos, tenga lugar y en el mismo se intercambien los puntos de vista al respecto. Una prueba del clima de tensión que rodeó la semana pasada el asunto fue el aviso que fuerzas de la Guardia Civil recibieron para su eventual intervención en la central ante la posibilidad de la paralización de las obras de la central.

Por otro lado, Gómez de Pablos manifestó a este periódico que las reservas de la empresa respecto al desarrollo de las conversaciones sobre Lemóniz, se centran en cuatro puntos: 1) el terrorismo de ETA; 2) la incertidumbe que rodea a la cuestión del control público de la central; 3) el elevado coste diario que supone el retraso de las obras, y 4) el hecho de que el clima de atentados, no sólo contra Lemóniz sino contra todas las instalaciones de Iberduero, impide que la empresa desarrolle su función de servicio público.

En cuanto al control público, Gómez de Pablos señaló que "Iberduero no ha recibido todavía ninguna propuesta por escrito" por parte de las dos administraciones, lo que impide que la empresa tenga forjada una postura. Para que una sociedad de gestión se haga cargo del funcionamiento de la central, añadió, es necesario primero que "se nos detalle concretamente de que se trata. Del principio a la letra pequeña hay mucho que discutir".

Sobre este mismo tema, García Egotxeaga declaró ayer a nuestra corresponsal en Vitoria que el control público está aún por definir.

Gómez de Pablos, por su lado, también desmintió que Iberduero haya exigido una indemnización de 40.000 millones de pesetas, o de cualquier cifra, por los costes adicionales que está suponiendo el retraso de la puesta en marcha de la central. "Iberduero tiene que .buscar alguna fórmula para resarcirse de las pérdidas, pero no ha solicitado ninguna indemnización", señaló.

En este tema, tanto Mario Fernández como García Egotxeaga manifestaron su disgusto por las cifras dadas por la empresa respecto a las pérdidas diarias. Según los representantes vascos, el 80% de las pérdidas son costes financieros y, evidentemente, la paralización de las obras no los anulan.