Aprobado el nuevo reglamento del Congreso de los Diputados

El pleno del Congreso de los Diputados concluyó ayer la aprobación del nuevo reglamento de la Cámara -que consta de 207 artículos- con una votación global sobre su conjunto, que requería mayoría absoluta y que fue obtenida holgadamente: 303 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. La mayoría de los portavoces de los grupos dedicaron al final de¡ debate frases elogiosas al principal protagonista de la elaboración del reglamento, el presidente de la Cámara, Landelino Lavilla. A propuesta de Coalición Democrática (CD) se aprobó una disposición transitoria según la cual los actuales diputados deberán prestar la promesa o juramento de acatamiento a la Constitución, prevista en el reglamento para quienes resulten elegidos en los comicios legislativos.

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Texto de los nuevos artículos aprobados

El diputado de la minoría catalana Miguel Roca propuso la fecha del 23 de febrero como la mejor ocasión para efectuar esa promesa o juramento. Por su parte, el diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Marcos Vizcaya, anunció que su grupo prestará acatamiento a la Constitución, pero se mostró contrario al efecto de suspensión de su condición de parlamentario a quien se niegue a prestar dicha promesa o juramento. Aunque no señaló a los diputados que pudieran negarse a este acto, el sentido de sus palabras pareció apuntar a los tres parlamentarios de Herri Batasuna que no han asistido a ninguna de las sesiones del Congreso.Por su parte, el socialista Virgilio Zapatero señaló que quien no acepte la Constitución, está en su derecho de hacerlo, pero no se podrá sentar entre los demás diputados, por no aceptar las reglas que el pueblo español se ha dado para su convivencia democrática. La propuesta de aplicar a los actuales diputados el requisito de acatamiento de la Constitución fue hecha por el representante de CD, Antonio Carro, para que los actuales diputados, según dijo, "prediquen con el ejemplo". Zapatero preguntó las consecuencias que tendría el no acatamiento y el presidente de la Cámara señaló que quien se niegue a este requisito quedaría en situación de suspensión de su condición de diputado.

Reservas comunistas

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Tanto en la sesión de ayer como en la del martes, el máximo número de enmiendas defendidas correspondieron al Grupo Comunista, en nombre del cual Jordi Solé Tura expresó anoche, sin embargo, su acuerdo global con el texto final aprobado, si bien acusó excesos presidencialistas que atribuyó a la magnífica preparación técnico-jurídica y a la confianza política de la mayoría de los grupos en la persona del actual presidente, el centrista Landelino Lavilla.

Entre las escasas modificaciones introducidas en el reglamento, figura el desdoblamiento, propuesto por UCD, de la Comisión de Presupuestos, con autonomía respecto a la de economía, comercio y hacienda. Asimismo, a propuesta comunista, se aprobó que las enmiendas que supongan aumento de créditos o disminución de ingresos sean remitidas al Gobierno, a través de¡ presidente del Congreso, por la ponencia encargada de redactar el informe, la cual se limitará a exponer "su juicio" sobre la posible exclusión de dichas enmiendas.

En cambio, fueron rechazadas la mayoría de las enmiendas defendidas por Solé Tura. Entre ellas, suscitó un especial debate la que proponía la vigilancia por parte de la Cámara de las mociones aprobadas por ella y no cumplidas por el Gobierno. El centrista Antonio Vázquez Guillén señaló que para esta función existen las interpelaciones y que, en todo caso, las mociones no obligan al Gobierno.

El nuevo reglamento del Corigreso entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generalies y la nueva composición de las comisiones se realizará quince días después. Según las previsiones realizadas por el propio presidente del Congreso, el nuevo reglamento podría tener vigencia antes del 23 de febrero, por lo que en esa fecha, para la que está previsto el comienzo del pleno de esa semana, podría producirse la promesa o juramento de la Constitución previsto en la disposición transitoria aprobada.

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