El director general de Seguros, llamado por segunda vez a prestar declaración en el caso penal de Fidecaya

El director general de Seguros, Luis Angulo, ha sido citado de nuevo a declarar como testigo, el próximo viernes, en el expediente pena¡ por presuntos delitos de estafa cometidos en Fidecaya. En medios jurídicos se espera que el juez decida días después si procesa a los tres implicados hasta ahora por el fiscal: los dios últimos propietarios de la entidad de ahorro particular, Miguel Soriano y Edmundo Alfaro, y el funcionario excedente de seguros Juan Aldaz Isanta, quien, después de realizar una inspección, actuó de administrador de Fidecaya en tiempos en que la empresa era propiedad de Soriano.

En el auto de procesamiento, tras el cual la vísta oral puede celebrarse entre un mínimo de cuatro a seis meses y un máximo de año y medio, el juez se pronunciará sobre la situación de cada uno de los tres y sobre las responsabilidades civiles que pueden atribuírseles. Para entonces, habrá sido concretada la información realizada por la policía judicial sobre las actividades del citado Juan Aldaz, Hermanio Baldó (uno de los tasadores con respaldo oficial) y Santiago Estrada (colaborador de Soriano).

El fiscal, que no ha razonado de momento la petición contra Aldaz, quien sigue en libertad, fijó las responsabilidades pecuniarias en una cuantía no inferior a 4.500 millones de pesetas; Soriano está desde hace casi un mes en la cárcel, y Alfaro, en libertad bajo fianza. La vista oral podría celebrarse entre un mínimo de cuatro a seis meses y un máximo de año y medio.

Escasas novedades

Terminada ya la toma de declaraciones a las dos docenas de testigos propuestos por el fiscal, el juez, según medios jurídicos, ha obtenido escasas novedades con respecto al expediente remitido por la Dirección General de Seguros y los liquidadores de Fidecaya al fiscal. La segunda citación al director general responde, al parecer, a la necesidad de precisar algunos aspectos. En especial, puede esclarecerse si realmente fue escrito en el despacho o secretaría de Angulo el contrato de venta de Gráficas Cosol a Edmundo Alfaro, en el que luego se subrogó a Fidecaya, y cuyo precio sobrevalorado fue una compensación por la venta de dicha entidad por parte de Soriano a Alfaro. Como se sabe, los abogados han insistido en estos aspectos para exculpar a sus defendidos.

No obstante, la petición de procesar también al ex inspector de seguros y las últimas testificaciones recibidas por parte de quienes vendieron Fidecaya a Miguel Soriano en diciembre de 1978 han centrado las investigaciones en esta operacíón. Los hechos parece que se ajustaron a la siguiente narración:

Cómo Fidecaya se compró a sí misma

El 15 de diciembre de aquel año se realizaron tres operaciones simultáneas y coordinadas: Soriano adquirió el 98,57% de las acciones de Fidecaya (492,8 millones de pesetas de valor nominal), esta empresa concedió créditos a él y a otras personas todavía no implicadas por un total de 2.357 millones de pesetas, y Soriano vinculó al pago del crédito la finca "Puente Largo", sobre la que concedió a Fidecaya una opción de compra en el precio de 2.283 millones de pesetas.

Ya con el control de Fidecaya, que había ejercido por primera vez de 1968 a 1971, Soriano vendió la finca en dicho precio a Fidecaya y a cinco de sus filiales, entre el 6 de febrero y el 22 de marzo. Según el fiscal, "lo hizo con el ánimo deliberado de empobrecer fraudulentamente el patrimonio real de ésta (Fidecaya) en beneficio del suyo propio, mermando las garantías de los cedulistas".

El porcentaje de participación de cada comprador, hecho efectivo mediante letras, fue: Fidecaya, 2%; Mapa, 18%; Guitard, Infra, Viviendas del Vallés y Clusa, 20% cada una. Así, pues, Soriano sustituyó la garantía del préstamo de 2.383 millones de pesetas por el endoso de las letras a Fidecaya, que a su vez concedió para el pago de las letras por sus filiales sendos préstamos a estas, en cantidades aún mayores a su importe.

Según el fiscal, lo cobrado por la finca excede del valor real en más de 2.000 millones de pesetas. No obstante, buena parte de los testigos han desacreditado su afirmación en el sentido de que Soriano llevó a cabo la operación con pleno conocimiento de los verdaderos valores, así como que la finca había sido rechazada por el Instituto Nacional de Urbanización y el Instituto de Colonización. Algún experto con respaldo oficial se ha reafirmado en que, bajo determinadas condiciones, podría alcanzarse dicho valor.

Venta de Cosol

La segunda operación que ha centrado las investigaciones es la venta de Gráficas Cosol, realiza da el mismo día que la transfe rencia de Fidecaya desde Soria no a Edmundo Alfaro. Aunque en este caso no llegó a efectuarse ningún pago, la reccinstrucción de los hechos a través de las versiones de medios jurídicos e esta:

Gráficas Cosol, con algo más de un centenar de trabajadores, precursora del polígono indus trial de Guadalajara, fue levantada por el empresario, de Prensa Rodrigo Royo, editor de la revis ta y del diario SP. Luego resultó embargada por el Banco Coca (antes de ser absorbido por Banesto), a quien la corripró Miguel Soriano. Después de editar diversas publicaciones, entre ellas el diario El Alcázar y más tarde Mundo Obrero, portavoces de los excombatientes y el PCE, entró en una grave crisis: entre 1977 y 1979 había perdido 108 millones de pesetas, y despué:s colocó en regulación de empleo a sus trabajadores, que al volver a sus puestos han quedado desamparados y con la empresa abandonada.

Al intentar aportar la empresa a una ampliación de capital de Fidecaya requerida por la Dirección General de Seguros, cuando ya estaba al frente de la misma Luis Angulo, Soriano la valoró en 305 millones, y luego, en 3,4 millones. La opinión de los ex pertos es que su valor era el año pasado negativo.

Sin embargo, el 27 de abril, día que Soriano y Alfaro terminaron de redactar la compra-venta de Fidecaya en la Dirección General de Seguros, un contrato privado paralelo y condicionado al primero, sin que en aquel se hiciera mención al mismo, valoró Cosol en 850 millones de pesetas.

La novedad de dicho contrato para los medios jurídicos consultados es que Alfaro la adquirió para sí y su grupo de empresas, comprometiéndose principalmente a pagar al contado 250 millones de pesetas (que Soriano debería dejar en cédulas de Fidecaya), y el resto, en letras de cambio aceptadas por Fidecaya y pertenecientes al grupo de Alfaro.

Pero éste luego subrogó en los derechos y obligaciones dimanantes del documento a Fidecaya a pesar de que esta entidad de ahorro y capitalización no parece que tuviera obligación ninguna al respecto.

La subrogación fue realizada posteriormente a la firma del contrato, como puede observarse al comprobar la última página de las copias correspondientes. a Soriano y Alfaro. Según los citados medios jurídicos, el Código Civil no exige para subrogar en los derechos conocimiento del deudor, pero sí requiere conocimiento del acreedor (Soriano) para subrogar las obligaciones.